Desde el día siguiente al 7 de octubre, impresiona la dimensión de la estigmatización de las movilizaciones a favor de Palestina en Francia. Impulsada por el gobierno, partidos políticos y muchos medios de comunicación, esa estigmatización tomó la forma de una apisonadora que apunta a desacreditar sobre todo a la izquierda conducida por Jean-Luc Mélenchon. Así, las reacciones de indignación sirven para fingir que los matices expresados por el líder de Francia Insumisa y sus llamados a la contextualización histórica son incomprensibles, dando a creer que él, igual que las diputadas Danièle Obono y Mathilde Panot, apoya el terrorismo.
La posición de las autoridades francesas, por su parte, se tradujo en la circular del ministro de Justicia, Éric Dupont-Moretti, y en las órdenes de prohibición de manifestaciones, transmitidas a los prefectos por el ministro de Interior, Gérald Darmanin. Ambas encarnan de una manera muy directa la extensión de las restricciones a la libertad de expresión cuando se aborda la cuestión Israel-Palestina. Dupont-Moretti considera que el hecho de presentar el ataque del 7 de octubre como una forma de resistencia legítima es constitutivo de una apología del terrorismo.
La prohibición pura y simple de manifestarse fue rebatida por el Consejo de Estado en su decisión del 18 de octubre de 2023 y luego aplicada de diversas maneras por los prefectos: así, por ejemplo, se prohibió la manifestación del 28 de octubre en París, pero se autorizó la de Marsella. Lo cierto es que la asimilación operada por el gobierno francés de equiparar las manifestaciones con una expresión de apoyo a Hamás condujo a una caída de la superficie de movilización, marginalizando la protesta al asignarle un sentido político radical.
El grotesco caso Benzema
Hay otro caso que simboliza la deriva del poder público en Francia: el de la militante de izquierda palestina Mariam Abou Daqqa, que es una invitada de larga data en Francia y había obtenido una visa para participar en diversas conferencias dentro del ámbito asociativo y político. El 16 de octubre, varias semanas después del comienzo de su gira, debió cumplir arresto domiciliario en Marsella por orden el Ministerio de Interior, con vistas a su expulsión, y se le prohibió hacer uso de la palabra en público. Una vez más, la justicia finalmente impugnó la decisión de expulsión cuatro días más tarde, pero el Ministerio apeló. En paralelo, un domingo al amanecer, una decena de militantes de la CGT, algunos de ellos dirigentes de la federación norte que habían publicado un folleto fueron arrestados esposados y colocados en prisión preventiva por apología del terrorismo.
Unos días más tarde, el Rectorado de París decidió –sin suscitar polémica alguna– desprogramar brutalmente del festival Collège au Cinéma la película de animación noruega Wardi, que cuenta la historia de una refugiada palestina en Líbano. Para justificarse, la institución se escudó en el “contexto de extrema tensión internacional”, olvidando cuán celebrada por la crítica había sido la película para niños luego de su estreno en 2018. La secuencia ilustra hasta la caricatura la presión constante ejercida por el gobierno francés sobre las figuras y los discursos que encarnan la solidaridad con Palestina o que simplemente realzan ante el público en general trayectorias palestinas al fin y al cabo banales.
El ejemplo más grotesco de la ofensiva de las autoridades seguramente sea el del futbolista Karim Benzema. Una senadora francesa de derecha, Valérie Boyer, solicitó de hecho que se le retirara la nacionalidad francesa por haber posteado un tuit de apoyo a los civiles en Gaza. El propio Gérald Darmanin había acusado al deportista instalado en Arabia Saudita de pertenecer a los Hermanos Musulmanes y afirmó por televisión que estaba “particularmente interesado” en él desde hacía “algunas semanas” (CNews, 16 de octubre). Al emplear categorías absurdas, sus palabras ilustran la incultura de muchos medios de comunicación y de responsables políticos frente a los movimientos islamistas. La definición del “hermanismo”, nebulosa si la hay, fue alimentada abundantemente en Francia por los problemáticos discursos de la investigadora Florence Bergeaud-Blackler.
Medios de comunicación paralizados
Así, frente al efecto combinado de la estupefacción por el nivel de la violencia ocurrida en Israel (con frecuencia designada como una “violencia primera”, es decir, desconectada de la historia de la ocupación israelí y de la resistencia a ella) y de políticas represivas alentadas por los dirigentes europeos, la libertad para explicar, contextualizar y también expresar una simple solidaridad con el pueblo palestino se reduce de un modo alarmante. Hasta la misma afirmación de que la libertad se ha reducido ha pasado a ser tabú, algo imposible de expresar públicamente en los medios de comunicación dominantes, y por lo tanto, queda relegada a los márgenes.
Fuera del estricto perímetro del poder político, el propio campo mediático es partícipe de la reducción del espacio de la palabra favorable a los derechos de los palestinos. En este contexto opresivo, diversos especialistas de la sociedad palestina o universitarios, que sin embargo saben manejarse en los estudios de radio o de televisión, prefirieron no expresarse. A otros, los medios que acababan de invitarlos les anularon de repente las invitaciones: se habían vuelto demasiado escandalosos para sus redacciones, que andan con pies de plomo.
En una emisora de radio pública, cuando el director de cine palestino Firas Khoury planteó la necesidad de considerar un Estado binacional, es decir, cuestionar la naturaleza religiosa y étnica del Estado de Israel, dejó un malestar palpable entre los periodistas de la radio que los condujo a cortar al invitado, y al día siguiente, pedir disculpas por haber difundido semejantes declaraciones al aire. Esta reacción probablemente ilustra no tanto la afirmación de un posicionamiento pro-Israel de parte de los periodistas, sino más bien, una forma de incultura en un contexto donde los límites del discurso son movedizos y paralizan a aquellas y aquellos que deberían promover el debate. En consecuencia, esta situación genera una prudencia extrema en los discursos analíticos. En el futuro será cada vez más difícil forzar el cruce de estas nuevas líneas rojas. Es probable entonces que la denuncia de las evidencias que son la ocupación, la injusticia, los crímenes y el racismo quede durante mucho tiempo confinada en círculos marginales.
Defender las libertades académicas
En el ámbito universitario francés, a veces se siguió una lógica de delación tras los ataques del 7 de octubre. Si existe un espacio donde las opiniones contradictorias e informadas, dado que son producidas por especialistas, deberían poder desplegarse serenamente, es el campo de la investigación. Pero últimamente, y de manera repetida, a veces por pedido mismo de las direcciones universitarias, se han realizado “señalamientos”, es decir, denuncias por parte de colegas ante sus jerarquías. Así, algunos fueron acusados de haber hecho apología del terrorismo al mostrar simpatía por los palestinos publicando un texto o una imagen en las redes sociales. La acusación, muy grave y nueva en un ámbito que estuvo atravesado por violentos debates –recordemos los años 1960 y 1970– representa un desprecio del debate de ideas característico del mundo académico en beneficio de una calumnia con efectos judiciales potencialmente graves.
En reacción, se difundió ampliamente, bajo la forma de una petición, una respuesta colectiva de investigadoras e investigadores en ciencias sociales inquietos por las restricciones implementadas. Las libertades académicas ya se ven afectadas por una variedad de procedimientos judiciales, pero también por las restricciones al acceso al terreno y por encarcelamientos, como el de la antropóloga francoiraní Fariba Adelkhah, liberada finalmente el 17 de octubre de 2023 tras más de cuatro años de detención en Irán. La defensa de las libertades pasa por preservar discursos críticos, comprometidos y fundados en conocimientos sólidos, hoy amenazados por la autocensura, las presiones y la criminalización corriente en el espacio científico respecto a Oriente Próximo que se manifiesta con una gran brutalidad desde el 7 de octubre. Así, se ha cruzado un nuevo umbral. En 2019, frente a las acusaciones gubernamentales de “islamo-izquierdismo”, se había reafirmado el respeto a las libertades académicas: el CNRS (Centro Nacional de Investigación Científica) y la Conferencia de Presidentes de Universidad habían formado un solo frente junto a la comunidad académica. Evidentemente, ya no es el caso.
Giro brutal
La tendencia previa al ataque efectuado por Hamás en Israel era diferente. Los procedimientos de criminalización ya estaban en marcha en el plano legislativo desde hacía mucho tiempo, pero también generaban decepciones judiciales para la mayoría, como la reciente decisión de la Corte de Casación del 17 de octubre de 2023 que recordaba que los llamados al boicoteo de los productos israelíes no pueden ser asimilados a una provocación al odio.
El giro de Israel hacia una democracia iliberal parecía cada vez más reconocido en el espacio público europeo: en informes de ONG, en publicaciones científicas, en elecciones que llevaban a la mayoría cada vez más a la extrema derecha y en las declaraciones racistas de responsables políticos supremacistas judíos. Antes prohibido, el calificativo de “régimen de apartheid”, aunque generaba divisiones en la izquierda, había salido del círculo estrictamente activista y era empleado en los grandes medios, incluso en los canales públicos de televisión y de radio.
Desde luego, persistían las acusaciones difamatorias y podían respaldarse en restricciones legislativas que asimilaban antisionismo y antisemitismo, o en alguna agencia con frecuencia ridícula, incluso dentro de las asambleas y los gobiernos. Lo cierto es que la política israelí, tanto en lo relativo a los asuntos interiores como a los palestinos, era cada vez menos defendible. Era posible expresar empatía con la causa palestina, y las palabras “resistencia”, “ocupación”, “boicot” parecían decibles, aunque no pesaran realmente sobre el terreno en Oriente Próximo.
Alemania singular
En octubre de 2023 se operó un movimiento brutal, poco sorprendente, pero cuya magnitud es inquietante cuando se lo considera a la escala de las sociedades occidentales. Desde luego, el movimiento es variable de un país europeo al otro. En este caso, el proceso de reducción de la libertad de expresión en Francia y en Alemania parece actualmente el más avanzado. Se debe a causas históricas vinculadas con el Holocausto, pero también sociológicas, caracterizadas por la presencia de minorías tanto musulmanas como judías en Francia.
En Reino Unido, pero también en Italia y en España, a pesar de los discursos de los responsables políticos, abiertamente favorables a Israel, las manifestaciones de apoyo a los palestinos y contra los bombardeos en Gaza no fueron prohibidas y han sido por lo general masivas. Los medios a veces se hicieron eco de posiciones audaces. Así, la redacción de la BBC defendió su decisión de no utilizar la etiqueta de “terrorista” para designar a Hamás y prefirió utilizar calificativos más neutros. Esa posición no impidió sin embargo que algunos de sus periodistas denunciaran la orientación de la cobertura proisraelí del grupo audiovisual público británico ni que el periodista tunecino Bassem Bounenni reaccionara anunciando su renuncia al canal.
Ejemplo de un proceso acelerado de criminalización de la palabra en Alemania, la Feria del Libro de Fráncfort –el evento de ese tipo más importante del mundo– aplazó la entrega de un premio a la autora Adania Chibli, que al mismo tiempo fue acusada en los medios de transmitir discursos antisemitas en su novela reciente, que relata las violaciones cometidas por los soldados israelíes durante la Nakba. Y, denunciando una banalización del terrorismo, el alcalde socialdemócrata de Fráncfort abandonó ruidosamente una conferencia del filósofo Slavoj Zizek, que diez días después del 7 de octubre llamaba simplemente a contextualizar la violencia en Israel y Palestina.
Más allá de los efectos directos sobre aquellas y aquellos que se expresan para defender los derechos de los palestinos, esta regresión europea, alemana y francesa en particular, del espacio de expresión tiene efectos inquietantes. Al restringir los análisis y correlacionarlos con un registro emotivo, la comprensión resulta indudablemente afectada. ¿Quién puede pensar racionalmente que combatir la violencia de Hamás se hace con los mismos métodos que los empleados por la coalición internacional contra Estado Islámico (EI)? Y sin embargo, ese es el camino que propuso el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a Tel Aviv.
Además, fuera de las sociedades europeas, pero también para algunos segmentos de ellas, estas restricciones tienen efectos perniciosos. Los anuncios de prohibiciones de manifestaciones, los discursos unilaterales de apoyo a Israel de los dirigentes europeos y norteamericanos –incluso después de que los bombardeos israelíes sobre Gaza se hubieran cobrado la vida de miles de víctimas civiles– contribuyen directamente a instalar la impresión de un Occidente a la deriva que dejó de preocuparse por el resto del mundo. Ya ni siquiera se molesta en hacer creer que defiende valores universales. ¿Cómo entonces los dirigentes y la mayoría de los medios de comunicación europeos se sorprenden de haber perdido comunicación con sus vecinos del Sur y de que sus llamados a apoyar a Ucrania u otra causa sean desacreditados o menospreciados?
