“¿Me van a acusar de complotismo si me llegan a ver con un exdiputado?” Mi pregunta, irónica, se dirige a Nabil Hajji, secretario general de Corriente Democrática (partido de centroizquierda) y exdiputado en la Asamblea de Representantes del Pueblo (ARP), el parlamento tunecino, que fue disuelto el 30 de marzo de 2022 por el presidente de la república. Hajji responde inmediatamente: “Tú eres periodista y vives en Francia… ¡El que corre el riesgo de ser acusado de connivencia con un agente extranjero soy yo!”
El diálogo adoptó un tono humorístico, pero sin embargo no tiene nada de surrealista. Desde el 11 de febrero de 2023, es decir, pocos días después del balotaje de unas elecciones legislativas ampliamente ignoradas por la población, varios militantes, opositores y personalidades públicas fueron arrestados. Once de ellos fueron detenidos en el marco de la ley de lucha contra el terrorismo1, que permite detener a un individuo durante 48 horas sin la presencia de su abogado. Desde entonces, siguen detenidos por el polo de lucha antiterrorista. Ni el Ministerio de Interior ni la fiscalía informan sobre el tema.
“¡Ben Alí hacía mejor su trabajo!”
Hemos tenido la oportunidad de consultar una parte de los expedientes de acusación que se han filtrado y cuya autenticidad ha sido confirmada por los abogados de los acusados. Los motivos de las detenciones efectuadas impresionan y recuerdan uno de los períodos más oscuros de la historia del país: conspiración contra la seguridad del Estado, preparativos para asesinar al presidente de la república, vulneración de la seguridad alimentaria… En cuanto a las pruebas, compuestas principalmente por capturas de pantalla de conversaciones en WhatsApp y por testimonios sobre reuniones con diplomáticos extranjeros, provocarían estallidos de risa si las consecuencias no fueran tan graves. Un militante de la sociedad civil ironiza: “Ben Alí por lo menos hacía mejor su trabajo, fabricaba verdaderas pruebas para bajar a sus opositores”. Islam Hamza, abogada y miembro del Comité de Defensa de los Detenidos, afirma: “Por el momento no hay nada nuevo, porque se están armando los expedientes. Habrá más detenciones.”
Un organigrama diseñado por la policía reúne las fotos de los acusados y las de representantes de consulados extranjeros, entre ellos, el actual embajador francés, André Parant, su antecesor Olivier Poivre d’Arvor, el embajador italiano en Túnez y dos funcionarios de la embajada norteamericana. Un diplomático europeo nos afirma que las prácticas policiales provocaron la bronca de varias cancillerías occidentales, cuyos representantes han sido recibidos por el jefe de protocolo tunecino. Pero el mal está hecho y reina el temor: “Hemos advertido que nuestros habituales interlocutores tunecinos ahora evitan encontrarse con nosotros”.
Un terror difuso
El temor es el hermano de lo arbitrario, que a su vez ha pasado a ser la norma. Hasta se dice que circulan listas. Amine Ghali, directora del Centro Al Kawakibi para la Transición Democrática, observa:
El temor se sitúa en dos niveles: por un lado, el temor institucional a que cambien las leyes que regulan las asociaciones. Y por el otro, el temor físico a hacerse detener, sobre todo cuando vemos que encarcelan por nada a personalidades más célebres que nosotros.
Los opositores políticos y los militantes de derechos humanos migraron hacia la aplicación de mensajería Signal, que sería más segurizada gracias a la opción “mensajes efímeros”, que elimina automáticamente las conversaciones tras un plazo determinado. Las críticas al poder, que hasta ahora estaban muy extendidas en las redes sociales, se vuelven cada vez menos públicas y con frecuencia quedan reducidas al círculo de “amigos”. Asrar Ben Jouira, militante feminista y presidenta de la asociación Intersección por los Derechos y las Libertades, confiesa: “Ahora releo los estatutos diez veces antes de publicarlos”.
Algunos abogados esperaban presiones extranjeras, sobre todo de Europa, ya sea porque algunos diplomáticos han quedado enredados en casos de “conspiración” o simplemente para salvar lo que queda de los levantamientos de 2011. Pero si los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) llamaron el 20 de marzo al gobierno tunecino a respetar “el Estado de derecho, los derechos humanos, los compromisos con importantes reformas estructurales”, fue antes que nada y sobre todo por temor a una nueva crisis migratoria en caso de insolvencia económica. Por su parte, Italia, liderada por la dirigente de ultraderecha Giorgia Meloni, primera socia de Túnez en materia de externalización de las fronteras, exhorta a la UE y al FMI a brindar ayuda a su vecino del sur. ¿Cómo no salir en defensa del país que condesciende a repatriar a sus indocumentados expulsados y a interceptar las embarcaciones de los inmigrantes?
“Estamos devastados”
En este contexto, los militantes de la sociedad civil se sienten más aislados que nunca. La falta de movilización de las organizaciones es palpable, y algunas quedaron divididas frente a la omnipotencia presidencial, empezando por la Unión General Tunecina del Trabajo (UGTT), que sin embargo ha padecido arrestos entre sus filas. La central sindical aún se niega a cuestionar la legitimidad del “acto de fuerza” del 25 de julio de 2021. El hecho de que su secretario general, Noureddine Taboubi, esté ejerciendo su tercer mandato tras reformar el reglamento interior, que inicialmente preveía solamente dos, no ayuda en nada a criticar el abuso de poder del autócrata del Palacio de Cartago. Una fuente afirma que algunos casos de corrupción contra militantes limitan el margen de maniobra de la UGTT, que a comienzos de febrero lanzó una iniciativa de diálogo nacional acompañada por la Liga Tunecina de los Derechos Humanos (LTDH), la Orden de los Abogados y el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES). Pero la publicación del plan de trabajo que debía resultar de la iniciativa no deja de ser aplazada. Además, es evidente la voluntad del presidente de la república de dividir a las instituciones que puedan representar un contrapeso a su autoridad, como lo demuestra el nombramiento de un exsindicalista en el puesto de ministro de Educación, el 30 de enero de 2023.
La clase política, por su parte, está bloqueada entre su incapacidad para mirarse al espejo y hacer su propia autocrítica, y el rechazo de una población que desde hace doce años de “proceso democrático” no ve ninguna mejora en su vida cotidiana. Nabil Hajji, cuyo partido sufrió bajas importantes, sobre todo la del ex secretario general, Ghazi Chaouachi, actualmente detenido, analiza:
Si Ennahda hubiera aceptado por lo menos revisar un poco sus posiciones, si Rachid Ghanuchi hubiera renunciado, habríamos podido pensar en construir un frente común. Pero no reconocen en absoluto su responsabilidad en la situación a la que hemos llegado.
Dentro de la oposición política, sumarse o no al Frente de Salvación Nacional, donde están agrupadas las principales figuras de la última coalición gobernante en 2021 (Ennahda, Al-Karama y Qalb Tounes) sigue representando una línea de fractura. También es evidente el malestar de algunas organizaciones de la sociedad civil que tienen dificultades para movilizarse frente a los arrestos de los islamistas. Estamos bien lejos del Frente del 18 de octubre de 2005, que había reunido a una parte de la izquierda y los islamistas contra Zine el Abidine Ben Alí: “Entretanto, quedamos devastados”, señala Hajji, que también culpa lúcidamente a los partidos políticos, con frecuencia poco conectados a las clases populares, por su incapacidad para pensar un modelo económico y responder a las expectativas sociales desde 2011: “¿Una visión económica? ¡Si ni siquiera han sido capaces de mantener el mismo nivel de producción que durante el gobierno de Ben Alí!”. Maher Hanine, ensayista y militante política, señala un problema más estructural: “Los partidos políticos son autosuficientes. No tienen grupos de acción en las regiones, no organizan debates sobre cuestiones políticas o sociales. No hay reflexión. Con la sucesión de acontecimientos desde 2011, están en el movimiento por el movimiento”.
Los apoyos y los “apoyos críticos”
La nueva ARP, elegida con un índice de participación de apenas 11%, comenzó su labor oficialmente el 13 de marzo de 2023, pero es boicoteada por organizaciones que durante diez años siguieron los trabajos de los parlamentarios, como Al Bawsala. Asrar Ben Jouira añora el período previo al 25 de julio de 2021, a pesar de todas sus flaquezas:
Con los islamistas, por lo menos teníamos un margen de maniobra. Logramos hacer aprobar leyes como la Ley 50, que criminaliza los actos racistas, o la Ley 58, sobre la violencia contra las mujeres. Hoy todo está bloqueado. Antes defendíamos nuestra causa frente a diputados y diputadas de la oposición que eran cercanos a nosotros. Ahora, en la nueva asamblea solo existen los que apoyan y los que “apoyan críticamente” a Kais Saied.
El bajo índice de participación en las elecciones legislativas habla por sí mismo sobre la indiferencia que genera este clima liberticida. El agotamiento del ímpetu revolucionario es una realidad. Pero el rechazo a la política también se ve alimentado por una inflación galopante (del 10,4% anual en el mes de febrero según cifras oficiales), así como por penurias puntuales pero crónicas que hacen que grandes segmentos de la población reordenen sus prioridades. Pocos son los que se dejan conmover por los arrestos. “Incluso algunos están contentos”, afirma un militante y agrega: “Arrestaron a las personas indicadas pero con procesos que no son los indicados… es algo que se escucha decir”.
Según las encuestas de fines de febrero, 52% de los tunecinos estarían satisfechos con el gobierno del inquilino del Palacio de Cartago, es decir, 4% más que en diciembre de 2022, pero estamos lejos del 82% de agosto de 2021, pocos días después del golpe de Estado. Nabil Hajji explica sin justificar: “En doce años, la democracia fue utilizada por unos y otros solamente como una herramienta para llegar o mantenerse en el poder”. Y el discurso presidencial de una presunta depuración en todos los niveles resulta seductor.
Asrar Ben Jouira, así como Mahdi Jelassi, el secretario general del Sindicato Nacional de Periodistas Tunecinos, están acusados de varios cargos por haber manifestado –o haber cubierto la manifestación– contra el referéndum constitucional organizado por Saied el 25 de julio de 2023. Algunas ONG extranjeras, poco optimistas sobre la posibilidad de seguir ejerciendo su actividad en los próximos meses, se preparan para abandonar el país. Bajo la grotesca Tercera República2, la policía recupera su omnipotencia de antaño, y la justicia está a sus órdenes. Para no dejarse ganar por el temor, la joven Jouira ironiza: “El oficio de juez se ha vuelto precario. No los respetan ni los bancos, ¡porque saben que pueden ser despedidos en cualquier momento!”
La falta de un relato común
En este contexto de aislamiento y divisiones, Mahdi Elleuch, investigador en la ONG Legal Agenda, hace una evaluación intransigente:
La sociedad civil debe mirarse frente al espejo. No estuvimos a la altura. Nos quedamos en la comodidad del militantismo, en nuestra burbuja, completamente aislados del terreno y de la política en el sentido fuerte del término.
Maher Hanine comparte la misma opinión y recalca la incapacidad de las organizaciones históricas para renovarse después de 2011 y la de los partidos para adoptar un nuevo discurso capaz de cubrir un espectro amplio:
En ningún espacio existe una efervescencia intelectual. Tampoco hay una plataforma para crear una conciencia colectiva. Las estructuras clásicas que se crearon antes de la revolución nunca cambiaron. Y los partidos políticos son insoportables para los jóvenes. No hemos sabido remplazar la ausencia de ideología por un relato común. Es fácil hablarle al proletariado, los textos ya están escritos. ¿Pero al público de hoy? Es un problema universal, desde luego, pero su impacto es mayor en un país como el nuestro, con instituciones frágiles.
Ir más allá de su clase, su microcosmo y hablarle a la población activa, de la cual la mitad se encuentra en el sector informal, es un desafío que los partidos no intentaron enfrentar.
El jueves a la noche, en la casa de la cultura Ibn Rachiq, en pleno centro de Túnez, varias decenas de personas, jóvenes y no tanto, se reúnen como todas las semanas en el marco del Club de los Enamorados de Sheikh Imam. Entre emoción y entusiasmo, estudiantes de apenas unos veinte años vuelven cantar a viva voz el repertorio carcelario del cantor egipcio:
Aunque la prisión y la represión duren,
Aunque el vicio del carcelero llegue lejos
¿Quién podría encarcelar a Egipto, aunque sea por una hora?
Entonado a pocas centenas de metros del Ministerio de Interior, que ahora es el lugar privilegiado de Kais Saied para formular sus discursos, el canto suena como una utopía, en medio de la larga noche que acaba de comenzar.
1Votada en 2015 tras los atentados de Bardo y de Susa por la mayoría parlamentaria integrada en ese entonces por el partido Nidaa Tounès y por Ennahda (Partido del Renacimiento), la ley fue muy cuestionada en su momento por las organizaciones de derechos humanos.
2La Constitución de Kais Saied, adoptada oficialmente el 17 de agosto de 2022, marca el ingreso de Túnez en la Tercera República.