Guerra en Sudán. La sombra de los islamistas

La “banda de la prisión de Kober” se esfumó. El 23 de abril de 2023, un grupo de desconocidos abrió las puertas de las células de la histórica prisión de Jartum y los detenidos se fugaron por las calles de la capital sudanesa. Solo sería una anécdota más en medio del estruendo de la guerra si la banda de Kober no estuviera integrada por criminales bastante peculiares. Tres de ellos son buscados por la Corte Penal Internacional (CPI). También hay algunos altos dignatarios del régimen de Omar al Bashir. Al parecer, el autócrata derrocado no estaba en el establecimiento penitenciario en el momento de la “liberación”: había sido enviado justo antes a un hospital militar de Omdurmán, ciudad melliza de Jartum. El gran jefe no estaba presente, pero los que se fugaron no eran de ningún modo criminales de poca monta.

Buscados por la justicia internacional

Abdel Rahim Hussein, exministro de Defensa, es objeto de siete cargos por crímenes contra la humanidad y seis por crímenes de guerra cometidos en el Darfur durante los primeros años de la guerra, en 2003 y 2004. Ahmed Haroun, acusado por los mismos crímenes, fue ministro de Asuntos Humanitarios y ha dejado recuerdos sangrientos en Kordofán del Sur, donde fue gobernador. Y Ali Osman Taha y Bakri Hassan Saleh, exvicepresidentes y sucesores putativos de Omar al Bashir; Nafi Ali Nafi, el exjefe de la policía política (National Intelligence and Security Services, NISS), que cometió actos siniestros; Awad al Jaz, ministro de Petróleo de la época de al Bashir; y al Fatih Ezzedine, por entonces ministro del Parlamento: todos formaban parte de los miembros más eminentes del Partido del Congreso Nacional (PCN), columna vertebral del régimen.

Es decir que, en medio de los ataques aéreos, de los saqueos y de los tiros de artillería resurgen los fantasmas de los islamistas que, influidos por el ideólogo Hasan al Turabi, habían querido poner a la sociedad en línea con su ideal del islam político. Se trata de los mismos islamistas que fueron expulsados por la revolución de 2018 y que desde entonces pasaron a estar detrás de prácticamente todas las desgracias sufridas por los sudaneses. ¿Quién liberó a la banda de Kober? El ministro de Interior interino –porque no hay gobierno en Sudán desde el golpe de Estado militar de octubre de 2021– responsabilizó a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR o RSF según su sigla en inglés), dirigidos por el general Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemetti. Pero los paramilitares niegan su participación y acusan a los islamistas, que controlan el alto mando del ejército y son sus verdaderos adversarios en la guerra actual. Suliman Baldo, analista y director ejecutivo de Sudan Transparency and Policy Tracker (STPT), recalca que tras el estallido del enfrentamiento entre los dos generales en Jartum, el 15 de abril, se efectuaron otras liberaciones. Y en cada oportunidad, en medio de los criminales de derecho común, figuraban exmiembros del régimen de al Bashir, en particular del NISS. El analista reconoce una operación bien preparada:

Un grupo armado intervino en la prisión de Omdurmán y liberó a los miembros del NISS que estaban recluidos y condenados a muerte. Los liberaron y les dijeron a los otros que se liberaran por sí mismos. Es lo que escuché decir a uno de los prisioneros. Está claro que era para camuflar la liberación de un grupo preciso, conformado por 35 exmiembros del NISS. Así que es muy plausible que hayan sido algunos de sus excolegas, movilizados luego del estallido del conflicto. Al Burhan reconstituyó las fuerzas especiales del NISS que habían sido desmanteladas.

En la guerra que lo enfrenta a las FAR de Hemetti, el Estado Mayor del ejército nacional reactivó todas las fuerzas paralelas, los servicios de inteligencia y las milicias supletorias vinculadas al exrégimen militar-islamista: además del NISS, se trata de las Fuerzas de Defensa Popular (FDP) –una milicia islamista creada luego del golpe de Estado de 1989 de Omar al Bashir que solo responde a sus órdenes y a las de su partido– y de las “Brigadas de la Sombra”, asociadas en un principio al Frente Nacional Islámico (FNI) de Hasan al Turabi, adalid de la islamización de la sociedad sudanesa hasta su caída en desgracia durante la década de 2000, y luego al PCN de Omar al Bashir. En un video posteado en las redes sociales el 15 de abril, día del comienzo de la guerra, se ven hombres armados que dicen ser islamistas y estar listos para el combate.

La imposibilidad de reformar el sector de la seguridad

En Jartum se entiende desde hace mucho tiempo que el ejército nacional sigue estando controlado en gran parte por los islamistas, por lo menos en el nivel de los oficiales. “En treinta años han tenido todo el tiempo del mundo para asegurarse que en la escuela militar no sea reclutado ningún miembro que no pertenezca al movimiento. Así que convirtieron al ejército en una brigada islamista", explica Suliman Baldo. En los golpes de Estado fallidos de julio de 2019 y septiembre de 2021 estuvieron implicados oficiales del ejército.

“Hacía un tiempo que aumentaba la tensión entre el ejército nacional y las FAR, alimentada por una hostilidad institucional y personal”, dice Amgad Farid, ex jefe de gabinete del ex primer ministro Abdalá Hamdok y activista prodemocracia de larga data. “Las diferencias respecto a la integración de las FAR al ejército nacional, su papel en el mando y la duración de ese proceso tuvieron un impacto determinante. Pero los islamistas también tuvieron un rol esencial en el aumento de la tensión”. La reforma del sector de la seguridad y de las instituciones militares era un punto clave del proceso político lanzado en diciembre de 2022, que debía conducir a un regreso de los civiles al poder. Los dos generales, exaliados y desde entonces rivales, se enfrentaron respecto a la modalidad: para Al Burhan, que quería ir rápido, bastaba con dos años, mientras que Hemetti exigía diez años y mantener la preeminencia de mando sobre sus tropas una vez que estas se integraran al ejército. “Desde luego, las FAR abrieron la confrontación desplegando sus tropas en torno al aeropuerto de Meroe y en torno a Jartum”, agrega Amgad Farid. “Pero dudo mucho que los soldados del ejército nacional hayan sido los primeros en disparar en Jartum, el 15 de abril a la mañana.”

Detrás de la escalada del 15 de abril

Varios relatos de los acontecimientos confirman esa versión: cuando la tensión estaba en su punto máximo, el 13 y el 14 de abril, y después de varias idas y vueltas entre los dos generales, los negociadores habían logrado una desescalada. Hasta se había previsto una reunión entre los dos hombres para el 15 de abril a las 10 horas. Pero nunca se realizó, porque poco antes fueron atacados dos campos de las FAR en Jartum, y los paramilitares respondieron. La guerra estaba en marcha. “¿Por qué solo dos campos, cuando las FAR tenían once en la capital?”, pregunta una persona bien informada. “Porque los islamistas solo querían encender la mecha.” Esta fuente afirma que uno de sus contactos, comunicado con los islamistas de línea dura, le informó unas horas antes que la guerra estaba por estallar.

“Las acciones del ejército nacional no pueden disociarse de la orientación política que le da el Movimiento Islámico Sudanés”, escribe el periódico de investigación sudanés Ayin en un artículo publicado justo antes del estallido de la guerra. “El movimiento islámico ejercería una fuerte influencia política y económica sobre el ejército y las instituciones ligadas a las SAF [Fuerzas Armadas Sudanesas] debido a sus lealtades compartidas y al solapamiento de sus redes de financiamiento.”

Parece entonces que los fieles de Omar al Bashir, a quienes los sudaneses llaman los kaizan¹, estarían al mando. Nunca desaparecieron del todo, a pesar de que las instituciones vinculadas al antiguo régimen fueron en parte desmembradas luego de la revolución. “Siempre estuvieron activos, siempre buscaron sabotear la transición democrática. Desde el comienzo. Intentaron ponerle trabas a la economía e hicieron circular información falsa durante los dos gobiernos de Hamdok”, recuerda Amgad Farid, el ex jefe de gabinete, que vivió las cosas desde adentro. “Están detrás del intento de asesinato del primer ministro, en marzo de 2020.” Aquí es necesario agregar un poco de complejidad a una situación que ya no era simple. Los islamistas, en Sudán, están divididos: están los fieles a la línea de los Hermanos Musulmanes de Hasan al Turabi (fallecido en 2016), el ideólogo que quería cambiar profundamente la sociedad, y por otra parte, los fieles al partido de Omar al Bashir, el PCN, que mezclaba ambiente de negocios e ideología islamista…

Regreso del antiguo régimen

El golpe de Estado de octubre de 2021 lleva la marca de ambos. Selló la alianza entre el general al Burhan, por entonces jefe del Consejo de Soberanía, y Ali Karti, un histórico del Frente Islámico Nacional de al Turabi, y más tarde, alto dirigente del PCN. El partido presidencial fue disuelto en 2019, en el momento de la transición democrática, y sus bienes fueron confiscados. Los dirigentes que no fueron detenidos abandonaron Sudán por orden del partido y muchos se exiliaron en Turquía. “Aun así, las estructuras del partido no desaparecieron”, explica Clément Deshayes, antropólogo e investigador en el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Escuela Militar (IRSEM), en Francia. “De los grupos exiliados en Turquía, el que más se destacó era el dirigido por Ali Karti, que había sido coordinador de las FDP durante la década de 1990 y ministro de Justicia y de Asuntos Exteriores. Tras el golpe de Estado de octubre de 2021, el partido les dio la orden de regresar al país. Y lo hicieron.” Así que Ali Karti reapareció en Sudán sin ser molestado, aunque es objeto de una orden de arresto desde 2019.

Poco después de la suspensión de la transición democrática, el general al Burhan, dirigente de facto del país, dio marcha atrás con las purgas efectuadas en la administración tras la revolución. Día tras día, los sudaneses descubrían que tal o tal funcionario, nombrado por el gobierno civil del primer ministro Abdalá Hamdok, había sido apartado para reinstalar a su predecesor islamista. “La junta necesitaba a esos dirigentes del PCN para gobernar el país tras el golpe de Estado”, señala Clément Deshayes.

Y sobre todo, los militares le devolvieron la potencia al ala civil de los islamistas, encarnada por Ali Karti, permitiéndoles abrir todas las asociaciones y todas las organizaciones parapúblicas, como la Da’wa islámica, que recibía una parte de la zakat² y mantenía la base social del régimen de Omar al Bashir distribuyendo empleos y realizando acciones de caridad. De este modo, sigilosamente, recuperaron su poder en el país.

“Justo antes del estallido de la guerra fomentaron las tensiones en las redes sociales y en el terreno”, se lamenta Amgad Farid. De hecho, en las semanas previas al 15 de abril se han visto figuras islamistas llamando a “la acción armada”. Según algunas fuentes, no le perdonan a Abdelfatah al Burhan haber aceptado las negociaciones de Yeda organizadas por Arabia Saudita y Estados Unidos relativas a la aplicación de la asistencia humanitaria, aunque el acuerdo resultante de esos encuentros no fue respetado en el terreno. Del mismo modo, la liberación de la banda de Kober podría agravar las tensiones ya existentes dentro del movimiento islamista. Esta podría ser una de las pocas buenas noticias para el pueblo sudanés. De cualquier forma, cuando las armas se callen tras el desastre de esta enésima guerra, a nadie le gustaría aceptar un regreso de los militares y de los islamistas al poder.