El 21 de marzo de 2022, menos de un mes después de que el ejército ruso invadiera Ucrania y ante el excepcional encarecimiento de sus gastos energéticos y alimentarios, El Cairo aumentó 100 puntos básicos las tasas de interés del banco central (CBE) y devaluó la libra aproximadamente un 15% luego de haber desperdiciado en pocos días más de 10.000 millones de dólares intentando mantener el valor de su moneda. Dos días más tarde, el primer ministro llamó de urgencia al Fondo Monetario Internacional (FMI) para efectuar “consultas” sobre un nuevo programa de reforma económica y estructural. Según la agencia británica Reuters, en tres semanas se habría esfumado más del 10% de los capitales extranjeros invertidos en obligaciones egipcias… Y podrían suceder otras calamidades.
El último informe del FMI calcula que la caída promedio de la participación extranjera en el financiamiento de las economías emergentes y el aumento concomitante de su endeudamiento externo ascienden al 30 por ciento. El alza de las tasas de interés estadounidenses, sumado a la seguridad que ofrece el billete verde en estos tiempos convulsionados, explica por qué, a pesar de las remuneraciones récord, el dinero se sigue fugando del valle del Nilo. Según la agencia de calificación estadounidense Standard and Poor, con una fuerte presencia en El Cairo, Egipto perdió en marzo 20.000 millones de dólares, o sea la mitad de sus reservas en el banco central.
Las instituciones financieras internacionales (IFI) dedican muchos esfuerzos para buscar la manera de remplazar las divisas fugadas de Egipto y de los países emergentes. El Banco Mundial, por ejemplo, prometió 170.000 millones de dólares suplementarios a lo largo de 15 meses y el Fondo anunció un “RST” (Resilience and Sustainability Trust) de 45.000 millones de dólares disponibles a partir del 1º de mayo, que completará otros dos préstamos contraídos durante la pandemia de Covid-19. Los Emiratos Árabes Unidos, Catar y Arabia Saudita depositaron con urgencia fondos en el Banco Central de Egipto y prometieron inversiones de magnitud. Sin embargo, la colaboración de tantas buenas voluntades podría complicarse por un “detalle”: el tratamiento que recibirá el enorme sector militar egipcio. En junio de 2021, el FMI1, en su revista anual de la economía egipcia, señaló por primera vez que todas las empresas públicas, incluidas las controladas por los militares, debían ser privatizadas si son rentables, cerradas si son deficitarias, o fusionadas si su situación es incierta.
Un sector tentacular
Si esta exigencia pasa a ser una nueva condición del préstamo del FMI, marcaría, en primer lugar, el final de una excepción histórica costosa para el Tesoro egipcio y demasiado generosa con centenares de generales que viven a expensas del Estado. Nadie conoce a ciencia cierta la magnitud de la nebulosa de empresas públicas y asociadas2: oficialmente, son más de 300, y responden a tres regímenes diferentes: las public business sector companies (PBSC), las public sector companies (PSC) y las empresas militares. Además, existen más de 645 empresas cuyo capital pertenece en parte al Estado, y son supervisadas de lejos por 53 autoridades de regulación, encargadas de vigilarlas.
Por sí solo, el sector militar presenta una complejidad poco frecuente. En primer lugar hay dos ministerios de tutela, el de Defensa Nacional y el de Producción Militar, cuya gestión obedece a reglas particulares. Otra institución de tutela es la National Service Projects Organization (NSPO), que controla a 32 empresas. Al menos un tercio de ellas, creadas luego del ascenso al poder de Al Sisi, no tienen nada que ver con la fabricación de armamento pero compiten con los industriales privados en más de quince actividades, como la industria agroalimentaria, los medios de comunicación, la construcción automotor, el tabaco o la industria farmacéutica. “La mayor parte registra resultados financieros mediocres, mientras que otras gozan de ventajas inaccesibles para otros agentes económicos”, señala el FMI3. La edición del 23 de abril de 2022 del semanario británico The Economist, que por lo general es más clemente con El Cairo, recuerda qué significa eso en concreto en la vida cotidiana de los egipcios.
Juhayna es una fábrica de productos lácteos y de jugos de frutas que se distribuyen por todo Oriente Próximo. Sus problemas comenzaron cuando el Estado quiso apropiarse de la empresa. Su fundador, Safwan Thabet, se negó, y actualmente está encarcelado en una prisión donde es sabido que emplea la tortura. Su hijo rechazó la misma oferta y también fue encarcelado. Ramy Shaath, especialista de la alta tecnología, se negó a compartir sus investigaciones con una empresa militar. Sus clientes anularon sus contratos y su empresa cayó en quiebra. Y en diciembre, tres hombres de negocios condonaron, ante el presidente al-Sisi y las cámaras de televisión, pagos atrasados del Estado por obras públicas. Al parecer, lo hicieron sin ningún entusiasmo.
¿Cómo remunerar a los oficiales?
¿El régimen puede meter en vereda a sus militares, por lo menos en el plano económico? Hay motivos para dudarlo. Al igual que los otros jubilados egipcios, los generales no gozan de pensiones decentes: el último aumento se remonta al 1º de julio de 2018 y apenas cubría el alza de precios provocada por el acuerdo anterior con el FMI, de diciembre de 2016. El presupuesto, acaparado en un 45% por el pago de los intereses de los más de 345.000 millones de dólares de deuda interna y externa, sumado al aumento del precio de los cereales (Egipto es el primer importador de cereales del mundo¬¬), deja poco margen de maniobra… Habrá que encontrar otros medios de subsistencia. Los consejos de administración y la jerarquía de las empresas militares están ocupados por antiguos oficiales de alto rango que gozan de todo lo necesario para mantener su estilo de vida. Ahí no hay espacio para la moral ni para la economía nacional.
El presidente Al Sisi siente el ruido de las balas. Desde el verano de 2021 se jacta en sus discursos de la eficacia del sector privado en comparación con el sector público. A fines de abril prometió participar en un futuro “diálogo nacional” sobre las reformas y anunció una “asociación” de intereses privados por 10.000 millones de dólares de activos públicos. ¿Cuál es el plan? En la edición del 28 de abril de 2022 del Al-Ahram Weekly, la periodista Sherine Abdel-Rezack escribió que las empresas que “pertenecen a las fuerzas armadas” serán vendidas antes de fin de año. El presidente tendrá que navegar con prudencia entre las presiones más o menos fuertes de sus amigos de Washington y la defensa del tren de vida de sus partidarios de uniforme.
1Second and final review of Egypt’s economic reform program supported by a 12-month Stand-By Arrangement (SBA), FMI, junio de 2021.
2Yezid Sayigh, « Throwing Down the Gauntlet : What the IMF Can Do About Egypt’s Military Companies », Carnegie Middle East Center, 7 de abril de 2021.
3Creating Markets in Egypt : Country Private Sector Diagnostic, International Finance Corporation, 21 de diciembre de 2020, página 50.