El 10 de octubre de 2024, la película Lyd debía proyectarse en Jaffa, la antigua ciudad portuaria anexada a Tel Aviv, habitada tanto por judíos como por palestinos. Lyd es el nombre árabe de la ciudad de Lod, conocida por albergar el aeropuerto más importante de Israel. A mitad de camino entre el documental y la ficción ucrónica, la película describe la Nakba de 1947 a 1949 e imagina cómo sería la vida en Lyd si no hubiera ocurrido esa expulsión masiva. En julio de 1948, en Lod se perpetró la masacre de la mezquita Dahamshe, donde, según las fuentes, murieron, ante los obuses de los tanques israelíes, entre 95 y 250 palestinos que allí estaban refugiados. Coproducida por el periodista palestino ciudadano israelí Rami Younis, oriundo de Lod, y por Sarah Ema Friedland, una documentalista estadounidense, Lyd fue estrenada en julio de 2023 y proyectada en varios festivales de Estados Unidos.
Prohibida la proyección de películas
Pero el 10 de octubre, la película no fue proyectada. Esa misma mañana, la policía informó a su exhibidor, Mahmud Abu Arisha, gerente del cine AI Saraya, que la proyección estaba prohibida. El ministro de Cultura, Miki Zohar, había solicitado la intervención policial arguyendo un “riesgo serio e inmediato para el orden público”. El propio Zohar había recibido la alerta por medio de un conocido militante de extrema derecha. De más está decir que ni el militante, ni el ministro ni el policía habían visto la película. Catorce asociaciones artísticas israelíes presentaron una petición para anular la prohibición, argumentando que “el papel de la policía es proteger la libertad de expresión, no a quienes pretenden abolirla”. Respuesta del ministro que controla la policía, Itamar Ben Gvir: “La gente de izquierda que aúlla tras la anulación de la proyección de Lyd debe comprender que una ley es una ley, y una orden, una orden”.
Lyd no es la única película que ha sido prohibida en los últimos tiempos en Israel. En agosto de 2024, Jenin Jenin 2, del cineasta y actor Mohammad Bakri, un palestino ciudadano israelí, había corrido la misma suerte. Y en octubre, había sido el turno de la película 1948 – Remember, Remember Not (1948 – Recordar, No recordar), de la israelí Neta Shoshani.
Pero la acumulación de estas prohibiciones en un lapso tan reducido es un síntoma de un cambio notorio: el avance de la censura en una atmósfera general en la que aumenta sin cesar la aspiración a un “Estado fuerte” y autoritario. Los palestinos de Israel son sus primeras víctimas. Así, el 7 de noviembre, el parlamento votó una ley según la cual “la expulsión de un terrorista” puede estar acompañada de la de sus allegados, parientes, hijos, hermanos y hermanas. La medida, de facto, solo atañe a los palestinos ciudadanos israelíes, porque Israel nunca necesitó ningún tipo de legislación para expulsar de su tierra a los palestinos ocupados. Este nuevo dispositivo se agrega a la lista cada vez más larga de leyes supremacistas que separan jurídicamente el trato de los ciudadanos israelíes en función de su origen judío o palestino.
En paralelo — y es toda una novedad — se ha instalado un ambiente de caza de los “judíos traidores”. El parlamento ya vivía desde hacía más de un decenio un avance del autoritarismo, encarnado por la determinación de la derecha de abolir las prerrogativas de la Corte Suprema y someterla a la voluntad del ejecutivo. Ahora asistimos a una ola de decretos, fallos y votaciones de proyectos de ley referidos a la restricción de la libertad de expresión y de acción que ya no incumben solamente a la población palestina1. Ahora también se ataca todo tipo de expresión considerada “ofensiva” hacia Israel y su política.
Así, en octubre de 2024, se adoptó una ley que permite privar de su empleo a todo docente que manifieste “simpatía por una organización terrorista”. Dado que se califica de “terrorista” a cualquier manifestación de apoyo a la causa palestina, independientemente de la forma en que se exprese, podemos imaginar la presión que padecerán los profesores de historia, por ejemplo, que se atrevan a alejarse de la versión “oficial” sobre la expulsión de los palestinos en 1948, según la cual “Israel no expulsó a ningún árabe. Se fueron de manera voluntaria”. Otro proyecto de ley que todavía está en debate, entre varios de la misma índole, prevé una multa equivalente a 3 000 euros y un año de prisión para quien enarbole una bandera palestina en una institución pública. Esto está dirigido claramente contra los estudiantes.
Las amenazas que pesan sobre el periódico Haaretz — “periódico de referencia” y también el principal polo de resistencia de la sociedad contra la política colonial liderada por Benjamín Netanyahu — son la encarnación de esta campaña contra el derecho de expresión.
Haaretz, “defensor del terrorismo”
Así, el 24 de noviembre de 2024, el gobierno aprobó una propuesta del ministro de Comunicación, Shlomo Karhi, que obliga a toda la administración pública y a todos los organismos que gozan del apoyo económico del Estado a dejar de hacer publicidad en el periódico. Netanyahu expresó su apoyo a la propuesta. El gobierno la justificó con el pretexto de que “numerosos editoriales (…) atentan contra la legitimidad del Estado de Israel”. El primer ministro israelí acusó al propietario de Haaretz, Amos Schoken, de “defensor del terrorismo”. En realidad, unos días antes, el 27 de octubre, durante una conferencia brindada en Londres frente a un público mayormente judío, Schoken — que reivindica su sionismo — había vilipendiado al “cruel régimen de apartheid impuesto contra la población palestina” y había hablado de “los combatientes palestinos de la libertad, que Israel llama terroristas”. Schoken volvió a referirse a sus declaraciones poco tiempo después, cuando declaró que “recurrir al terror es ilegítimo”, pero no renegó de términos como “combatientes de la libertad”.
El gobierno aprovechó el asunto para empezar a instruir lo que parece un proceso de traición contra los israelíes que denuncian el colonialismo de su Estado. Sin esperar la votación del proyecto de ley, el ministro del Interior, Moshe Arbel, suspendió inmediatamente todas las suscripciones a Haaretz de los empleados de su ministerio. El ministro de Justicia, Yariv Levin, propuso la adopción de una ley para penar con diez años de prisión (o veinte años en tiempos de guerra) a cualquier israelí que llame a boicotear al Estado de Israel o a sus dirigentes. Reacción del director de la redacción del periódico, Aluf Benn:
Netanyahu quiere un poder israelí sin justicia independiente, en el que la policía y las agencias de seguridad se transformen en milicias privadas [a su servicio], y desde luego, sin medios críticos ni libres (…) No nos atemoriza, y no capitularemos.
Benn tiene experiencia en este tipo de presiones. Hace más de un año, el ministro Karhi le había propuesto al gobierno imponer un boicot al periódico en todo el aparato estatal: “ejército, policía, prisiones, ministerios y empresas públicas”2. Pero desde el 7 de octubre de 2023, el fervor patriótico que invade a la sociedad israelí permite que la agenda de la extrema derecha colonialista gane cada vez mayor peso en el espacio público.
“Lo decidió el nuevo jefe de Defensa: el apartheid es oficial”
Según numerosos testimonios, la reelección de Donald Trump puso “eufóricos” a Netanyahu y su extrema derecha. La idea de poder lograr un cambio radical en la relación de fuerzas de la región en beneficio de Israel va en paralelo con el sentimiento de poder instalar en el país un régimen que imponga definitivamente su dominio. Un ejemplo pasmoso: una de las primeras decisiones del nuevo ministro de Defensa, Israel Katz, consistió en terminar con la posibilidad de que se encarcele a un colono judío en el marco de las llamadas “detenciones administrativas”, que permiten detener a una persona por “amenazar la seguridad” sin notificación del supuesto delito, sin juicio, y sin límite de tiempo. Actualmente, se estima que hay más de 3 000 palestinos detenidos sin acusación (sin contar la cantidad desconocida de gazatíes encarcelados). El ministro de Defensa resolvió que, a partir de ahora, la totalidad de los ciudadanos judíos serán exceptuados de la detención administrativa. En el momento en que se tomó la medida, había 16 judíos en prisión, todos colonos extremistas como los que vemos actualmente en Cisjordania, que atacan con saña a la población palestina. Son libres ipso facto. Unas reglas para unos, otras para otros. “Lo decidió el nuevo jefe de Defensa: el apartheid es oficial”, tituló Haaretz el 24 de noviembre. Los colonos descorchan champagne.
Netanyahu logró destituir a su principal competidor político, el ex ministro de Defensa Yoav Gallant — el famoso autor, luego del 7 de octubre, de la declaración sobre los “animales humanos” palestinos —, y ahora se rodea de cómplices coyunturales y de confidentes incondicionales. Ben Gvir ya transformó la policía en una milicia armada a su servicio. En la mira de la extrema derecha ahora aparecen la fiscal general del Estado, Gali Baharav Miara, y el jefe del Shin Bet (el servicio de seguridad interior), Ronen Bar, considerados ambos como poco confiables.
Un “Estado fuerte” que no tenga que rendir cuentas
Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Herzi Halevi, tiene los días contados: no por haber llevado adelante la monstruosa guerra en Gaza, sino por haber apoyado una negociación que sin embargo llevó a la liberación de rehenes israelíes y, sobre todo, por haber rechazado terminantemente un regreso a una ocupación militar de Gaza. Por otra parte, si Netanyahu quiere salir indemne de las comisiones de investigación futuras relativas a las responsabilidades en el fiasco de la seguridad israelí del 7 de octubre de 2023, es importante para él atribuirle la responsabilidad de los atentados de Hamas exclusivamente al Estado Mayor. Comentario de la jurista israelí Yael Berda, profesora de Derecho en la Universidad Hebraica de Jerusalén:
Ya llegó. El golpe de Estado autoritario ocurrió (…) Si usted no apoya al Estado, entonces el Estado se vuelve contra usted. Este giro autoritario no da lugar ni al desacuerdo ni al debate.
Si en esta época cada vez son más los israelíes que abandonan el país —se desconocen las cifras exactas de las partidas—, no es tanto por los crímenes masivos cometidos en los Territorios Palestinos Ocupados (TPO) sino debido al sentimiento, en algunos sectores de la opinión pública, de una erosión galopante de la “democracia” que habían gozado los judíos israelíes desde la creación de su Estado. Desde este punto de vista, el punto de inflexión lo marcó la adopción en 2018 por parte del parlamento de la ley “Israel: Estado-Nación del pueblo judío”, que oficializó el supremacismo judío como pilar central del Estado. La franja más racista, colonial y mesiánica de la opinión pública empezó entonces a imponer más radicalmente la agenda que venía promoviendo desde hacía tiempo. El peso de esa agenda no ha dejado de crecer, primero, por el pánico causado por el fiasco de la seguridad israelí del 7 de octubre, y luego, por los “éxitos” de la campaña de destrucción de Gaza, percibida como una revancha legítima. La sensación paradójica, mezcla de temor, superpotencia e inmunidad que se instaló entonces no podía más que extremar el rechazo hacia los “traidores del interior”, esos pocos judíos israelíes hostiles a la deriva supremacista que se ha apoderado de la inmensa mayoría de la población. El camino libre hacia el Estado fuerte solo es la consecuencia natural de ese cambio.
