La puerta lateral de la furgoneta policial se cierra con los cuatro hombres a bordo, todos con la gorra atornillada a la cabeza y una pequeña mochila en brazos. Esta mañana del 21 de agosto de 2024 se despliega en la frontera la escena habitual que, desde hace años, se repite interminablemente. Son las 10 de la mañana y el control duró poco más de un cuarto de hora, bajo un calor que ya resulta abrasador. Un agente al volante enciende el motor y los vehículos serigrafiados restantes arrancan a toda velocidad por la ruta que los lleva de regreso a Hendaya. En pocos segundos, el puente de Behobia, que conecta Francia y España, recobra la tranquilidad usual, con una multitud de residentes fronterizos que vienen a comprar cigarrillos y botellas de alcohol a precios económicos.
En 2023, unas 40.000 personas en busca de refugio ingresaron a España por las Islas Canarias, que se han convertido en la primera puerta de ingreso a Europa, tras el endurecimiento de la política migratoria italiana y el refuerzo de los controles en el mar Mediterráneo. Y el año 2024 podría romper todos los récords. En agosto, hasta el propio primer ministro español, Pedro Sánchez, realizó una gira por Mauritania, Senegal y Gambia para intentar encontrar soluciones en colaboración con los países de partida para reducir la cantidad de travesías. El 27 de agosto, el presidente del Gobierno de España recordó desde Mauritania la importancia de las rutas seguras y de una recepción digna para las personas exiliadas, una posición que contrasta con el resto del paisaje político europeo, que, en su mayoría, aboga por endurecer las fronteras. Cada año, miles de personas pierden la vida en travesías demasiado arriesgadas a lo largo de la ruta atlántica, pero resulta casi imposible obtener la cifra precisa. En los cinco primeros meses del año 2024, sin embargo, la ONG española Caminando Fronteras ha contabilizado cinco mil fallecimientos.
Un millón de regularizaciones
Esta mañana, en Irún, una pequeña ciudad del país vasco del lado español, una decena de voluntarios se congregan en la plaza San Juan para orientar a las personas que llegan. Poco después del control y arresto de los cuatro jóvenes bajo un sol radiante, Garbi despliega apresuradamente, como cada mañana, una mesa y tres grandes bancos. Hace seis años que, junto con su grupo “Irungo Herrera Sarea” (la red Herrera de Irún), intenta informar a las personas en tránsito sobre sus derechos, tanto en España como del otro lado del Bidasoa, el río que marca la frontera con Francia:
Durante los primeros meses de 2018, llegaban a la plaza entre 60 y 70 personas por día, y desde mi ventana veía a todos esos jóvenes desorientados. Junto con varios amigos nos dijimos que era imperioso hacer algo.
A su lado, Modi, de unos veinte años, lo escucha atentamente. Llegó hace varios meses de Senegal, cruzó la frontera con Francia y subió hasta París, donde sus semanas de errancia al poco tiempo se convirtieron en largos meses de sufrimiento. Al cabo de cinco meses, el joven decidió volver sobre sus pasos e instalarse en España, donde ahora aprende la lengua y está en vías de regularizar su situación. A diferencia de Francia, España promueve desde hace años una verdadera política voluntarista en materia de recepción. En abril de 2024, el Parlamento español aprobó una iniciativa popular destinada a regularizar a casi un millón de personas indocumentadas presentes en el país, facilitando así su acceso a la nacionalidad y a los mismos derechos que los españoles. “Hemos comprobado que era más simple y, sobre todo, menos largo, emprender el camino de la regularización desde este lado de la frontera”, comenta Guillermo, que desde 2018 también participa de la recepción de migrantes:
Los jóvenes que arriban a España pueden llegar a tener un permiso de residencia y de trabajo en dos años promedio, y eso es lo primero que les explicamos cuando llegan a la plaza y nos comentan su deseo de cruzar la frontera para ir a radicarse en Francia.
Para las personas exiliadas presentes en la frontera, originarias en su mayoría de países francófonos, Francia es su objetivo primero, un país donde suelen tener conocidos o miembros de su familia.
En octubre de 2024, tras varios años de clausura, reabrieron los puentes que conectan Francia y España. En un primer momento habían cerrado debido a la pandemia de Covid 19, pero se decidió prolongar su clausura para “hacer frente al riesgo terrorista y luchar contra la inmigración ilegal”, había manifestado la entonces ministra de Asuntos Exteriores de Francia, Catherine Colonna. Esa justificación fue denunciada una y otra vez por las organizaciones vascas de defensa de los derechos de las personas exiliadas. En marzo de 2022, tras la desaparición de un hombre que intentaba cruzar el río Bidasoa, los miembros del grupo local de la asociación Bidasoa-Etorkinekin (Bidasoa – Con los inmigrantes) declararon:
Denunciamos una vez más la cacería de los migrantes en nuestro territorio y denunciamos firmemente el ensañamiento de la policía, la gendarmería y el ejército, que persiguen incesantemente a estas personas, que se ven obligadas a tomar cada vez mayores riesgos para cruzar y avanzar en su camino en busca de una vida mejor.
“Infundir temor a los militantes para desalentar a los otros”
Para los habitantes solidarios, los años de clausura de las fronteras terrestres fueron los más represivos para las personas exiliadas y sus defensores. En agosto de 2024, tres de ellos se sentaron a la mesa en una casa típica del País Vasco francés, en Urrugne. Eñaut, Camille y Fernand viven cerca de la frontera y los tres sufrieron la represión del Estado francés por brindar apoyo a las personas exiliadas. Como muchos otros, un día abrieron la puerta de su casa o de su automóvil por necesidad. “Un día, cuando volvía a casa, vi a varias personas al costado de la ruta. No sabía quiénes eran, ni qué cosas tenía yo el derecho de hacer o no”, recuerda Camille. “Las primeras veces, simplemente les daba explicaciones, les indicaba el camino que debían tomar para subir hacia Bayona, parecían perdidos.”
Pero el 12 de octubre de 2021, Camille vivió en carne propia un drama que marcó a la región. Su pareja, Micka, es maquinista en la SNCF (Sociedad Nacional de Ferrocarriles Franceses). A eso de las cinco de la madrugada, la locomotora que precedía la de Micka atropelló a cuatro personas. En el accidente fallecieron tres hombres de nacionalidad argelina y otro, gravemente herido, sobrevivió. Esa misma noche, la pareja divisó a un hombre solo caminando al costado de la ruta. Así fue como conocieron a Seydouja, originario de Senegal. “Esa noche lo recibimos en casa, para que descansara. Estaba raquítico y quería llegar a París, para encontrarse con un tío”, recuerda Camille. “Luego lo llevamos en coche hasta Bayona, donde abrió sus puertas el centro Pausa y pudo hospedarse allí 0algunos días.”
En ese momento, en la frontera se intensificaron los controles de la policía, la gendarmería y el ejército. “En la parada de ómnibus de Croix des Bouquets, paso obligado hacia Bayona, podía llegar a haber hasta seis controles por día. Los policías hacían que los pasajeros del ómnibus se bajaran para verificar que tuvieran la documentación en regla”, explica Eñaut, mientras toma un café. “Si no tenían papeles, los llevaban directamente hasta la frontera, sin pasar por la comisaría.” Para ayudar a los caminantes, se creó un grupo de emergencias en WhatsApp en el que los habitantes indican si hay personas en dificultades. “Cuando la policía me detuvo por primera vez, acababa de llegaba al lugar donde mi hijo había visto a trece mujeres caminando bajo un diluvio”, relata Fernand, gerente de una empresa cooperativa de producción (SCOP) ya jubilado:
Enseguida, los policías se mostraron muy agresivos, porque yo iba a llevar a algunas personas hasta Bayona. Pero tenía la conciencia tranquila: aunque tuviera el derecho o no, de todas maneras, lo iba a hacer.
Como en otras fronteras, en particular la de Paso de Calais o cerca de Italia, las fuerzas del orden intentan encontrar cualquier defecto en el vehículo para justificar una contravención, pero en el caso de Fernand, terminaron yéndose con las manos vacías. Fernand no se replantea nada:
En ese entonces, muchos pasaban por la montaña y llegaban perdidos de este lado de la frontera. Cuando uno ayudas por primera vez, ya no puedes detenerte, porque no tiene sentido detenerte.
Con el paso del tiempo, los controles empezaron a estar dirigidos contra los habitantes solidarios. Una tarde, cuando llevaba a dos jóvenes en su coche, Camille fue detenida y llevada a la comisaría. “A los policías les dije que a las personas que hacen dedo no suelo pedirles documentos”, ironiza, con una sonrisa, la militante. Unas horas más tarde, recibió una amonestación judicial.
Escuchas telefónicas
La tarde del lunes 20 de marzo de 2023, la represión tomó un cariz totalmente diferente. En el grupo de emergencia de Whatsapp, militantes informaron a Fernand sobre la presencia de tres jóvenes en el centro de Hendaya que deseaban llegar hasta el centro Pausa, en Bayona. Cuando el voluntario de Bidasoa Etorkinekin llegó al lugar, un vehículo blanco que lo venía siguiendo desde hacía varios kilómetros se detuvo y bajaron tres hombres. En pocos minutos, Fernand fue esposado y trasladado “con las sirenas al máximo, a 180 km/h por la ruta” hacia las instalaciones de la Policía de Aire y Fronteras (PAF). Al atardecer, el militante es sometido a prisión preventiva por “infracción por asistencia al ingreso, circulación y estadía irregular de extranjeros en Francia, cometido en banda organizada y con la participación de una asociación de delincuentes con vistas a cometer un delito”. Su automóvil fue inspeccionado y los policías solo encontraron un plano de Bayona. Por instrucción del fiscal, el jubilado fue privado del derecho de darles noticias a sus allegados. Y con razón: al amanecer del día siguiente, su domicilio fue allanado, y su esposa, Martine, así como su cuñada, que vive en la casa vecina, también fueron interrogadas y mantenidas en prisión preventiva. Durante los interrogatorios, Fernand se enteró de que la investigación estaba en marcha desde el mes de julio del año pasado:
En esos siete meses escucharon mis conversaciones telefónicas, vigilaron mi auto con GPS y a veces siguieron de cerca mis movimientos con equipos de espías.
Para Eñaut, el objetivo es claro y declarado: “Quisieron infundir temor en los militantes y disuadir a los otros de seguir adelante”. Un año después de su arresto, Fernand y Marine recuperaron los teléfonos secuestrados, aunque no les dieron ninguna explicación.
Pero el 16 de septiembre, siete personas, Fernand incluido, recibieron una citación policial. La Oficina francesa de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Migrantes (OLTIM) los convocó el 2 de octubre para una audiencia “en el marco de una investigación por asistencia al ingreso y la estadía irregular en banda organizada”. Les reprochan una acción de desobediencia civil efectuada el 14 de marzo por unas veinte asociaciones y colectivos de lucha por la defensa de los derechos de las personas exiliadas. Ese día se realiza la tradicional Korika, una popular carrera cuyo objetivo es la promoción de la lengua vasca. Durante el evento, ciudadanos y miembros de las asociaciones corrieron junto con las personas indocumentadas. Treinta y seis lograron atravesar la frontera sin ser detenidos por las autoridades francesas. El prefecto, que había anunciado la apertura de una investigación, no se limitó a lanzar amenazas. El 2 de octubre, Fernand y los otros seis hicieron uso de su derecho al silencio frente a los investigadores. Deberán comparecer ante el tribunal el 25 de enero de 2025, cuando serán escuchados por los jueces de la causa.
Un compromiso ciudadano, asociativo, político e histórico
Ya a fines de 2018, en Bayona, los ciudadanos alertaban a los poderes públicos sobre esa nueva ruta migratoria y les exigían una recepción digna en su ciudad. La alcaldía escuchó sus reivindicaciones y abrió un centro llamado Pausa para hacer frente a la llegada de personas en tránsito por la ciudad. El propio alcalde, Jean-René Etchagaray, lo calificó de centro “alegal”. Desde la apertura del edificio, que en otra época perteneció al ejército, han pasado unas 35.000 personas indocumentadas que encontraron allí, durante algunos días, descanso y seguridad. A un centenar de metros de distancia, en un local cercano a los muelles, Lucie Bortayrou, presidenta del colectivo Diakité, que durante mucho tiempo participó en el centro, analiza estos intensos años de trabajo:
Éramos cerca de 700 adherentes y 200 miembros activos. La ola de solidaridad fue impresionante. Desde la apertura del centro, la alcaldía se ocupaba del almuerzo y los voluntarios de la cena, funcionaba bien. Había médicos y enfermeros voluntarios que brindaban ayuda. Es difícil de creer, pero en 2019 pasaban más de mil personas por mes.
Actualmente, si bien las llegadas son menos visibles debido a la reapertura de la frontera, el local de Diakité sigue ofreciendo un albergue de día para decenas de jóvenes provenientes de la frontera que duermen en el centro Pausa. Para Lucie, la solidaridad, más allá de la cuestión humanitaria, toca una vena bien vasca:
Cuando cerraron los puentes, todos los vascos se rieron. ¿Creían que iban a bloquear una frontera cerrando dos puentes? Se nota que no nos conocen. Para nosotros, la recepción de personas en busca de un refugio es una manera de ser, está en nuestro ADN. Hace unos años, teníamos al fascismo a diez kilómetros de casa. Las historias de la huida de los portugueses, de los españoles, también forman parte de nuestra historia. Cuando abrió el centro Pausa, si bien lo podían criticar por el lado de “te damos un techo, una comida y luego vete”, no surgió, como en otros lugares de Francia, una animosidad particular, más bien al contrario. No hubo manifestaciones, ni insultos, ni grafitis. Y eso dice mucho sobre nuestro territorio.
Si bien la lucha por una recepción digna es realizada por los habitantes, también es apoyada activamente por representantes públicos locales. En su oficina, el alcalde de Urrugne (Abertzale), Felipe Aramendi, recuerda los primeros cruces que tuvo que enfrentar junto con su equipo. “Los controles policiales eran extremadamente importantes, pero en nuestra calidad de representantes públicos, no podíamos quedarnos de brazos cruzados”. La primera decisión de la ciudad fue abrir su Centro Comunal de Acción Social (CCAS):
Los ciudadanos estuvieron maravillosos. Muchos trajeron frazadas, vinieron a hacer de comer o a tomar la posta para servir té o café. El objetivo era ofrecerles a las personas de paso un lugar donde tranquilizarse y descansar antes de volver al camino hacia Bayona y el centro Pausa.
Danielle Baron, que trabaja junto al alcalde como asistente en asuntos sociales, destaca la dedicación del Centro Comunal de Acción Social (CCAS): “También creamos una red de hospedadores solidarios. Cuando el centro Pausa no podía alojar a alguien la misma noche en que llegaba, hacíamos que esa persona se hospedara en las casas de los habitantes voluntarios”. El 26 de agosto de 2022, un grupo de jóvenes que habían encontrado refugio en la iglesia de Urrugne fueron interrogados por la policía. Entrevistado por nuestros colegas de la publicación Sud-Ouest, el alcalde denuncia terminantemente esas detenciones: “en un lugar público, que pertenece a la colectividad pública, uno puede sentirse consternado y molesto por esa forma de actuar”. También él dice que la historia vasca está atravesada por ese sentimiento de recepción incondicional. Sonríe:
Mi madre solía contarme la historia de sus padres, que, en las décadas de 1960 y 1970, les abrían la puerta a portugueses que huían de la dictadura. Cuando comían, ni ella ni sus once hermanos y hermanas se servían en primer lugar. Sus padres recibían al extranjero y lo servían primero.
“Yo misma crecí con la recepción de los antifranquistas”, recuerda Danielle, “y para nosotros, es una forma de normalidad, lo que hacemos no tiene nada de excepcional”.
Pero para los representantes públicos como para los militantes, hay una cuestión que persiste, y sin duda será una de las más importantes de los próximos años, en un país donde las decisiones en materia de inmigración tienden al cierre de la frontera y la no recepción. “La gente acepta las decisiones políticas de asistencia en casos de emergencia. ¿Pero cómo podemos acompañar en la radicación, para que no seamos solamente una tierra de tránsito, sino también de recepción? Eso no será tan simple”, comenta la asistente en asuntos sociales.