Diplomacia

Marruecos pasa a la ofensiva para doblegar a España en el Sáhara Occidental

Para el poder marroquí, cualquier forma de ejercer presión es buena para forzar al gobierno español a apoyar la solución propuesta por Rabat en el conflicto que lo opone al Frente Polisario.

Fnideq, 18 de mayo de 2021. La policía española trata de dispersar a miles de inmigrantes que han llegado a la frontera entre Marruecos y el enclave español de Ceuta para nadar o caminar con la marea baja desde las playas a pocos kilómetros al sur
Fadel Senna/AFP

El 25 y 26 de mayo de 2021, en Logroño, la capital de la región española de La Rioja, tres abogados presentaron una denuncia contra la entonces ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, y su jefe de gabinete, Camilo Villarino. Por pedido de Argelia, la ministra había autorizado la hospitalización en España de Brahim Gali, el líder del Frente Polisario, que reivindica la independencia del Sáhara Occidental, actualmente bajo control marroquí. Su jefe de gabinete se había encargado de la hospitalización. Gali, de 72 años, estaba enfermo de gravedad de COVID-19 y el 18 de abril de 2021 ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Pedro, una institución pública de la pequeña ciudad de Logroño.

Los demandantes eran Mourad Elajouti, portavoz del Club de Abogados Marroquíes; el sindicato español de extrema derecha Manos Limpias, cuyo líder, Miguel Bernald, ha sido condenado a cuatro años de prisión por extorsión y lavado de dinero; y Juan Carlos Navarro, un abogado de la ciudad de Valencia. Entre los clientes de Navarro figuran dos residentes en Valencia, el hombre de negocios hispano-marroquí Rachad Andaloussi Ouriaghli, y el exdiputado del PP Juan Vicente Pérez Aras, que desde hace mucho tiempo hablan maravillas de la monarquía alauita en la prensa local. Hace mucho tiempo que Navarro defiende a las presuntas víctimas saharauis del Polisario, pero sus denuncias nunca llegaron a buen puerto.

El juez de instrucción de Logroño consideró que no había ni prevaricación, ni encubrimiento, ni falsificación y uso de documentos falsos porque aunque Brahim Gali se había registrado en el hospital de Logroño con una identidad falsa, la ministra no era de ningún modo responsable. Si bien Gali obtuvo la nacionalidad española en 2006, llegó a España a través de la base aérea de Zaragoza a bordo de un avión oficial argelino y llevaba un pasaporte diplomático de ese país, pero a su nombre.

La ministra de Asuntos Exteriores pierde su puesto

El 26 de mayo, un cuarto abogado, Antonio Urdiales, residente en Torremolinos (Málaga), se dirigió a Zaragoza para hacer una denuncia por los mismos motivos ante el juez de instrucción Rafael Lasala, titular del juzgado número 7 de esa ciudad. Más receptivo, Lasala decidió emprender actuaciones judiciales, y en septiembre imputó por prevaricación, falsificación y uso de documentos falsos y encubrimiento a Arancha González y su jefe de gabinete, un diplomático de carrera.

Urdiales, que por su parte logró que el magistrado interrogara a varios funcionarios civiles y militares de la base aérea, del hospital y de la administración regional de salud de La Rioja, no tiene ningún cliente. “Yo soy mi propio cliente”, repite ante la prensa, y considera que él mismo ha sido perjudicado por la crisis entre España y Marruecos. Urdiales está casado con una mujer marroquí, tiene parte de su familia en Marruecos y se queja de que la interrupción del tráfico marítimo de pasajeros a través del estrecho de Gibraltar le impide viajar en ferri hasta Tánger. El tráfico está suspendido por razones sanitarias desde marzo de 2020, es decir, mucho antes de la crisis diplomática. Sin embargo, Urdiales se defiende y repite que no está comprado por el Majzén.

Los abogados del Estado español, que defienden a la exministra y a su jefe de gabinete, argumentan que Brahim Gali es español desde hace dieciséis años y que España no puede negar a sus ciudadanos el acceso a su territorio. Es cierto que Gali arribó a Zaragoza con un pasaporte diplomático argelino, pero el reglamento de Schengen prevé que las autoridades de los países miembros pueden otorgar excepciones de visas e incluso de control de documentación: eso es lo que ha sucedido con Gali. Por otra parte, las autoridades españolas acaban de solicitar al magistrado el cierre de la causa. Profesores de Derecho y jueces jubilados estimaron que González Laya y Villarino no se sentarán en el banquillo de los acusados porque penalmente no se les puede recriminar nada. Es posible que la causa se estire en el tiempo, y el abogado Urdiales solicitó al juez la comparecencia de Brahim Gali, que si fuera citado en España, se negaría a hacerlo.

Los abogados Urdiales y Navarro y los clientes de este último mantienen vínculos estrechos –familiares o de negocios– con Marruecos. Los procesos terminarían si las autoridades marroquíes les aconsejaran retirar sus denuncias. Pero nada de eso ha sucedido, y la prensa marroquí –en particular la más cercana al poder– se regodea maliciosamente describiendo todos los detalles de las decepciones judiciales de la exministra de Asuntos Exteriores.

Sin embargo, no fue ella quien tomó la decisión de recibir a Gali por “razones humanitarias”, sino el jefe del gobierno, Pedro Sánchez. Después de todo, Gali no es el primer dirigente del Polisario en ser atendido en un hospital español. González Laya pasó a ser la oveja negra para las autoridades marroquíes, y Sánchez la expulsó de su gobierno tras la reforma del Ejecutivo de julio de 2021. Sin duda lo hizo para apaciguar a Marruecos y facilitar la reconciliación. Totalmente en vano.

Una guerrilla mediática

Las represalias contra González Laya recuerdan aquellas que la Dirección General de Estudios y Documentación (DGED), los servicios secretos marroquíes, ejercieron directamente en 2008 contra el ex jefe del gobierno José María Aznar, que sin embargo había dejado el poder cuatro años antes. Aznar le había propinado una derrota estrepitosa a Marruecos en julio de 2002 al expulsar del islote de Perejil a los marinos marroquíes que se habían instalado allí.

“Rachida Dati embarazada de Aznar”: ese fue el título de la portada del semanario L’Observateur de Marruecos, perteneciente al grupo de prensa Global Media Holding, de Ahmed Charai. Para darle veracidad a esa falsa noticia, la revista de investigación Interviu recibió en ese mismo momento una serie de fotos donde se veía a Aznar besando a Dati en la mejilla al salir de un restaurante parisino. Aznar presentó una denuncia por difamación contra Ahmed Charai, que fue condenado en 2011 en España a pagar una indemnización de € 90.000. Una serie de documentos publicados en Twitter en 2014 revelan que Charai era un estrecho colaborador de la DGED, algo que confirmó el fallo de un tribunal de Madrid un año más tarde.

El recibimiento de Gali en España en abril de 2021 fue el punto culminante de la crisis entre Madrid y Rabat, pero la disputa había comenzado mucho antes, el 10 de diciembre de 2020. Ese día, el presidente norteamericano Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Y ese mismo día, las autoridades marroquíes invocaron el COVID-19 para postergar hasta nuevo aviso la cumbre prevista con el gobierno español, que debía celebrarse el 17 de diciembre. Sin embargo, el poder ejecutivo español acababa de participar en dos cumbres, con Portugal y con Italia, sin que se registrara ningún contagio.

El arma de los inmigrantes clandestinos

Desde entonces, Rabat no deja de hostigar a su vecino del norte. La tensión llegó a su nivel más alto el 17 y 18 de mayo de 2021, cuando 10.000 inmigrantes mayoritariamente marroquíes (de los cuales un quinto eran menores) irrumpieron en la ciudad de Ceuta (85.000 habitantes). Según varios testimonios, las fuerzas del orden marroquíes los habían incentivado a llegar a nado desde la playa de Fnideq, luego de que entre los adolescentes circulara el rumor de que en la ciudad española podrían encontrar a grandes jugadores de fútbol, empezando por Lionel Messi. Dos inmigrantes se ahogaron durante el cruce y un tercero murió al caer de una pared.

Las relaciones bilaterales estuvieron marcadas por otros episodios anteriores y posteriores a esa ola migratoria. En mayo de 2021, la embajadora de Marruecos en Madrid, Karima Benyaich, fue llamada para consultas y hoy, nueve meses más tarde, sigue sin retomar su cargo. Los cinco puertos andaluces por donde transitan los 3 millones de inmigrantes marroquíes que vuelven a su país luego de las vacaciones fueron boicoteados en el verano de 2021 por las autoridades de Marruecos. “Una pérdida enorme para los puertos españoles excluidos de la operación”, tituló en junio el diario digital marroquí Le 360.

Desde marzo de 2021, las repatriaciones de inmigrantes irregulares, que sin embargo se efectuaban a cuentagotas, están prácticamente suspendidas, y el flujo migratorio sigue desbordando a las islas Canarias. Allí desembarcaron más de 22.000 indocumentados en 2021, y en los primeros 45 días de este año, la cifra aumentó un 116% respecto al mismo período del año pasado, informó el Ministerio de Interior español. Las 340 barcazas que entre el 1º de enero y el 15 de febrero transportaron a 4.753 harraga –de los cuales el 8% eran menores– se hicieron a la mar desde el Sáhara Occidental y el sur de Marruecos, excepto una, que zarpó de Senegal, según informó la policía española. Las autoridades del archipiélago ya tienen bajo su tutela a 3.000 menores de origen marroquí. Cinco días antes de que se publicaran estas cifras, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, seguía elogiando la cooperación marroquí en materia de inmigración.

El último pico de tensiones se remonta a fines de diciembre de 2021, cuando el Ministerio de Salud marroquí se despachó con un comunicado en el que acusaba a España de enviar a Marruecos pasajeros infectados de COVID-19 porque no realizaba correctamente los controles sanitarios en los aeropuertos españoles. No obstante, ningún otro país se quejó del presunto laxismo en las verificaciones sanitarias en España.

El tono conciliador de Madrid

Paciente y a la vez resignado, el gobierno español no dejó de tender la mano al marroquí, excepto durante las semanas posteriores a la “invasión” pacífica de Ceuta. Pedro Sánchez describe a Marruecos como un “socio estratégico” con quien desea mantener las mejores relaciones. Sánchez llegó incluso a pedir la intervención del rey Felipe VI. En su discurso de enero dirigido al cuerpo diplomático, el monarca invitó solemnemente a Marruecos a “caminar juntos para materializar una nueva relación”.

Estas palabras bondadosas estuvieron acompañadas de gestos concretos. En octubre, España fue el primer Estado miembro en anunciar que se debía apelar los dos fallos del Tribunal General de la Unión Europea que invalidaban los acuerdos de asociación y de pesca entre Bruselas y Marruecos porque incluían al Sáhara Occidental. En noviembre, la Comisión Europea y el Consejo de Ministros de la UE presentaron un recurso ante el Tribunal de Justicia, la instancia jurídica superior.

Más importante aún, Madrid aceptó compensar el déficit energético que padece Marruecos luego de que el presidente argelino Abdelmadjid Tebboune ordenara a fines de octubre de 2021 terminar con el contrato del gasoducto que pasa por Marruecos y conecta Argelia con España. Marruecos percibía derechos de tránsito (entre 50 y 200 millones de euros por año) y compraba en total 1.000 millones de m3 de gas argelino que destinaba a una central eléctrica en la región del Oriental. Desde noviembre, españoles y marroquíes se pusieron de acuerdo en secreto para explotar el gasoducto en el sentido norte-sur, lo cual requiere algunos cambios técnicos. Marruecos carece de terminal metanera y comprará gas natural licuado (GNL) sin duda proveniente de Estados Unidos, que será desgasificado en España antes de pasar al gasoducto, informó la ministra de Transición Energética marroquí, Leila Benali.

Tensiones con Europa

¿Qué busca entonces Rabat al presionar a su vecino español? El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Nasser Bourita, ya lo dio a entender en enero de 2021, cuando llamó a Europa a “salir de su zona de confort” y seguir el ejemplo del presidente norteamericano Donald Trump. El rey Mohamed VI fue más explícito en su discurso del 6 de noviembre de 2021, en ocasión de la conmemoración de la Marcha Verde, que permitió que Marruecos se apropiara del Sáhara en 1975. “Ahora tenemos derecho a esperar de nuestros socios posturas más atrevidas y claras en relación a la cuestión de la integridad territorial del Reino. (…) La marroquinidad del Sáhara jamás se planteó ni se planteará en ninguna mesa de negociación”. En otros términos, Marruecos no hará negocios con quienes no reconocen que el Sáhara le pertenece. Es más, incluso está dispuesto a pelearse, a juzgar por la forma en que trata a España.

Esta presión continua de Rabat dio sus frutos con Alemania, con quien Marruecos entró en crisis en marzo de 2021, con el Sáhara como telón de fondo. Es cierto que el embajador alemán ante Naciones Unidas, Christoph Heugen, había declarado en diciembre de 2020, justo después del anuncio de Trump, que el Sáhara Occidental era un territorio “ocupado”, algo que ningún diplomático español jamás se atrevería a afirmar en público. Luego de un tira y afloja, en diciembre Berlín finalmente reconoció, en un texto publicado en el sitio web de su ministerio de Asuntos Exteriores, que la oferta de autonomía marroquí era una “contribución importante” para resolver el conflicto. Recién entonces Rabat reanudó las relaciones con Berlín. Para Marruecos es mucho más importante que España diera ese mismo paso, porque se trata de la antigua potencia colonial y es escuchada a este respecto. La diplomacia marroquí piensa que si Madrid llegara a respaldar abiertamente su tesis de la “marroquinidad”, la Unión Europea seguiría sus pasos. Pero el gobierno español no modificó ni un ápice su postura sobre la cuestión. En su discurso en Naciones Unidas, en septiembre de 2021, Pedro Sánchez defendió una “solución mutuamente aceptable”, sin hacer concesiones a Marruecos.

Sin embargo, por debajo de la mesa España ayuda a Marruecos, no solo apoyando los recursos contra los fallos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En 2007, cuando las autoridades marroquíes presentaron su oferta de autonomía para el Sáhara, el embajador español en Marruecos, Luis Planas, propuso apuntalarlo con la ayuda de prestigiosos juristas españoles. Seis años después, España y Francia hicieron causa común en Nueva York para impedir que el entonces secretario de Estado norteamericano, John Kerry, modificara el mandato de la Misión de Naciones Unidas para la organización de un referendo en el Sáhara Occidental (MINURSO) otorgándole competencias en materia de vigilancia de los derechos humanos, a lo cual se oponía Rabat.

Para las autoridades marroquíes, esa ayuda discreta no fue suficiente. A pesar de la presión migratoria que aterroriza a los sucesivos gobiernos españoles, Madrid se mantiene firme en su posición respecto al Sáhara. Y no es que España sea fiel a sus principios, sino que más bien la mortifica un temor: cuando Marruecos termine con el Sáhara, pondrá su atención en Ceuta y Melilla, las dos ciudades españolas enclavadas en la costa de África del Norte.