Egipto. Al-Sisi, el ilusionista de los derechos humanos

En los últimos seis meses, El Cairo ha anunciado una batería de aparentes reformas encaminadas a mejorar su tétrico historial de derechos humanos. Pero a la práctica están demostrando ser simples trucos dirigidos a encandilar a la comunidad internacional.

Badr City, 16 de enero de 2022. El flamante «Centro de Corrección y Rehabilitación», foto tomada durante una visita organizada por el gobierno para los periodistas
Khaled Desouki/AFP

En una serie de mensajes de tono grandilocuente difundidos a través de las redes sociales el 25 de octubre del 2021, el presidente egipcio, Abdel Fattah Al Sisi, anunció que por primera vez en cuatro años no prorrogaría el estado de emergencia en el país, afirmando que Egipto se ha convertido en un “oasis de seguridad y estabilidad en la región”. El fin de este régimen, que concede amplios poderes al ejecutivo y a los servicios de seguridad a la vez que reduce la supervisión judicial, representaba una demanda que grupos de la sociedad civil egipcia llevaban reclamando desde hacía tiempo, y un aparente avance en derechos y libertades. Pero el cambio no tardó en revelarse poco más que una artimaña.

En un comunicado emitido tras el fin del estado de emergencia, la Iniciativa Egipcia para los Derechos Individuales (EIPR), un destacado grupo de derechos humanos, señaló que los últimos años las autoridades egipcias han aprobado un “arsenal legislativo represivo”, como las draconianas leyes de protesta y antiterrorista, que ha integrado los poderes de la ley de excepción en las leyes penales cotidianas. A la práctica, esto significa que su levantamiento no conllevaría cambios sustanciales en materia de derechos y libertades.

Además, en los días que siguieron el final de este régimen excepcional, los poderes ejecutivos y legislativos egipcios se apresuraron a tramitar varias enmiendas legales que incorporaron nuevas disposiciones, parecidas a las de la ley de emergencia, en otras leyes, cerrando así algunas lagunas adicionales. Entre estos arreglos había una expansión de los poderes presidenciales contemplados en la ley antiterrorista, así como un endurecimiento de las penas de prisión y las multas fijadas en la misma norma. También se cimentó la ampliación de la jurisdicción de fiscales y cortes militares sobre civiles, y las restricciones a publicar acerca de las Fuerzas Armadas, según recogió Human Rights Watch (HRW).

“El levantamiento de la ley de emergencia era una demanda concreta y fundamental de los grupos de derechos humanos,” señala Amr Magdi, investigador de Oriente Medio y Norte de África en HRW. “Pero inmediatamente después se introdujeron enmiendas en varias leyes que restablecen gran parte de los poderes de emergencia. La represión bajo Al Sisi desde 2013 se ha institucionalizado, estas restricciones se han introducido en muchas leyes y, por lo tanto, el gobierno ya no necesitaba la ley de emergencia,” nota.

Medidas cosméticas

Las maniobras tampoco se detuvieron allí. Poco antes de anunciar el levantamiento del estado de emergencia, las autoridades egipcias iniciaron al menos cinco juicios ante tribunales de excepción contra una cincuentena de defensores de derechos humanos, activistas y políticos que habían permanecido por largos períodos de tiempo en régimen de prisión preventiva, según alertó HRW. Entre ellos figuraba el ingeniero informático Alaa Abdel Fattah, probablemente el preso político más conocido de Egipto, el abogado Mohamed El Baqer, el excandidato presidencial y líder del partido Egipto Fuerte, Abdel Moniem Abu El Fotouh, el ex diputado Ziad El Elaimy, o Ezzat Ghoneim, director de la Coordinación Egipcia para los Derechos y las Libertades (ECRF).

Más allá de exhibir una diestra coordinación entre aparatos del Estado, el inicio de estos juicios, después de que sus respectivos casos hubieran permanecido atrapados durante meses o años en un bucle temporal de prisión preventiva, reveló su voluntad de someterlos a las condiciones excepcionales de los tribunales de emergencia. En este sentido, estas cortes, que no admiten apelación, siguen observando los juicios que se le han remitido solo mientras la ley de excepción estaba en vigor, incluso una vez ésta ya se ha levantado.

Este juego al que están jugando, en el que Al Sisi anuncia un día que levantan el estado de emergencia y al cabo de una semana se producen cambios legislativos importantes para incluir las restricciones de emergencia en otras leyes muestra el juego al que están jugando, muestra la maniobra que están tratando de producir,

constata Magdi.

El truco que envolvió el fin del estado de emergencia, sin embargo, no es un caso aislado, sino que forma parte de una serie de aparentes avances en materia de derechos humanos anunciados en los últimos meses por Egipto que a la práctica están demostrado ser meras ilusiones dirigidas a encandilar a la parte de la comunidad internacional más incómoda con el sombrío historial del país en este ámbito. Un juego de trilero que ha llevado a El Cairo a forjar incluso una noción sui generis de los derechos humanos, intencionadamente amplia y vaga, con el aparente fin de ocultar la dura crisis en la que está sumido el país.

“En realidad, sabemos que lo que ha cambiado desde el año pasado ha sido el discurso, pero no la realidad sobre el terreno”, apunta Hossam Bahgat, director de la EIPR. “[Aun así], el Gobierno egipcio ha ganado mucho con estas medidas cosméticas y este cambio de discurso”, agrega el abogado, y “como resultado, desde el pasado septiembre estamos viendo muchas menos críticas sobre el historial de derechos humanos de Egipto” por parte de países como Estados Unidos.

Otro de los artificios presentados con gran pompa por las autoridades egipcias en esta dirección fue la Estrategia Nacional de Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre. El documento, de decenas de páginas, definió por primera vez un plan gubernamental de cinco años destinado a mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Y el órgano que se encargó de su elaboración fue el Comité Supremo Permanente de Derechos Humanos, dirigido curiosamente por el ministerio de Asuntos Exteriores.

Una despolitización de los derechos

El Instituto de Estudios de Derechos Humanos de El Cairo (CIHRS) ha señalado no obstante que la estrategia se construye sobre la negación de la profunda crisis de derechos humanos en Egipto, causada por los graves y sistemáticos abusos de sus instituciones de seguridad y militares, con la connivencia de los poderes judiciales y mediáticos. La organización, además, nota que el documento, que se ha convertido en la piedra angular del Estado en esta materia, codifica un problemático concepto de derechos humanos a la egipcia. Esta perspectiva diferencia, por un lado, los derechos civiles y los políticos, que son donde se documentan los mayores abusos, y, por el otro, los derechos culturales, sociales y económicos. Ello permite a El Cairo dar prioridad intencionadamente a los últimos y alegar así avances en derechos humanos.

“Hemos visto que se ha hecho mucho más para promover la estrategia que lo que hemos visto en términos de reformas reales que se han llevado a cabo”, nota Allison McManus, directora de investigación de Freedom Initiative, una organización de derechos humanos con sede en Estados Unidos.

Uno de los aspectos más urgentes de la estrategia era abordar el extendido uso de la pena de muerte en Egipto, que en los últimos años ha sido uno de los países que más ha aplicado la pena capital en el mundo, así como revisar los crímenes para los que la ley egipcia todavía contempla este castigo. En 2020, Amnistía Internacional documentó más de 100 ejecuciones en Egipto, y durante la primera mitad del 2021 HRW registró 51. A principios de marzo, además, el ministerio del Interior egipcio ejecutó a siete personas condenadas por cargos de la ley antiterrorista.

Lo que más llama la atención de la [estrategia] no es solo que sea un intento barato de blanquear la imagen del régimen de Al Sisi, sino la ausencia de cualquier esfuerzo para que la comunidad internacional olvide los crímenes cometidos contra el pueblo egipcio. Las acciones del régimen desde su publicación confirman la evaluación crítica de ONG independientes de derechos humanos. La conclusión es que [la estrategia] se articula en última instancia para que algunos políticos occidentales la utilicen para justificar ante sus electores su connivencia con los graves crímenes contra los derechos humanos en Egipto.

desliza Bahey eldin Hassan, director del CIHRS.

En paralelo, Egipto también ha querido proyectar una reforma de su duramente criticado sistema penitenciario. En octubre, las autoridades inauguraron con gran fastuosidad una nueva gran prisión en Wadi El Natrun, en el norte de El Cairo, a la altura de lo que Al Sisi consideró –sin explicar exactamente a qué se refería– estándares americanos. Está previsto que la prisión albergue a miles de reclusos y que tras su puesta en funcionamiento se cierren hasta 12 cárceles en el país, un cuarto del total. Durante la visita organizada en sus instalaciones, de las que se han destacado convenientemente las piscinas o los campos de deporte, se invitó a misiones diplomáticas y a corresponsales. Y este marzo, El Cairo también ha optado por recurrir a los eufemismos para suavizar el vocabulario carcelario, por ejemplo, refiriéndose oficialmente a la “prisión” como “centro de reforma y rehabilitación” y a la autoridad penitenciaria, “unidad de protección social”.

Liberar a unos para encerrar mejor a otros

Al mismo tiempo, sin embargo, grupos como el Comité para la Justicia (CFJ) ha seguido documentando decenas de desapariciones forzosas, incluidas en centros de detención, y denuncias de torturas y malos tratos. También una decena de muertes en centros de detención solo entre los meses de octubre y noviembre, la mayoría como resultado de negligencias. En esta línea, a principios de este mes de abril generó una gran conmoción la sospechosa muerte bajo custodia en un hospital psiquiátrico de El Cairo del economista egipcio Ayman Hadhoud, que fue forzosamente desaparecido a principios de febrero.

En una reunión privada, un diplomático occidental dijo que saben con certeza, al igual que los diplomáticos egipcios y los dirigentes del Consejo Nacional para los Derechos Humanos, que han realizado una gira por Europa para hablar sobre [la estrategia de derechos humanos], que este es un documento vacío. Sin embargo, es útil para aliviar las vergonzosas presiones públicas a nuestro jefe,

señala Hassan, director del CIHRS.

En los últimos meses, las autoridades egipcias han amagado asimismo con un giro de guion en su trato con los presos políticos del país. En este sentido, El Cairo ha permitido salir de prisión a figuras destacadas como el activista egipcio-palestino Ramy Shaath, la bióloga catarí e hija del teólogo Yusef Al Qaradawi, Ola Al Qaradawi, y el investigador sobre derechos de género Patrick George Zaki. También a la activista por los derechos humanos Sanaa Seif y al activista por los derechos de los coptos Ramy Kamel.

Pero pese a estas celebradas liberaciones, los grupos de derechos humanos insisten en que se trata de excepciones, de meras gotas en el océano, y que miles de presos políticos siguen entre rejas, la gran mayoría de ellos anónimos. Organizaciones como el CFJ han seguido documentando centenares de detenciones arbitrarias. Y prominentes presos políticos, como Abd El Fattah, El Baqer y el bloguero Mohamed “Oxygen” Ibrahim han sido mientras tanto condenados a duras penas de cárcel sobre las que no se descontará el tiempo que ya permanecieron en prisión en régimen preventivo, según han afirmado sus familiares. Incluso para aquellos que han vuelto a pisar el asfalto, a excepción de quienes ya han cumplido su condena, los casos judiciales siguen formalmente abiertos, y no se han retirado los cargos contra ellos. Y en algunos casos, como el de Shaath, se les ha forzado a renunciar a su ciudadanía egipcia.

Incluso si una sola familia duerme feliz por la noche porque sus seres queridos fueron liberados de prisión, eso es definitivamente un logro bajo la opresión del régimen de Al Sisi. Pero no son señales de un cambio de política,

considera Magdi, de HRW.

“2022, el año de la sociedad civil”

En un plano más simbólico, el Parlamento egipcio aprobó en octubre la reconstitución del Consejo Nacional de Derechos Humanos, un órgano formado por 27 miembros, entre los que se encuentra la ex embajadora Moshira Khattab, al frente, y figuras que mantienen estrecha relación con diplomático extranjeros en El Cairo. A mediados de enero, en la ceremonia de clausura del Foro Mundial de la Juventud acogido en la ciudad de Sharm El Sheij, en el sur del Sinaí, Al Sisi declaró además 2022 el año de la sociedad civil.

Apenas unos días antes de este último anuncio, la Red Árabe para la Información sobre los Derechos Humanos, una prestigiosa organización de derechos humanos activa desde 2004, comunicó públicamente la suspensión de sus operaciones y actividades alegando un creciente desprecio por el estado de Derecho en Egipto y el aumento del acoso policial.

Asimismo, solo unos días después del anuncio de Al Sisi, el Gobierno decidió prorrogar en el último suspiro por un año, hasta enero de 2023, el plazo para que organizaciones no gubernamentales puedan legalizar su situación en el país. En el momento de conceder este tiempo extra, sobre la bocina, más del 40 % de organizaciones de la sociedad civil aún no habían podido resolver su situación legal de acuerdo con una nueva ley que regula este tipo de entidades y que ha sido criticada por fijar unas restricciones draconianas con respecto a su financiación y a sus actividades.

Esto no niega, ni subestima, el esfuerzo que han hecho algunos miembros del Consejo Nacional de Derechos Humanos. Sé que hay personas que están haciendo esfuerzos sinceros para liberar a los detenidos y animar al gobierno de Al Sisi a cambiar de rumbo, y creo que es importante reconocer estos esfuerzos. Sólo cuestiono el poder y las limitaciones que tienen,

apunta Magdi.