China. ¿Por qué persiguen a los uigures?

Los uigures son una etnia turcohablante musulmana que habita mayormente en Sinkiang, región del noroeste de China, otrora llamado Turquestán Oriental. A pesar de su estatuto de autonomía oficial, la región padece la persecución del gobierno central. Muchos activistas uigures sueñan por su parte con la independencia.

Una historia agitada

La región sufrió la dominación china en varios momentos de su historia. En 1760, fue bautizada como “Sinkiang”, que significa “nueva frontera”.

Obtuvo una breve independencia de 1933 a 1934 –la Primera República del Turquestán Oriental– y de 1944 a 1949, con la Segunda República del Turquestán Oriental, prosoviética, creada tras una rebelión de uigures y de kazajos. Todo terminó con la proclamación de la República Popular China por Mao Zedong. En 1951, Ospan Batyr, una de las figuras de la resistencia uigur, fue capturado y ejecutado. La región autónoma uigur de Sinkiang fue proclamada el 1º de octubre de 1955.

La región sufrió dos grandes períodos de represión: primero, durante el Gran Salto Adelante (1958-1960); después, con la Gran Revolución cultural proletaria (1966-1976). Durante ese período, los Guardias Rojos combatían a los “cuatro viejos”: las viejas ideas, la vieja cultura, las viejas costumbres y los viejos hábitos. Se prohibió la práctica del islam y los uigures fueron forzados a criar cerdos y consumir su carne.

En la región, que en 1949 estaba compuesta en un 4% por la etnia china han y en un 80% por uigures, también se llevó adelante una política demográfica. Para 2010, el peso de cada etnia era similar: cada una representaba el 45% de la población de esa provincia.

“Guerra contra el terrorismo”

En 2014, tras un ataque con arma blanca en una estación de tren perpetrado por un independentista uigur, el presidente Xi Jinping llama a perseguir a los uigures en nombre de la “guerra contra el terrorismo”. Para legitimar su acción, Pekín empieza a difundir en los medios de comunicación actos de violencia atribuidos a grupos nacionalistas.

Las escuchas telefónicas y el reconocimiento facial, sobre todo en la entrada de las mezquitas, están a la orden del día, y los arrestos se multiplican. La práctica del islam se prohíbe una vez más, y las mujeres uigures son obligadas a casarse con hombres han.

En 2017, el gobierno confisca los pasaportes de los uigures. Muchos de ellos son detenidos y encarcelados en lo que Pekín denomina “centros de formación profesional” contra la “radicalización” islamista que solo tienen como finalidad “transmitir una cultura política comunista”. Pero los “Camps Leaks” o “Cables de China” revelan que se trata de campos de detención donde los uigures son torturados, drogados, obligados a aprender el mandarín y a recitar cantos patrióticos y consignas glorificadoras del gobierno. La ONU estima que la cantidad de detenidos supera el millón de personas.

Además del modelo único que Pekín quiere imponer, esta persecución se explica también por el interés económico que representa Sinkiang, segunda región productora de petróleo del país con 27,4 millones de toneladas de crudo por año, lo que representa el 14% de la producción doméstica nacional (2009). Sinkiang provee además un tercio de la producción nacional de gas natural –cuyas reservas en la región se elevan a 115.300 millones de m3– y también es la primera región productora de carbón del país.

Fronteriza con ocho estados, Sinkiang también le permite a Pekín reforzar su influencia económica y política en el sudeste asiático, así como sus lazos con Irán, su socio comercial.

Tímida reacción internacional

Ante esta trágica situación, la reacción de la comunidad internacional sigue siendo muy tímida.

En octubre de 2019, unos veinte países miembros de la ONU –incluidos los Estados Unidos y el Reino Unido– instaron a China a terminar con la detención de los uigures y de otras minorías musulmanas de la provincia.

Pekín reaccionó asegurándose el apoyo diplomático de 54 Estados –incluidos 28 países africanos– que firmaron una carta dirigida al presidente del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que felicitaban a China por su lucha antiterrorista y exhortaban a la comunidad internacional a no acusar equivocadamente a su socio.

Los uigures instalados en Europa y en América del Norte intentan movilizar a la sociedad civil y piden boicotear los productos chinos.