“Cada pequeña cosa que sucede en Líbano nos afecta más porque vivimos por debajo de los libaneses. No tenemos a quién acudir. No tenemos un lugar dónde protestar”, lamenta Viany. Esta joven camerunés llegó a Beirut en 2018, reclutada por una agencia que le ofreció un contrato temporal de seis meses como trabajadora doméstica para una familia libanesa. Viany quería ahorrar para continuar sus estudios en otro país, pero durante los seis meses no le pagaron ni un salario. La familia además, se negó a terminar el contrato y devolverle su pasaporte. “Mentalmente aterricé en Líbano el día que se negaron a darme mi dinero. Antes solo estaba soñando. Empecé a sentir todo el peso de mi trabajo, de las casi veinte horas en pie, de las noches sin dormir, de las limitaciones que me imponía la familia, como no dejarme usar mi propio teléfono”, explica Viany.
La joven es víctima de kafala, un sistema laboral para migrantes que carece de derechos como un salario mínimo, horarios de trabajo y libertad de asociación. Su residencia en el país depende del empleador y no pueden cambiar de trabajo sin su permiso. “Sufren constantes abusos y trabajan una cantidad de horas ridícula. Muchas veces no les pagan. Si intentan escapar del hogar donde trabajan, los empleadores pueden denunciar o poner una alerta en redes sociales”, explica Kareem Nofal, miembro del Movimiento Antirracismo (ARM), una organización humanitaria que denuncia los abusos a los que están sujetos los migrantes.
«Kafala nos atrapa»
El ministerio de Trabajo libanés estima que el país acoge a 250 000 trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres de Etiopía, Kenia, Filipinas y Bangladesh. Suponen el 4% del total de población residente en el país y es muy habitual verlas en barrios acomodados de Beirut, paseando a los perros de sus familias, sacando la basura o acompañando a los empleadores de compras.
“Kafala nos atrapa en el país. Desde el día que aterricé en el aeropuerto no he visto mi pasaporte. Tuve que seguir trabajando durante un tiempo para esa familia. Cuando conseguí cambiar de casa pensé que lo peor había pasado, pero la siguiente aún era peor”, explica Viany. “Una familia me amenazó con un cuchillo en el cuello. Otra no me dio comida durante dos días. Te hacen sentir que no eres una persona humana. Te dicen dónde te tienes que duchar, dónde comer. Siempre apartada del resto, no hay lugar para nosotras en esas casas”, describe.
La situación de las trabajadoras migrantes ha empeorado desde que se desató la grave crisis económica que azota el Líbano desde 2019. La lira ha perdido más del 90% de su valor frente al dólar en el mercado negro y las agencias crediticias esperan que la inflación alcance el 178% este año. La escasez de electricidad ha provocado una gran carga económica para los hogares, que se ven obligados a pagar un dinero extra cada mes por el consumo de los generadores de electricidad. “Cualquier golpe afecta más a los que están en una situación muy vulnerable, como las trabajadoras migrantes. Ya sufrían antes de la crisis pero ahora la situación es peor. Muchas veces no les pagan y el sistema kafala no permite a las trabajadoras cambiar de casa a menos que los empleadores lo ordenen”, explica Ghina Al-Andary, miembro de KAFA, una ONG que trata a víctimas de explotación laboral y sexual. Varias organizaciones humanitarias señalan que muchos empleadores han pasado de pagar en dólares a liras, jugando con el cambio y mermando la capacidad adquisitiva de las migrantes, que en muchas ocasiones enviaban dinero a familiares en sus países de origen. “Muchas veces su salario no representa el cambio real de la lira libanesa. Por ejemplo, un dólar al cambio real son 30.000 liras, pero el empleador sigue pagando la cifra oficial de 1.500”, señala Nofal de ARM. Es un engaño que sufre constantemente Aluna, una mujer de Kenia que trabaja desde hace tres años en una casa en Achrafieh, un barrio beirutí de clase alta. Durante el último año la familia insiste en pagarle su sueldo en liras libanesas pero usando el cambio oficial. “Cobraba 150 dólares al mes, pero cuando me cambiaron a liras pasaron a ser ocho dólares. Me quejé y me pegaron. A veces no tengo dinero ni para comprar jabón”, lamenta Aluna.
Engañadas por las agencias de contratación
Las mujeres que han escapado de sus empleadores combinan trabajos aún más precarios para poder pagar el alquiler y viven con un miedo constante a ser detenidas. Pese a estas dificultades, varias organizaciones coinciden en que siguen llegando trabajadoras migrantes al país, engañadas por las agencias de reclutamiento. Estas empresas ofrecen la seguridad de obtener un trabajo en un país extranjero, aunque el contrato no se ajusta en muchas ocasiones a la realidad de las condiciones laborales. Tampoco mencionan que no tendrán la capacidad de dejar el trabajo cuando quieran. Las agencias promocionan supuestos casos de éxito en el Líbano e insisten en el beneficio de tener un trabajo con un lugar donde dormir y con un sueldo en dólares, que al cambio en otros países es una gran suma de dinero. Algunas empresas trabajan captando a trabajadoras a través de internet y otras mediante intermediarios en los países de origen de las migrantes. “Quién puede, vuelve a su país, aunque sigue llegando gente, víctimas como yo. ¿Quién querría trabajar en un país en crisis económica?”, comenta Viany. La joven camerunés consiguió escapar del trabajo doméstico hace más de un año y actualmente trabaja para el Centro Comunitario del Migrante (MCC), una iniciativa que crea proyectos para la comunidad migrante. Sin embargo, la familia que la empleaba aún no le ha devuelto su pasaporte y su estatus en el país ha pasado a ser ilegal.
“La situación económica actual es muy mala. Muchas mujeres van a pedir ayuda a los consulados de sus países y son estafadas también. Me han llegado casos de cónsules que aconsejan a las mujeres que se prostituyan si no consiguen llegar a fin de mes. No podemos confiar en nadie”, lamenta Viany. Aluna coincide con ella y tiene una amiga que recibió el mismo consejo por parte de las autoridades de su consulado. “No es la primera vez que escuchamos esto, claro que nosotras tampoco tenemos una prueba que lo confirme, aunque es probable”, señala Ghina Al-Andary, de la organización KAFA. “Cuando una mujer se encuentra en una situación de vulnerabilidad, es mucho más fácil explotarla. Las trabajadoras domésticas no tienen ningún tipo de apoyo institucional en este país”, añade.
En 2015 un grupo de trabajadoras migrantes intentó crear un sindicato para defender sus derechos. La iniciativa no tuvo éxito por falta de apoyo de las instituciones. El sistema kafala, al estar excluido de la ley laboral, no les permite asociarse y según la constitución del país, necesitan un porcentaje mínimo de miembros de nacionalidad libanesa para poder sacar adelante la iniciativa. “La única autoridad que puede ayudarlas son los consulados o embajadas, que están obligados a proteger sus derechos como ciudadanas de sus países”, explica Farah Baba, miembro de ARM.
Protestas masivas
La llegada de la pandemia del covid y la explosión en el puerto de Beirut afectaron gravemente a las trabajadoras migrantes, víctimas del sistema kafala y del racismo en el país. ARM detectó multitud de casos de desatención de migrantes heridas tras la explosión, mientras que otras fueron echadas de los hogares donde trabajaban durante las restricciones por la pandemia. Esta situación provocó protestas multitudinarias de migrantes delante de sus consulados pidiendo ayuda para regresar a sus países. Baba de ARM cuenta que la respuesta diplomática fue dispar según el país, pero que en general se mostraron poco atentos, incluso algunos llamaron a la policía para que detuviera a los manifestantes. “El caso de Kenia era muy particular porque protestaban contra el consulado, no solo pedían ayuda para regresar”, explica Baba. “Muchas de estas trabajadoras no tenían dinero para comprarse un billete de avión porque el consulado se lo había robado. Llevaban años diciéndoles a las trabajadoras que podían guardar sus ahorros en el consulado y no se lo devolvieron”, detalla. Las etíopes forman la mayor comunidad extranjera de trabajadoras domésticas en el Líbano y estuvieron más presentes en las calles. Su consulado no respondió a sus demandas con la excusa de que habían recibido muchas peticiones y lo estaban procesando. Los funcionarios del consulado de Costa de Marfil no tenían claro si podían solicitar los pasaportes de las migrantes a sus empleadores, mientras que el de Camerún se negó directamente a reunirse con las trabajadoras. “Hubo muchos problemas cuando trataron con funcionarios de nacionalidad libanesa. No se responsabilizaron de nada”, explica Baba.
Un sistema lucrativo
Gracias a las protestas y a la labor de las organizaciones humanitarias, decenas de trabajadoras pudieron regresar a sus países, la mayoría mediante campañas de crowdfunding. “A Nairobi llegaron unas 195 trabajadoras repatriadas. No tuvieron ningún tipo de apoyo del Gobierno libanés. Llegaron con trastornos severos de estrés postraumático”, señala Mutuku, miembro de CHTEA, una organización que lucha contra la trata de personas en África Oriental. “Detectamos casos de abuso sexual, impago de salarios, agresiones físicas, racismo y confiscación de documentos oficiales”, detalla.
Varias organizaciones humanitarias coinciden en que las protestas crearon una mayor conciencia social sobre el problema de kafala en el Líbano. “No se ha disuelto a pesar de que mucha gente desearía que no existiera, esto no ha cambiado, pero hay más conciencia sobre el problema”, explica Baba de ARM. Una de las razones por las que no se ha abolido el sistema es porque sigue siendo un negocio muy lucrativo. Según un estudio de Human Rights Watch, kafala genera más de 100 millones de dólares al año, mientras que las agencias de reclutamiento se embolsan 57 millones anuales. “Uno de los factores es el dinero, pero creo que el poder también es un factor determinante. Las élites del país se benefician del sistema”, añade Nohal de ARM.
Para las trabajadoras migrantes denunciar públicamente los abusos a los que están expuestas puede acarrear consecuencias como ser arrestadas por su situación irregular en el país. Es el caso de NM, una trabajadora doméstica keniana y solicitan de de asilo que permanece detenida desde agosto y corre el riesgo de ser deportada a su país de origen. NM era activista por los derechos laborales de las trabajadoras migrantes y se cree que su detención estaría relacionada con su actividad pública. “(la detención) Es una herramienta que se puede usar contra ellas. Ni siquiera se plantea como una cuestión de libertad de expresión”, explica Al-Andary de KAFA y añade: “Lamentablemente, si un libanés se siente señalado por estas actividades, lo tiene fácil. Denuncia a la trabajadora y espera su detención”. .