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Luego de varias semanas de audiencias, a fines de abril el juez Marc-André Blanchard falló a favor del mantenimiento de la “ley de laicidad del Estado” (Ley 21). Pero las comisiones escolares anglohablantes y los diputados de la Asamblea Nacional de Quebec quedaron exceptuados de la prohibición de llevar símbolos religiosos, que en cambio afecta sobre todo a docentes, policías, jueces y fiscales.
Según Nour Farhat, abogada y representante de un colectivo de docentes que se opone a la Ley 21, se trata de una victoria a medias: “Hay una gran decepción en relación al dictamen pronunciado, pero de todas maneras estamos muy contentos con el contenido del fallo”, afirma Farhat. El juez Blanchard reconoce el carácter discriminatorio de la Ley 21, en particular contra las mujeres que lucen el hiyab u otro tipo de velos.
En el apartado 67 del fallo, puede leerse textualmente que “la prueba revela que esta política de exclusión, ya que así es como debe llamársela, implica consecuencias desproporcionadas para las mujeres musulmanas”. El fallo reconoce el carácter discriminatorio y contrario a los derechos y las libertades fundamentales de la ley, que sin embargo no pudo ser invalidada. “El juez tenía las manos atadas”, explica Farhat, ya que los legisladores habían adoptado la Ley 21 gracias a una cláusula derogatoria que permite transgredir algunos artículos de la Carta Canadiense de los Derechos y las Libertades. Ese mismo día de abril, el gobierno de Quebec, dirigido desde octubre de 2018 por el conservador François Legault, anunció que apelaría el fallo.
Hostigamiento mediático
Entre las personas que perdieron su empleo debido a la prohibición de los símbolos religiosos ostensibles prevista por la Ley 21, la mayoría serían mujeres musulmanas, indica Farhat. “Se supone que la ley en sí misma se aplica a todas las personas de manera igual”, afirma Farhat. “Pero en los hechos, una mujer que lleva una cruz puede disimularla bajo su jersey, pero una mujer que lleva velo no tiene ninguna manera de esconderlo”. Durante una manifestación frente al despacho del primer ministro de Quebec organizada unas horas después de conocerse el fallo, Khadija Ahmed aseguró que las disposiciones de la Ley 21 atentan contra los derechos y las libertades de todos los ciudadanos quebequeses. “No creo que sea justo decir que la ley afecta más a los musulmanes”, afirma la copresidenta de la Muslim Law Association de la Universidad McGill, ya que la falta de datos en cifras no permite hacer semejante afirmación. La estudiante de derecho, que lleva puesto el hiyab, admite de todos modos que la Ley “contribuye a una retórica islamófoba que sin duda existe en Quebec”.
En 2020, se estimaba que la población musulmana de esa provincia ascendía a 300.000 personas, sobre un total de más de 8 millones de habitantes. Antes de la aprobación de la ley, los sondeos revelaban que la mayoría de los encuestados estaba a favor de la ley sobre la laicidad del Estado. Esa ventaja estadística avivó un debate social que, según Farhat, fue el escenario de una campaña de hostigamiento mediático dirigido particularmente contra las mujeres musulmanas. “Se habló muy poco de los hombres que llevan turbante o kipá”, dice Farhat a Orient XXI, y agrega que “desde hace una o dos décadas, el discurso público en Quebec estigmatiza a los musulmanes descaradamente, sin ningún complejo”.
Cruzada contra el multiculturalismo
“Los discursos sobre el islam o los musulmanes publicados en las crónicas de Richard Martineau […] contribuyen a la islamofobia”, concluye un estudio sociológico sobre uno de los cronistas estrella de Le Journal de Montréal, el diario más leído de la provincia. El sociólogo Mathieu Bock-Côté, otra destacada figura mediática, combate el multiculturalismo canadiense, al que considera una amenaza para la nación quebequesa. Bock-Côté reaccionó ante el fallo afirmando que la Corte Superior “emprendió la desarticulación de la ley 21” y que el juez Blanchard “decidió someter a Quebec al régimen de la división étnica”.
“Por un lado, una mayoría francófona de la que hay que desconfiar, por el otro, comunidades minoritarias que ahora pueden liberarse en virtud del derecho quebequés”, puede leerse en su columna en Le Journal de Montréal. La cuestión “identitaria”, que con frecuencia se cristaliza en torno a los asuntos relacionados con la comunidad musulmana, está cada vez más presente en el discurso de los partidos nacionalistas favorables a la independencia de Quebec.
La Coalición Avenir Quebec (CAQ), si bien defiende la unidad de la confederación canadiense, con frecuencia es criticada por una parte de la oposición por sus posiciones y medidas consideradas xenófobas, racistas e islamófobas. Su líder y actual primer ministro de Quebec, François Legault, se niega a reconocer la existencia del racismo sistémico, y en 2019 afirmó que en Quebec “no existe la islamofobia”. Legault profirió esa declaración mientras justificaba su oposición a la implementación de una jornada nacional contra la islamofobia cada 29 de enero, fecha de conmemoración de los atentados de la mezquita de Quebec, donde en 2017 perdieron la vida seis fieles en un atentado perpetrado por Alexandre Bissonnette, ferviente admirador de Donald Trump y Marine Le Pen.
Una cuestión “identitaria”
En Quebec, el concepto de laicidad del Estado es mucho más reciente que en Francia. Hasta la década de 1960, toda la sociedad estaba bajo el control de la Iglesia católica, que garantizaba, entre otras cosas, la gestión de los sistemas de salud y de educación, y también tenía un papel destacado en la esfera privada. Motor económico y cultural de la provincia, Montreal es denominada aún hoy “la ciudad de los cien campanarios”.
Las revelaciones de la Comisión Parent sobre la educación conmocionaron a la sociedad, y los abusos del clero terminaron poniéndole fin a su control de las instituciones públicas. Comenzó entonces la “Revolución tranquila”, una década de reformas políticas e institucionales en Quebec que dio como resultado una separación neta entre la Iglesia y el Estado. Ese período correspondió con la nacionalización de servicios como la hidroelectricidad, y se inscribió en el marco del movimiento soberanista que ganaba terreno a escala provincial.
El debate sobre la laicidad del Estado volvió a surgir en 2006 en torno a la cuestión del “acomodamiento razonable”, tras las demandas presentadas por algunos grupos religiosos que deseaban sustraerse de algunas reglas en virtud de sus creencias. En consecuencia, al año siguiente se creó la comisión de consulta Bouchard-Taylor. Una de las principales recomendaciones del informe de la comisión fue la prohibición del uso de símbolos religiosos ostensibles en la función pública.
En 2013, por iniciativa del Partido Quebequés –que desde hacía varias décadas reivindicaba una posición independentista–, se presentó el proyecto de Ley 60, que aspiraba a la instauración de una carta de valores quebequeses. Ese mismo año, el ministro de Educación francés Vincent Peillon publicó una carta de la laicidad similar que volvió a generar un debate público en torno a la cuestión de los símbolos religiosos, y por lo tanto, del hiyab. El controvertido proyecto significó la derrota del Partido Quebequés en las elecciones de 2014 y finalmente fue retirado.
Aumento de los delitos de odio
Este último episodio de la saga sobre la laicidad y el cuestionamiento judicial de la Ley 21, lejos de haber terminado, parece ser el punto culminante de debates y de maniobras políticas que no datan de ayer. Ya que Estadísticas de Canadá constató un neto aumento de los delitos de odio entre 2015 y 2019, ¿puede decirse que el clima en la Bella Provincia es cada vez más hostil para con los musulmanes?
Yusuf Faqiri, director de asuntos públicos de Quebec en el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses (CNMC), cree que es hora de admitir que la Ley 21 condena a los musulmanes a ser “ciudadanos de segunda”. “No digo que la sociedad quebequesa es racista. El verdadero problema es que el gobierno niega los hechos”, afirma Faqiri, en referencia a la negativa del primer ministro Legault de reconocer la islamofobia. Lejos de bajar los brazos, Faqiri asegura que a pesar de la decepción del 20 abril pasado seguirá militando contra la islamofobia y contra la ley sobre la laicidad del Estado. “Estamos orgullosos de ser quebequeses y quebequesas. Este es nuestro hogar”, insiste Faqiri.