Unos días antes de las celebraciones del centenario del Estado jordano, el país está en el primer plano de la actualidad, no por esta conmemoración, sino por sacar a la luz sus fallas internas. Los medios de comunicación internacionales se han apasionado por la historia de un presunto complot contra el rey Abdalá II, supuestamente orquestado por su medio hermano, el ex príncipe heredero Hamza Ben Hussein, y otros miembros de la Corte Real. Con el apoyo de un «actor externo» nunca nombrado. El acontecimiento a veces se presenta como un episodio de Juego de Tronos con dos hermanos enemigos en una lucha por el poder. La crisis abierta por la ola de detenciones dentro de un reino a menudo descrito como una "isla de estabilidad” en la región revela, sin embargo, mucho más de la escena política jordana que una simple disputa familiar.
Las críticas de la clase gobernante
Los videos que el príncipe Hamza hizo llegar al canal de la BBC a través de su abogado llevaron al reino hachemita al centro de la atención internacional. La crisis política ocurrida el fin de semana del 3 y 4 de abril de 2021 representa un momento inédito de cuestionamiento al poder por parte de figuras centrales de la realeza. El ex príncipe heredero, particularmente apreciado por la población y bien integrado en los círculos críticos del régimen, ya había expresado públicamente sus posiciones. En 2018, por ejemplo, criticó abiertamente al gobierno en Twitter después de la aprobación de una nueva ley fiscal particularmente cuestionada.
Usando hábilmente el árabe diario de la gente en Jordania en lugar del idioma de las intervenciones oficiales, el príncipe Hamza en su intervención niega cualquier participación en un complot para desestabilizar al régimen. Sin embargo, se coloca del lado de una población cuya voz quiere que se escuche. Denuncia la corrupción y la incompetencia de la estructura gubernamental y señala la falta de confianza de las y los jordanos en sus instituciones. Sobre todo, subraya el aumento de la represión contra todas las formas de protesta política. Tales comentarios, hechos en el espacio público, parecieron romper la imagen de un país estable y “democrático” así como la de una corte real y una familia unidas.
Más allá del discurso del príncipe, esta crisis no tiene precedentes ya que involucra a una coalición de actores cuyos vínculos entre sí son difíciles de entender. La proximidad del príncipe Hamza y Bassem Awadalá no es obvia. Awadalá, exministro de finanzas y expresidente del Tribunal Real, está acusado de corrupción y visto como una de las puntas de lanza de las políticas de privatización en el país. Los hechos no tienen precedentes, porque el complot en cuestión, así como las acusaciones del príncipe Hamza, apuntan directamente al rey Abdalá II. Sin embargo, las críticas al monarca se consideran una línea roja, como recordó el presidente del Senado, Faiçal Al-Fayez. Este episodio aparece así como un momento de pérdida de prestigio de la familia real. Las oposiciones y desencuentros internos se exponen a plena luz del día, en un video filmado por el propio príncipe desde su teléfono móvil, contrastando con la solemnidad que normalmente rige las apariciones y los discursos públicos de los miembros de la dinastía hachemita.
Sin embargo, la novedad de la crítica al poder debe ponerse en perspectiva. Si su formulación en público por miembros de la familia real es una novedad, ya ha sido utilizada durante muchos años por actores -partidos de oposición, sindicatos, medios de comunicación- fuertemente reprimidos por las autoridades.
Pérdida de prestigio de la familia real
La monarquía hachemita goza de una imagen reformista en la región, que sugiere que la vida política ha estado inmersa en una progresiva democratización desde la década de 1990. La observación de los raros espacios de protesta muestra, sin embargo, que han sido objeto de políticas represivas cada vez más severas y visibles desde 2011. Para proteger la «estabilidad» y la «seguridad», erigidas en prioridades nacionales, el poder controló y debilitó las fuerzas políticas de oposición y las fuerzas intermedias.
En los últimos años, tres ejemplos han ilustrado esta represión de la protesta para favorecer el discurso oficial. En septiembre de 2019, el sindicato de maestras y maestros, la organización profesional independiente más grande del país, organizó una huelga nacional para exigir un aumento salarial. Apoyado por la mayoría de la población, el sindicato paralizó el país durante un mes antes de llegar a un acuerdo con el gobierno de turno. Los aumentos salariales finalmente no se otorgaron y, ante las protestas, el gobierno decidió en julio de 2020 cerrar definitivamente el sindicato por decisión judicial, antes de arrestar a más de mil de sus afiliados.
En paralelo, la principal fuerza política de la oposición fue atacada directamente por el poder durante el verano de 2020. En medio de la crisis del Covid-19, el Tribunal de Casación decidió disolver la Hermandad de los Hermanos Musulmanes. En 2015, uno de los miembros de su rama política ya había sido detenido en virtud de la ley antiterrorista, por haber “dañado las relaciones de Jordania con un país extranjero” (art. 3).
Finalmente, los medios de comunicación han sido particularmente blanco de la creciente represión. Hasta ahora, las y los periodistas estaban acostumbrados a un control más sutil por parte de las autoridades, que despedían a quienes cruzaran las líneas rojas retirándoles sus tarjetas de prensa. No quedó ninguna duda sobre los límites del llamado pluralismo jordano cuando el gobierno cerró más de 250 webs de noticias en 2013 por razones administrativas, o arrestó al renombrado dibujante Emad Hajjaj en 2020 por una caricatura en la que criticaba la normalización entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.
La actual crisis en el corazón del poder no ha hecho sino ilustrar la censura que pesa sobre los medios. Como ocurre con todo acontecimiento sensible en el reino, los principales medios de comunicación tardaron varios días en reaccionar al discurso oficial, dejando que los rumores corrieran desenfrenados en las redes sociales. En un intento por poner fin a la crisis, el fiscal general de Ammán decidió entonces la «prohibición de publicación» (gag order, orden de mordaza) que impide que cualquier medio o ciudadano común evoque el caso, especialmente en las redes sociales. Como resultado, toda la prensa local está sujeta a «un único relato que no puede ser verificado ni cuestionado».
Fragilidad del poder
A primera vista, esta crisis parece ir en la dirección de un debilitamiento del régimen. De hecho, se produce en un momento en el que éste se enfrenta a una serie de desafíos. En particular, desde 2018, el gobierno se ha enfrentado a un contexto de movilizaciones sociales y críticas a la represión llevada a cabo contra la oposición. El 24 de marzo de 2021, decenas de personas que se manifestaban fueron arrestadas cuando celebraban el aniversario de la “primavera” de Jordania y pedían nuevas reformas políticas.
Jordania también está atravesando una grave crisis económica, reforzada por la epidemia de Covid-19 que actualmente causa más de 100 muertes al día. Casi el 35 % de las y los jóvenes de entre 18 y 25 años están desempleados y más de 40.000 personas fueron encarceladas por impago de sus deudas en 2019. La epidemia también está alimentando la ira de la población. En marzo, una escasez de oxígeno provocó la muerte de 7 pacientes en el hospital de Salt, dando lugar a una concentración de varios cientos de personas para denunciar esta tragedia y la mala gestión de la crisis sanitaria por gobierno.
Esta impresión de una repentina fragilidad o debilitamiento del poder no es nueva y la imagen de una Jordania «en el alambre» está pegada a la piel del reino desde hace varias décadas. Sin embargo, el régimen jordano sigue demostrando su resiliencia y su capacidad para controlar el alcance de las movilizaciones de protesta. Así ocurrió durante los levantamientos de 2011, las manifestaciones de 2018 o las movilizaciones lideradas por el sindicato de docentes desde 2019. Hoy la crisis política puede volver a leerse como una demostración de fuerza del poder. Si el domingo 4 de abril se publicó una grabación en la que el príncipe Hamza aseguraba que no obedecería las órdenes del Jefe de Estado Mayor, al día siguiente firmó una declaración de fidelidad a su medio hermano el rey Abdalá II. Este caso también permitió a los servicios de inteligencia demostrar una vez más su eficiencia y su capacidad para vigilar a cualquier posible oposición.
De manera más general, este acontecimiento arrojó indudablemente luz sobre la arquitectura del poder en Jordania. Éste parece más que nunca estructurado en torno a dos polos, la Corte Real y los servicios de seguridad. A las cámaras alta y baja del Parlamento, así como a los miembros del gobierno, solo les quedó prestar su apoyo y jurar lealtad al rey, mientras que el «cuarto poder» conocía una vez más un episodio de censura oficial.
En definitiva, los comentarios que hacen de la crisis jordana un nuevo episodio de Juego de tronos ayudan a cultivar la imagen tradicional de un juego político que se limitaría a la Corte Real. Si bien todavía es difícil prever los efectos de esta crisis, conviene hacer dos observaciones principales. Primero, los videos publicados por el príncipe Hamza dan lugar a una liberación de la palabra. En las redes sociales en particular, mucha gente pide reformas políticas y económicas y critica la última declaración del rey destinada a poner fin a la crisis. Luego, esta crisis política dañó la imagen de un socio estable y democrático, descrito por primera vez a través de su prisma autoritario.