Reportaje

Los ciudadanos palestinos en Israel, rehenes del crimen organizado

En 2022, murieron 109 palestinos ciudadanos de Israel en actos criminales. Como estos homicidios no afectan a los israelíes judíos, las autoridades hacen la vista gorda.

Umm Al-Fahm, 22 de octubre de 2021. Manifestación de palestinos en Israel para denunciar la criminalidad y la violencia de que son objeto y pedir a la policía israelí que intervenga
Ahmad Gharabli/AFP

Los viernes, Watfa Jabali pasa el día con sus ocho nietos en sus tierras, en las inmediaciones de la ciudad de Taibe, en el centro de Israel. Desde allí solo se ven olivos y algunas construcciones sobre las colinas. En primavera, sembrará higueras en la tierra, que ahora está en barbecho. “Es lo que me permite sobrevivir”, dice con una sonrisa la matriarca palestina, de 53 años, vestida con un largo vestido negro de terciopelo que combina con su velo azul noche. El 13 de noviembre de 2018, debajo de su casa asesinaron a su hijo Saad, de 24 años, que estaba en su almacén. “Era de noche, a las nueve menos diez. Duró apenas treinta segundos. Escuché disparos y le dije a mi hija: ‘son para nosotros’. Ella fue a ver desde la veranda y me dijo: ‘Saad’. No pude entrar al almacén, me quedé aquí gritando ‘Saad, Saad’”, cuenta Watfa Jabali con un hilo de voz cavernosa. Se quita los lentes, se frota los ojos: “No se salvó”.

Unos meses antes, una mujer a quien todos conocen aquí como Oum Shawkat había encontrado un lugar interesante para alquilar. La propietaria planeaba alquilárselo a unos antiguos vecinos de los Jabali, conocidos por haber causado problemas en el barrio. Pero Watfa Jabali logró convencerla de que lo reservara para su hija, que estaba a punto de casarse. Entonces la otra familia lo tomó como una afrenta: “De repente pasamos a ser colonos”, dice Wafta. Unas semanas antes del homicidio, el almacén ya había sido blanco de disparos dos veces. La policía tomó conocimiento del caso y fue a constatar los hechos. “Pero no hicieron nada, nada”, insiste Watfa. En cambio, la investigación sobre el homicidio de Saad fue ejemplar. Según cálculos del periódico israelí Haaretz1, en 2003 solo se resolvieron el 23% de los homicidios de palestinos de Israel, contra el 71% de los homicidios de judíos israelíes. “Es el único único caso en el que las familias del barrio ayudaron a la policía”, dice Oum Shawkat, mientras enciende un cigarrillo. Hasta se celebró un juicio: el 30 de mayo de 2021, Sari Abou Rabia’an fue condenado a treinta años de prisión y su cómplice, menor, a diez años. “Cuando se conoció la sentencia, la gente vino a celebrar. Me decían: ‘¿Te das cuenta?’ Algunas madres que también perdieron a sus hijos piensan que tuve suerte. ¿Pero de qué suerte me hablan? ¿Ven hasta dónde hemos llegado?”, pregunta Watfa mientras da un puñetazo de rabia contra la mesa.

La criminalidad explota entre los que Israel denomina los “árabes israelíes”, descendientes de los palestinos que se quedaron en sus tierras durante la Nakba, el nacimiento del Estado de Israel en 1948, cuando la inmensa mayoría de los palestinos se vieron obligados a partir a un exilio que dura hasta nuestros días. La comunidad árabe apenas representa poco más del 20% de la población israelí, pero en ella ocurren más del 70% de los homicidios2. El año pasado murieron 109 palestinos, la mayoría en el marco de ajustes de cuentas dentro del crimen organizado.

“Mientras se maten entre ellos…”

El vuelco ocurrió hace veinte años. En 2003, tres personas murieron y 19 resultaron heridas en una explosión en Tel Aviv, una acción orientada a matar a uno de los jefes de la mafia de ese momento, Ze’ev Rosenstein, que salió ileso. El Estado pasó a la acción: en diez años, las principales organizaciones mafiosas judías fueron desmanteladas, y sus jefes, encarcelados. “Hoy viene gente de todos los países, incluso de Italia, para aprender las técnicas israelíes de lucha contra la criminalidad”, señala Walid Haddad, un criminólogo radicado en Nazaret que trabajó durante quince años en el Ministerio de Interior antes de renunciar.

Uno de los pilotos de esa política fue Benjamín Netanyahu, que en ese entonces era ministro de Finanzas. El crimen organizado se trasladó entonces a las comunidades palestinas. El Estado los dejó actuar libremente. La idea dominante en ese momento era que “mientras se maten entre ellos, es su problema”, como reconoció en 2021 el exministro a cargo de la policía, Omer Bar-Lev3.

La confesión del exministro tuvo lugar pocos meses después de los disturbios de 2021. Mientras Israel reprimía violentamente las manifestaciones en Jerusalén y Cisjordania y bombardeaba Gaza, dentro del país también se abrió un frente entre judíos y palestinos israelíes. Las autoridades israelíes temían que la violencia se desbordara fuera del ámbito de la comunidad árabe. El crimen organizado se convirtió en un asunto de interés nacional al que el gobierno de ese momento, que había llegado al poder con el apoyo del partido islamista Raam, le dedicó un plan quinquenal.

El año pasado, la policía también lanzó una operación llamada “Ruta segura”. “Gracias a la determinación y la intransigencia de la policía, se desbarataron 73 tentativas de asesinato y se pronunciaron 507 procesamientos contra individuos considerados grandes criminales, 37 de los cuales eran miembros de organizaciones criminales en las comunidades árabes”, señaló el vocero de las fuerzas del orden en una respuesta a Orient XXI.

Armas e impunidad

Los medios de comunicación israelíes se apropiaron del asunto y hablan de epidemia. Pero según Weaam Baloum, investigador en la Asociación de la Juventud Árabe Baladna y coautor de un largo estudio sobre el tema4, el problema es esencialmente político:

En los barrios árabes de Lod, en el centro del país, los policías, tras un homicidio, suelen cerrar la zona apenas unos 10 a 15 minutos y después se van. Un día, un judío caminaba por el barrio y fue asesinado por error en un tiroteo entre bandas árabes. La gente nos dijo que vino la policía y se llevó todas las balas que estaban en la calle y hasta todos los cigarrillos, y se quedaron durante horas inspeccionando, interrogando a la gente… Entonces los habitantes se dieron cuenta de la diferencia. No solo es racista, también transmite un mensaje: luz verde para matar a los árabes.

La impunidad alimenta el miedo de los testigos directos que no se atreven a declarar. La gente teme que, luego de hacer una denuncia, el acusado venga y mate al denunciante o se desquite con su familia.

Desgraciadamente, no es un temor infundado: en 2001, un habitante fue invitado a testificar, la policía no lo protegió y lo mataron. “Lo bajaron antes del juicio”, se indigna el alcalde de Taibe, Shuaa Mansour Masarwa. “No estamos protegidos. Es una responsabilidad que le compete al Estado, y su fracaso al respecto es total.” Conseguir armas es fácil. La policía afirma haber incautado “3.300 armas de fuego diferentes” en el “sector árabe” en 2022. Pero es solo un grano de arena en el desierto: en 2020, el Parlamento estimó que en el país circulaban unas 400.000 armas ilegales5. Según el sitio de noticias israelí Walla! News, en 70% de los crímenes cometidos con armas de fuego reportados en 2021, el fusil provenía de las existencias del ejército y había sido robado o vendido por exreclutas. El resto llega clandestinamente, sobre todo de Jordania. Algunas fábricas locales de Cisjordania producen fusiles de asalto artesanales Carlo.

La única preocupación del Estado es que las armas no caigan en manos de la resistencia palestina. El criminólogo Walid Haddad lo resume así:

Si te detienen en posesión de armas para cometer un crimen, puedes lograr una pena reducida, y a veces hasta puedes evitar la prisión con el llamado servicio cívico. En cambio, si te preparabas a servirte de las armas para cometer ataques contra la seguridad del Estado, pueden darte quince años de prisión.

Haddad siguió a largo plazo a delincuentes, arrepentidos o no.

“A la mayor parte de los que son asesinados los llaman ‘soldados’. Suelen ser jóvenes de familias con casos de maltrato, en situaciones económicas y sociales muy precarias. Intentan robar automóviles nuevos, ropa de marca… Entrar en las organizaciones criminales es tomar el camino de la facilidad. Por cada tiro reciben 20.000 séquels (5.392 euros). Desde luego, son criminales, matan, pero su extracción social no podía conducirlos a otro lugar. Los grandes criminales, en cambio, están tranquilos, y cuando sienten que el viento cambia de rumbo, huyen del país”.

Las organizaciones mafiosas árabes se quedaron con los casinos, el tráfico de armas y de drogas. Pero su negocio más lucrativo es el mercado negro. Las bandas se convirtieron en sustitutos de los bancos, que no les prestan a los “árabes”, dice Weaam Baloum. “Otorgan préstamos con tasas de interés delirantes. Algunos comenzaron con 50.000 séquels [poco más de 13.000 euros] y terminan con un monto diez veces superior por un solo préstamo, porque los intereses se acumulan”.

Los planes se suceden… sin éxito

El crimen prospera gracias a la marginación social y económica de las comunidades palestinas en Israel, tras décadas de políticas de discriminación en presupuestos, asignación de tierras y acceso a las zonas con alto índice de empleo. Según un informe oficial, en 2021, cerca del 39% de los árabes israelíes vivían bajo el umbral de pobreza. Ante la emergencia, en 2015, el gobierno de Benjamín Netanyahu adoptó el Plan 922: prometió 15.000 millones de séquels (4.000 millones de euros) de inversiones, el presupuesto más voluminoso que se haya destinado al “sector árabe”.

Pero desde la implementación del plan, los homicidios se duplicaron. “El presupuesto imponía muchas condiciones, en particular en lo relativo a la planificación y la construcción, que las municipalidades no pudieron satisfacer, así que la mayor parte del dinero nunca nos llegó”, se queja el líder del Comité Nacional de Alcaldes Árabes de Israel, Mudar Younes. Su colega de Taibe, Shuaa Mansour Masarwa, coincide: “Solo se gastó entre 20 y 25% de la suma anunciada”. Masarwa tiene más esperanzas en el Plan 5506, adoptado el año pasado por la mayoría parlamentaria previa por un plazo de cinco años: 30.000 millones de séquels (8.000 millones de euros) para invertir principalmente en educación, vivienda y empleo. A esa cifra se suman 2.500 millones de séquels (670 millones de euros) destinados a combatir el crimen.

Pero la diferencia entre las municipalidades árabes y las judías es abismal. En la década de 2000, la mayor parte de las alcaldías palestinas en Israel estaban endeudadas: algunas quedaron bajo el control de un contador, mientras que otras, como Taibe, quedaron directamente administradas por un funcionario nombrado por el Estado. Diez años sin alcalde dejaron la ciudad de rodillas: los drásticos recortes presupuestarios dejaron a los habitantes sin inversiones en los servicios básicos. A pesar de los planes quinquenales, las autoridades siguen otorgando presupuestos recortados para los palestinos. “En el ámbito de la educación, la inversión por estudiante árabe es de 440 séquels, mientras que para un judío es de 1600”, afirma Shuaa Mansour Masarwa. “Los servicios sociales son totalmente insuficientes en las comunidades árabes”, suspira Walid Haddad, director de una clínica de ayuda a las personas que padecen adicciones.

Una comunidad deconstruida

Los lazos sociales se ven afectados, sobre todo porque el Estado israelí trabaja en paralelo para asfixiar cualquier identidad colectiva palestina dentro de sus fronteras. El ejemplo más reciente: el ministro de policía, el supremacista judío Itamar Ben-Gvir, les ordenó a sus agentes incautar sistemáticamente las banderas palestinas. Weaam Baloum comenta:

Así funciona el proyecto sionista, está destinado a eliminar a los palestinos como comunidad. El sistema de la sociedad israelí está pensado para crear una comunidad en torno a símbolos y relatos nacionales… Para los palestinos en Israel, ocurre lo contrario. Si quieres que te vaya bien, debes ocultar tu identidad. Todo lo que puedas hacer como comunidad es sospechoso. Y lo trágico es que la gente termina interiorizándolo.

A este respecto, Jaffa representa prácticamente el caso típico. La ciudad palestina ha sido integrada a la metrópolis judía de Tel Aviv. Los habitantes, empobrecidos, apenas pueden resistir la gentrificación y las políticas de judaización. El equilibrio social local también se alteró por los desplazamientos de población: “En cada intifada o guerra, transfirieron oleadas de colaboradores desde Cisjordania y Gaza. Tienen inmunidad, porque siguen trabajando con los servicios de inteligencia y contratan gente”, explica Weaam Baloum. Los recién llegados fueron rechazados por los habitantes, y sus hijos quedaron marginados.

De modo que la estructura social en su totalidad, profundamente alterada, ya no tiene influencia sobre los individuos, como sí puede tener, por ejemplo, en Cisjordania. Ante la renuncia del Estado frente a las organizaciones criminales, y para recuperar el control social, algunos proponen volver al método tradicional llamado sulha (conciliación). “Antes, cuando había un conflicto entre dos familias, los que resolvían los problemas eran los notables, sin tener necesidad de recurrir al derecho. Pero hoy el poder de esas personalidades está muy debilitado, y han pasado a ser parte de la mafia”, sostiene el doctor Ziad Khatib, psicólogo.

“El Estado debe implicarse. ¿Acaso no tenemos un gobierno, no somos ciudadanos de este Estado? El Estado tiene que garantizar nuestra protección”, insiste Oum Shawkat, quien creó un movimiento que reúne a las madres de víctimas de crímenes. En 2020, organizaron una marcha para alertar a las autoridades. Actualmente, Shawkat visita escuelas, donde relata su historia, con la esperanza de influir sobre los alumnos antes de que los contraten las organizaciones criminales. “Ellos también tienen madres, hermanos, una familia”, dice Oum. El nuevo gobierno, de extrema derecha, algunos de cuyos miembros supremacistas reclaman la deportación de los “árabes israelíes” que no sean leales al Estado judío, promete más represión, sin soluciones políticas. Para combatir la criminalidad, Itamar Ben-Gvir proyecta hacer intervenir al Shabak, los servicios de seguridad interior.

“No tenemos ninguna esperanza”, se lamenta el alcalde de Taibe. “Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich tienen a su cargo los asuntos más importantes del Estado: la seguridad interior y las finanzas. Y lo dicen abiertamente: ‘Vamos a construir colonias y a debilitar al sector árabe’”. El problema es más profundo, deplora Weaam Baloum: “La discriminación está integrada en las instituciones. Para detener todo esto, los palestinos deberían ser percibidos como ciudadanos de primera clase. Y eso no sucederá mientras el Estado se defina como Estado judío”.

2Djamel Belayachi, « Israel’s Arab community terrorised by rising crime and violence », France24, The Observers, 11 de octubre de 2022.

3Herb Keinon, « Attitudes toward crime in Arab sector changing among Jews, Arabs », Jerusalem Post, 22 de septiembre de 2021.

4Nine Years of Bloodshed. A Statistical Report on Homicide Cases among Arab Palestinians in Israel (2011–2019), Baladna/Centre for Trust, Peace and Social Relations (CTPSR), junio de 2020.

5Anna Aronheim, IDF weapons flooding the streets” , Jerusalem Post, 5 de octubre de 2021.