Un diputado turco irrumpió hace unos meses en una joyería en la costa del Egeo con una cámara de vídeo para interrogar a su propietario. Le pidió su documentación, la licencia de su tienda y grabó toda la conversación sin su permiso. Poco después publicó el vídeo en sus redes sociales identificando al joyero con el siguiente mensaje: “Llegó a Turquía hace siete años. Su turco es limitado. Ha obtenido la ciudadanía. Tiene licencia de armas. Abrió una joyería en Izmir con un permiso que obtuvo en Sanliurfa. Hay otros 900.000 sirios como él. Turquía, ¿No eres consciente del peligro?”
El diputado es Ümit Özdag, líder de una nueva formación nacionalista, el partido de la Victoria, que ha lanzado una campaña muy viral en redes sociales pidiendo la expulsión de los casi cuatro millones de refugiados sirios que acoge Turquía. Desde hace semanas su partido publica vídeos no verificados de acoso callejero a mujeres turcas por parte de migrantes, de refugiados burlándose de la bandera turca e incluso un vídeo de una ficción distópica del futuro de Turquía, donde se muestra un país partido, cuya lengua oficial es el árabe.
Un rechazo masivo de los refugiados
Este debate xenófobo ha provocado miedo entre la población refugiada, que teme vivir episodios parecidos al del verano pasado en Ankara, donde una turba enfurecida de nacionalistas destrozó comercios sirios e intentó atacar sus hogares tras una pelea entre locales y refugiados en la que murió un joven turco.
Los ataques del partido de la Victoria no se tratan del revuelo aislado de un partido populista sin representación parlamentaria. El principal partido opositor, el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP), también usa el rechazo a los refugiados como arma arrojadiza contra el Gobierno. Recientemente propuso convocar un referéndum para que la población decida qué hacer con los refugiados y ha anunciado que, si gana las elecciones en 2023, enviará a los sirios de vuelta a su país.
Ayhan Kaya, investigador de migraciones para la Universidad de Bilgi en Estambul, cree que parte del rechazo a los refugiados proviene de la forma cómo el Gobierno, liderado por el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), ha comunicado su acogida. “Desde el inicio de la llegada masiva de sirios en 2015, el AKP instrumentalizó un discurso religioso para acogerlos. Esto hizo que la sociedad aceptara a los sirios como hermanos musulmanes de forma temporal, no en base a su derecho a ser acogidos”, explica. “El problema empezó cuando esta temporalidad superó el umbral de tolerancia de la población. El discurso de percibir a los sirios como huéspedes ya no significa nada”, añade. Las encuestas lo confirman. Según Metropol, la empresa demoscópica más prestigiosa del país, el 82% de la población de Turquía quiere que los refugiados e inmigrantes regresen a sus países de origen. La cifra aumenta al 85% entre los votantes del AKP.
¿Regreso «voluntario» o reubicación?
A raíz de este debate el presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, aseguró en un primer momento que los sirios pueden “regresar a su tierra natal cuando lo deseen” pero que Turquía “nunca los va a obligar a abandonar estas tierras”. Poco después matizó sus palabras y anunció un plan para el “retorno voluntario” de un millón de sirios a zonas del norte de Siria. Un proyecto que incluye la construcción de viviendas y servicios en las regiones bajo control turco en Siria. Aunque Erdoğan explicó algunos detalles del proyecto como el número de viviendas que planean construir o la cifra del número de sirios que ya han regresado a su país en los últimos años, unos 500.000, dejó otros detalles en el aire. No está claro cómo se va a llevar a cabo, quién gestionará el mantenimiento de estos lugares o si cuenta con el apoyo de las autoridades europeas.
Ayhan Kaya no cree que se trate de un retorno voluntario si no de un reasentamiento. “No se ha consultado a los actores estatales sirios. Lo que propone Turquía es en realidad una especie de reubicación o reasentamiento de los sirios en otro lugar, que está en Siria, pero bajo el control de las fuerzas de seguridad turcas”, detalla. Por otro lado, tampoco se ha aclarado la cuestión de qué tipo de mercado laboral se establecerá en estos lugares. Una década en guerra ha lastrado la economía siria y muchos jóvenes temen regresar a su país por miedo a ser interceptados por las fuerzas de Bashar al Asad. Kaya no cree que haya un gran número de refugiados en Turquía atraídos por la idea de trasladarse al norte de Siria. “Los que estarían dispuestos son los más pobres de todos los que están viviendo en Turquía. El Estado turco está ofreciendo una opción a los que viven en una situación más precaria”, explica. “Pero para que sea un retorno seguro y sostenible, se deben utilizar los canales diplomáticos en colaboración con las instituciones internacionales”, añade.
Didem Danis, socióloga fundadora de la Asociación para la Investigación de la Migración (GAR), también cuestiona si los refugiados sirios querrían asentarse en zonas del norte de Siria como Azaz, Al Bab o Tal Abyad, que no son sus ciudades natales. “Gente de Aleppo o Homs serían reasentados en el norte del país. Un nuevo asentamiento abrirá otra cuestión sobre su integración en estos lugares”, explica. Por otro lado, muchos de estos refugiados viven en Turquía desde hace unos seis o siete años. Cerca del 40% son menores de edad y unos 500.000 han nacido en suelo turco. “Esta parte de la población ha pasado gran parte de su vida en Turquía. ¿Cómo se pueden trasladar a un país que seguramente no conocen? Muchos de estos niños conocen mejor Turquía que Siria”, explica Danis.
Una integración socavada por varias crisis
El debate sobre la gestión migratoria y los discursos xenófobos se produce en medio de un grave aumento de la inflación en Turquía, del 70%, que ha golpeado los bolsillos de los hogares turcos. Es habitual escuchar en la calle quejas sobre la acogida de refugiados en relación con la crisis económica actual. Quejas por recibir supuestas ayudas del Estado, por quitarles el trabajo a los locales, por abarrotar hospitales y escuelas. Sin embargo, de los cerca de dos millones de sirios en edad de trabajar, apenas 200.000 tienen permiso de trabajo. El resto se ve forzado a trabajar en el sector informal, expuestos a la explotación y a salarios por debajo del sueldo mínimo en Turquía, que ronda los 241 euros.
En el año 2016 el Gobierno turco adoptó una nueva regulación que permite a los sirios acceder a permisos de trabajo, pero es el empleador el que debe solicitar su permiso de trabajo, pagando una cuota que muchas empresas se niegan a tramitar. Didem Danis explica que esta regulación ha creado tensiones con la población local, que cree que los sirios “crean una competición injusta” en el mercado laboral. “Nuestra herramienta competitiva en el mercado global es la mano de obra barata. Debido a la inflación muchos turcos no pueden sobrevivir con los salarios actuales, en cambio la mano de obra siria se ve obligada a aceptar unas malas condiciones laborales”, describe. “Para el propietario de un negocio es una gran ventaja poder reemplazar a un trabajador turco con derechos por mano de obra barata”, añade.
Otra medida del Gobierno que ha generado críticas por su opacidad es la de dar la ciudadanía a algunos refugiados sirios. Las autoridades han anunciado que se ha otorgado la ciudadanía turca a unos 200.000 sirios, pero no han aclarado con qué criterio han elegido a estas personas, dejando crecer un manto de especulaciones sobre esta iniciativa.
La UE no está interesada
El Gobierno se desdice de las críticas y apunta a las instituciones europeas. En varias ocasiones ha pedido una renovación de las condiciones del acuerdo firmado en 2016, un pacto paralizado por la pandemia, en el cuál todos los inmigrantes irregulares que llegan a las islas griegas desde Turquía deben ser retornados a territorio turco. Por su parte, la Unión Europea debe reasentar desde Turquía la misma cifra de refugiados sirios. El pacto no se ha cumplido y la UE ha reasentado apenas 28.000 sirios. Por el momento, los expertos dudan de que Bruselas esté interesada en tratar con Ankara el acuerdo. “El acuerdo va más allá de los refugiados sirios, implica cláusulas sobre la liberalización de visados para los turcos, una modernización de la unión aduanera y una normalización de las relaciones entre Turquía y la UE”, explica Kaya. “En el contexto actual no creo que a la UE le interese”, lamenta.