“Ocurrió a las cuatro de la mañana. Golpearon la puerta de casa varios policías armados. Me detuvieron sin dejarme cambiar de ropa, sin dejarme tranquilizar a mi familia”, explica Bilge, una estudiante de 22 años que prefiere no revelar su nombre real.
En ese momento no sabía por qué me detenían, pensé que quizás fue por un tuit crítico con el gobierno, pero me detuvieron por participar en una protesta. En la manifestación querían dispersar la calle y no nos fuimos. Me acusaron de resistencia a la autoridad.
Bilge es una de las centenares de personas detenidas en los últimos meses en Turquía, cuyo arresto sigue un patrón cada vez más común: participa en una protesta no permitida por las autoridades donde interviene la policía dispersando el encuentro. Días o semanas después las fuerzas de seguridad llevan a cabo redadas en varios domicilios para detener a los manifestantes. Unos ingresan en prisión preventiva, otros son puestos en libertad a la espera de juicio.
Según varios abogados consultados por este periódico, el denominador común es la arbitrariedad. “Durante las protestas graban a los manifestantes y luego analizan los vídeos. Usan unidades especiales de la policía, un gran despliegue de fuerza y los jueces dicten prisión preventiva, a pesar de que no hay evidencias de que los detenidos vayan a huir”, explica Dilancan Ates, representante de la Asociación de Abogados Progresistas (ÇHD). “Todas estas acciones se enmarcan en un intento de intimidar y desalentar a la oposición en su conjunto, porque no tiene ningún tipo de explicación legal”, señala. Ates lleva la defensa de un caso con decenas de detenidos en sus domicilios tras acudir a una protesta.
“Como si estuvieran deteniendo a un importante criminal”
El 2ndo de abril de 2024, miles de personas protestaron en las calles de varias ciudades de Turquía porque las autoridades no reconocieron el mandato de Abdullah Zeydan, un candidato del partido prokurdo DEM, que ganó las elecciones locales en la ciudad de Van. El 15 de mayo la policía detuvo a 31 de los manifestantes en sus domicilios -en su mayoría en la ciudad de Esmirna- de los cuáles nueve ingresaron en prisión preventiva a la espera de juicio, acusados de resistencia a la autoridad. “Los más jóvenes son los que han ingresado en prisión preventiva, creo que su arresto es un acto de precaución para que no vuelvan a la calle, como una especie de castigo”, explica Sena Yazibagli, otra de las abogadas del caso. “Aún así la policía envía a equipos de la unidad antiterrorista a sus casas, aparecen de madrugada con máscaras, en un gran operativo como si estuvieran deteniendo a un importante criminal”, describe.
La familia de un detenido me dijo: ‘No importa el resultado del juicio, ya hemos sido castigados porque cuando regresemos a casa, los vecinos nos van a mirar como si fuéramos terroristas’”, y añade: “¿Si no son terroristas, entonces por qué entran en las casas apuntándolos con pistolas?, creo que intentan asustar a los jóvenes para que se lo piensen dos veces antes de salir a la calle a protestar.
Decenas de personas también comparecieron ante el tribunal el 3 de julio de 2024 para el juicio -aún en curso - de los manifestantes del 1 de mayo en Estambul. La policía blindó el centro de la ciudad para impedir que sindicatos y partidos políticos se manifestaran y detuvo a 216 personas. Semanas después lanzaron una redada en varios domicilios, deteniendo a 65 manifestantes, de los cuáles la mitad pasó a prisión preventiva. La fiscalía pide hasta trece años de prisión para cada uno por “resistencia a la autoridad”, entre otras causas. Ates señala que estas peticiones de penas de cárcel son una tendencia al alza en la última década, coincidiendo con una creciente represión de la libertad de expresión y las críticas al gobierno de Recep Tayyip Erdogan.
En un informe sobre los detenidos por la protesta del 1 de mayo, el ÇHD denunció un abuso de las leyes para mantenerlos en prisión preventiva sin un motivo de peso y destacó la respuesta del juez a las peticiones de liberación: “No existen nuevos hallazgos que requieran el fin de su detención”.
“Fui a protestar contra el sistema y a ejercer mis derechos constitucionales. Simplemente quería marchar hacia Taksim (centro de Estambul). No creo haber cometido un delito”, señaló ante la prensa Ayse Beliz Ince, una de las encausadas.
« Je suis allée protester contre le système et exercer mes droits constitutionnels. Je voulais simplement marcher vers Taksim (centre d’Istanbul). Je ne pense pas avoir commis de crime », a déclaré devant la presse Ayse Beliz Ince, l’une des accusées, después de que el juez ordenara su puesta en libertad el 3 de julio, en la primera vista del juicio.
Violación de procedimientos... y tortura
La Fundación de Derechos Humanos de Turquía (TIHV) denuncia en una investigación publicada el 17 de junio de 2024, una constante violación de los derechos humanos durante los procesos de detención en Turquía, debido a un abuso o mala praxis de las leyes actuales. La fundación monitorea casos de tortura y violaciones de derechos humanos durante las detenciones y encarcelamientos. Su investigación alerta de que pese a que el gobierno levantó el estado de emergencia en julio de 2018 -impuesto tras el intento de golpe de Estado en 2016- muchas de sus regulaciones siguen vigentes.
“Hay una falta total de garantías procesales para los detenidos. De acceso a médicos o abogados, tampoco se informa a la persona sobre el proceso de detención, ni a sus familares o terceros, para que puedan acudir a las autoridades judiciales”, explica Coskun Üsterci, secretario general de TIHV. “La ley no se respeta en absoluto durante las detenciones en Turquía. Esto conduce a una violación sistemática de muchos derechos, incluido la tortura”, advierte. La organización recogió 528 denuncias de tortura durante detenciones en el año 2023, incluyendo palizas, daños físicos por las esposas, tirones de pelo, mantener al detenido de pie durante horas o golpes intensos en un solo punto del cuerpo.
TIHV también alerta sobre la violencia de las fuerzas de seguridad en protestas, con el caso de 3 679 detenciones -entre ellas de 58 menores de edad- en las que se llevaron a cabo tortura o malos tratos contra los manifestantes en 2023. Sena Yazibagli describe :
Una vez detenidos, durante el registro policial tampoco se respeta el protocolo en muchos casos. A veces los detenidos son registrados desnudos delante de otros oficiales. A veces hay cámaras en las salas donde los abogados ven por primera vez a sus clientes, violando el derecho de confidencialidad. En muchas ocasiones no se permite a los abogados hablar con sus clientes durante horas o días.
Un modelo de represión
El mismo año Human Rights Watch denunció la “detención injusta y maltrato a los detenidos y sus abogados” durante la conmemoración por las víctimas de un atentado del Estado Islámico que mató a 33 jóvenes socialistas en 2015. La protesta fue prohibida por las autoridades, que irrumpieron en el encuentro, rodeando a los asistentes y deteniendo a 154 manifestantes. “La policía de Estambul parece haber ignorado todas las reglas y regulaciones que rigen el arresto y detención, poniendo en peligro a las personas bajo custodia, así como a sus abogados”, señala la organización.
“Muchas veces también se trata a los periodistas como si fueran manifestantes. En 2023 detectamos varios casos en los que periodistas son acusados y enjuiciados en protestas que han ido a cubrir como periodistas. La policía también los maltrata y les confiscan el material de trabajo”, explica Batikan Erkoç, de la Asociación de Estudios de Derecho y Medios (MLSA), que sigue casos judiciales que atentan contra la libertad de expresión. A Dilan K., periodista que trabaja en un medio opositor kurdo, le confiscaron la cámara de fotos en dos ocasiones cuando fue detenida en su domicilio. “Es habitual la persecución contra la prensa kurda en Turquía, pero los medios se organizan para poder seguir cubriendo lo que ocurre a pesar de las detenciones”, explica. “Lo más difícil es que me confiscaron las cámaras. Les insistí en que se podían quedar mis tarjetas de memoria, que me daba igual, pero me quitaron las cámaras, que necesito para trabajar y no tengo ahorros suficientes para comprar una nueva”, lamenta.
La abogada Dilancan Ates señala que pese a la arbitrariedad de los casos, “se percibe un patrón de conducta contra los partidos de izquierda, contra causas relacionadas con la cuestión kurda o la comunidad LGBTI”. El abuso de las leyes por parte de las autoridades, apuntan los expertos, empieza con la prohibición de las manifestaciones. Estos impedimientos se suelen llevar a cabo desde las gobernaciones provinciales, ya sea no otorgando el permiso a un acto concreto o imponiendo un veto a cualquier actividad en el espacio público durante días. “Estas prohibiciones no corresponden a una decisión tomada según el marco legal, se toman de forma arbitraria porque para prohibir una protesta, tiene que haber una amenaza real contra la seguridad pública”, explica Ates.
En los seis primeros meses del año se han prohibido actos en varias ciudades del país por un total de 180 días, según datos recogidos por MLSA. La constitución turca contempla que todos los ciudadanos tienen derechos a organizar encuentros y protestas sin tener un permiso previo, sin embargo las gobernaciones pueden prohibir los actos hasta quince días, basándose en un artículo del código administrativo provincial. Esto abarca la prohibición de actos como por ejemplo la manifestación del orgullo LGBTI o la protesta semanal de las madres de los sábados, que exigen al gobierno información sobre disidentes desaparecidos en los años 1980 y 1990. Otro ejemplo es la prohibición de actos durante cuatro días que gobernaciones de doce provincias impusieron en mayo, después de que un tribunal condenara a penas de entre 9 y 42 años de prisión a una veintena de políticos del partido prokurdo DEM, acusados de instigar disturbios.
“La intervención policial no debería estar sujeta a un permiso de las autoridades para poder manifestarse porque todo el mundo tiene el derecho democrático de protestar, manifestarse, marchar…”, señala Ates, y añade:
Es un derecho protegido por la ley, la constitución y la convención europea de derechos humanos. La policía debe intervenir cuando se está cometiendo una acción fuera de la legalidad para contener las llamadas a la violencia, pero no es el caso de las actuaciones policiales que vemos a menudo
Üsterci de TIHV destaca que pese a que las gobernaciones se agarran a un código administrativo provincial para prohibir las manifestaciones, no es una práctica legal. “Estas prohibiciones no son más que un estado de emergencia permanente y sin nombre. Es un constante abuso de la ley”.