Informe

Los Emiratos Árabes Unidos, un aliado del que Francia debería avergonzarse

La firma de varios contratos de venta de armas de Francia a los Emiratos Árabes Unidos no suscitó muchas reacciones. Sin embargo, un informe de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, de sus organizaciones miembros y asociadas y del Observatoire des armements presenta una lista irrebatible de las violaciones a los derechos humanos perpetradas por este “aliado”. Sus autores señalan la posible complicidad de las autoridades francesas.

El presidente Emmanuel Macron es saludado por el príncipe heredero de Abu Dhabi, Mohamed Ben Zayed, durante su visita al pabellón de Emiratos en Expode Dubái en el primer día de su gira por el Golfo, el 3 de diciembre de 2021
Thomas Samson/AFP

El 3 y 4 de diciembre de 2021, el presidente francés Emmanuel Macron estuvo de visita en el golfo Pérsico. Comenzó por los Emiratos Árabes Unidos, luego pasó por Catar y finalmente estuvo en Yeda, en Arabia Saudita, donde se reunió con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán (MBS), apartado de la comunidad internacional en 2018 luego del abominable asesinato del periodista Yamal Jashogyi. Así, el presidente de la república francesa, primer jefe de Estado de un país occidental de peso en romper esa marginación, le devolvió un poco de legitimidad al príncipe heredero.

Oficialmente, la gira del presidente francés tenía como objetivo fortalecer la lucha contra el terrorismo y el radicalismo islamista, contribuir a la estabilización de Oriente Próximo y consolidar los acuerdos económicos de Francia con los tres países visitados. Ese último objetivo fue plenamente alcanzado, ya que el presidente francés anunció en particular la venta a los Emiratos de 12 helicópteros militares Caracal (Airbus Helicopters) y de 80 ejemplares de Rafale, el avión de combate del grupo Dassault financiado en gran parte por los contribuyentes franceses.

“Una asociación estratégica”

La adquisición de esas aeronaves por parte de los Emiratos fue presentada triunfalmente como el “contrato más grande de la historia para la industria francesa de defensa” por el jefe de Estado francés, para quien el acuerdo es el fruto de una “larga relación” entre París y Abu Dabi. En Twitter, la ministra de las Fuerzas Armadas de la República Francesa, Florence Parly, también aclamó la “firma de un contrato histórico” que sella “una asociación estratégica más sólida que nunca” y expresó su orgullo “de ver a la excelencia industrial francesa en la cima”.

Pero detrás de esos cacareos y de otros comunicados victoriosos se oculta la realidad de una sórdida condescendencia con un régimen abominable. El 14 de diciembre, la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH) publicó junto con el Observatorio de Armamentos un voluminoso informe, “resultado de una investigación realizada durante dos años” –entre abril de 2019 y abril de 2021–, del cual se desprende que la asociación durable y sólida entre Francia y los Emiratos Árabes Unidos podría darse como “socios” en “crímenes” espantosos.

El país con el que el gobierno francés se jacta de mantener excelentes relaciones comerciales y de seguridad “en realidad es una dictadura particularmente represiva, donde cualquier voz disidente corre el riesgo del encarcelamiento y de la tortura”, explica la FIDH, cuyo informe subraya por otra parte “la responsabilidad directa e indirecta de las autoridades emiratíes en algunas de las violaciones más graves que hayan sido cometidas en Yemen”, donde en 2015 los Emiratos se sumaron detrás de Arabia Saudita a una guerra atroz en la que tienen un papel particularmente activo y que ya ha causado más de 350.000 víctimas, principalmente civiles.

La práctica banal de la tortura

Los autores del documento confirman en primer lugar que, amparados por “un dispositivo jurídico que utiliza las leyes de lucha contra el terrorismo y la cibercriminalidad para reprimir la disidencia”, el régimen emiratí lleva a cabo “graves violaciones de los derechos humanos”. En 2012, los Emiratos suscribieron la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que los obliga a “tomar medidas activas para prevenir y sancionar esa práctica”, “ofrecer reparaciones a las víctimas” y “respetar en definitiva el principio de la prohibición absoluta de la tortura”. Sin embargo, los Emiratos Árabes Unidos no suscribieron el protocolo —optativo— que autoriza a la ONU a verificar, en caso de denuncias, el respeto de esas obligaciones. Según la FIDH, “las autoridades emiratíes siguen practicando la tortura contra quienes son percibidos como una amenaza”: los defensores de los derechos humanos, los opositores políticos, las personalidades religiosas y los periodistas. Detalle siniestro del informe: “Entre los métodos utilizados figuran sobre todo la privación del sueño, la denegación de tratamiento médico, las amenazas verbales, las agresiones sexuales, el arrancamiento de uñas, la tortura hasta la muerte, los golpes violentos perpetrados con manos o palos, en particular sobre el rostro, la cabeza y los ojos, los choques eléctricos, el colgamiento de las manos, el arrancamiento del cuero cabelludo, del vello facial y del cuerpo”. Por otra parte, “las autoridades emiratíes hacen desaparecer regularmente a militantes, defensores de los derechos humanos y críticos del gobierno”.

Así, en diciembre de 2015, el periodista y poeta jordano Tayseer al-Najjar fue detenido “sin cargos y llevado a un lugar desconocido, donde no pudo consultar a un abogado ni contactarse con su familia”. Al-Najjar permaneció detenido durante más de un año, antes de ser acusado finalmente de haber cometido ciberdelitos: en realidad, se trataba de “publicaciones en Facebook en las cuales criticaba el desempeño de los Emiratos Árabes Unidos en materia de derechos humanos, así como su papel en el apoyo a la guerra de Israel contra Gaza”. Condenado a tres años de prisión en 2017, Tayseer al-Najjar “falleció después de haber purgado su pena a causa de las complicaciones de las enfermedades contraídas en detención”.

La FIDH señala que “debido a este sistema patriarcal”, las mujeres defensoras de los derechos humanos se enfrentan a obstáculos adicionales cuando hacen campaña por sus derechos. Con frecuencia son blanco de ataques y humillación por actores estatales y no estatales (incluida la familia, las comunidades y la sociedad en general). Cuando las mujeres son encarceladas, también son sometidas a la tortura y la violencia, pero por lo general no salen a la luz en la esfera pública.

Los trabajadores migrantes instalados en los Emiratos también viven “en condiciones terribles”, continúa el informe, y son considerados como ciudadanos de segunda clase. Confrontados a “diversos tipos de explotación y de maltratos (principalmente horas de trabajo suplementarias, condiciones de alojamiento inadaptadas, abusos físicos), no tienen acceso a funcionarios de justicia independientes e imparciales”, y cuando protestan contra las condiciones laborales que deben soportar, con frecuencia se topan con “decisiones a favor de los empleadores emiratíes”.

En guerra en Yemen

Por otra parte, los Emiratos Árabes Unidos entraron en guerra en Yemen de la mano de Arabia Saudita en marzo de 2015, oficialmente, para defender la integridad territorial de ese país contra los avances del grupo armado Ansar Alá, que unos meses antes se había apoderado de la capital yemení, Saná. El informe de la FIDH explica que, extraoficialmente, ambos países perseguían objetivos menos desinteresados: Riad “deseaba afirmar su potencia regional frente a Irán”, mientras que los Emiratos Árabes Unidos “tenían como objetivo territorial controlar la parte sur y la costa oeste de Yemen” para “extender la influencia emiratí hacia el mar Rojo y el Cuerno de África”.

En febrero de 2020, “luego de cinco años de participación en la guerra civil en Yemen dentro de la coalición saudí-emiratí, los dirigentes de los Emiratos celebraron la finalización de su retiro gradual del país”. Pero ese retiro no “suspende de ningún modo su papel en la coalición, y no reduce la influencia emiratí en el terreno. En realidad, de una intervención directa se pasó a una intervención indirecta, a través de las numerosas fuerzas mandatarias, formadas y desplegadas en Yemen con ayuda de los Emiratos”, que siguen financiando a esas organizaciones.

El informe de la FIDH examina en detalle ocho casos de violaciones graves de los derechos humanos perpetradas entre 2016 y 2019, cuyos autores “fueron identificados directamente como oficiales emiratíes”, es decir, miembros de las fuerzas mandatarias de los Emiratos. En todos esos casos, se efectuaron “incursiones nocturnas aterradoras, en el domicilio o en el lugar de trabajo de las víctimas, con frecuencia realizadas por las fuerzas mandatarias, durante las cuales se arrestó a personas consideradas como opositoras políticas” o acusadas de estar afiliadas a organizaciones terroristas, sin que esa incriminación fuera demostrada. En seis de los ocho casos, las víctimas habrían sido torturadas por oficiales emiratíes. Un ejemplo escalofriante:

Muhammad fue arrestado en el puesto de control de seguridad de Dofas, en la gobernacion yemeni de Abyan, donde el comandante del puesto de control comenzó a golpearlo. Luego fue transportado hacia un lugar desconocido a bordo de un vehículo pick-up marrón sin matrícula que transportaba a diez hombres armados. Muhammad fue víctima de desaparición forzada durante varios días hasta que su cuerpo fue hallado frente a un hospital. Mwatana recibió una foto del cuerpo de la víctima, que estaba manchada de sangre, le faltaban ambos ojos, tenía dientes rotos, además de seis disparos en todo el cuerpo, uno de ellos en los órganos genitales. Los efectos de la tortura eléctrica eran visibles, y tenía los pies atados con cadenas de hierro. El padre de la víctima recibió el cuerpo y lo enterró, luego de que el hospital rechazara efectuar un informe médico so pretexto de que la víctima había sido hallada en el pasillo del hospital y no había entrado a la sala de emergencias.

Estas violaciones están sobradamente documentadas. Pero Francia sigue comerciando con los autores de estos crímenes. El país galo está profundamente “implicado en la industria de defensa emiratí, sobre todo por la exportación directa de armamento hacia los Emiratos Árabes Unidos” y “por la transferencia de conocimiento y de competencias, por el desarrollo conjunto de armamento con los Emiratos” en el marco de un proyecto que también incluye a proveedores alemanes y británicos.

De modo que para la FIDH, la responsabilidad de Francia es aplastante, porque en 2008 se comprometió, en el marco de una posición común de la Unión Europea, “a no vender ni transferir armas si existe un ‘riesgo claro’ de que ese material ‘sea utilizado para cometer violaciones graves al derecho internacional humanitario’”. Más tarde, en 2013, en el marco del Tratado sobre el Comercio de Armas de la ONU, también se comprometió a “prohibir cualquier venta o exportación de armas que pudieran ser utilizadas para cometer violaciones al derecho internacional humanitario o al derecho internacional de los derechos humanos”. Sin embargo, Francia sigue vendiendo armas a los Emiratos Árabes Unidos y efectuando el mantenimiento del equipamiento vendido.

Según la FIDH y el Observatorio de Armamentos, la continuación de ese comercio “solo puede suscitar interrogantes sobre la complicidad eventual de las empresas francesas que proveen ese material y de las autoridades francesas que dieron su acuerdo para su exportación”. Así, llaman a Francia a “colocar la legalidad internacional en el centro de sus relaciones con sus ‘aliados estratégicos’” y exigen que las empresas francesas que exportan armas hacia los Emiratos terminen con esas ventas, “en conformidad con su responsabilidad internacional de respetar los derechos humanos en todos los países donde se desarrollen sus actividades”. Eso también sería un hecho histórico.