En marzo de 2021, un fiscal recurrió a la Corte Constitucional de Turquía para exigir la prohibición del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) y la inhabilitación para ocupar cargos públicos contra 600 de sus dirigentes. Para el poder de Recep Tayyip Erdogan, cualquier alusión a la “cuestión kurda” es motivo de demandas judiciales. Así, en Diyarbakir, en el sudeste del país, la escritora, periodista y militante de derechos humanos Nurcan Kaya fue citada por la 9ª corte criminal por haber posteado en octubre de 2014 un tuit en apoyo a la lucha de los habitantes de Kobane contra la Organización del Estado Islámico (OEI) en el que destacaba que ese combate no incumbe solamente a los kurdos, sino también a los demócratas árabes.
El fiscal solicitó una pena de cinco años de prisión por “propaganda terrorista subversiva” y declaró que al actuar de ese modo, Nurcan Kaya había “justificado, elogiado y alentado públicamente los métodos restrictivos, violentos y amenazantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), de la Unión de Comunidades de Kurdistán (KCK) y de las Unidades de Protección Popular (PYG)”.
Uno de cada cien turcos en prisión o en libertad condicional
Si bien la represión apunta mayormente contra los miembros del partido prokurdo o sus simpatizantes, no termina allí. En un estudio publicado el 26 de mayo de 2021, la ONG P24 Platform for Independent Journalism indicó que durante los cuatro primeros meses de 2021, 213 periodistas comparecieron ante los tribunales, y 20 de ellos han sido condenados a un total de 57 años y 10 meses de prisión. En mayo fueron detenidos seis periodistas que podrían recibir penas de 17 años de prisión por haber revelado “secretos de Estado”. A comienzos de junio, en el marco de una investigación por “espionaje político y militar”, la policía puso en prisión preventiva a dos periodistas: Ismail Dukel, representante de Ankara en el canal Tele1, y Müyesser Yildiz, del portal de información OdaTV. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), con más de 90 medios de comunicación bajo el control directo del gobierno, Turquía ocupa el segundo lugar detrás de China a nivel mundial en materia de represión de la prensa.
Un recuento efectuado por la ONG Turkey Purge revela que desde julio de 2016, cerca de 80.000 personas han sido detenidas o están en espera de juicio; 150.000 empleados públicos, entre ellos 4.000 jueces y 3.000 universitarios, han sido despedidos o suspendidos, y 20.000 militares fueron destituidos del ejército.
Recientemente, quienes sufrieron la ira de las autoridades fueron 104 almirantes que criticaron el proyecto de creación de un “Canal de Estambul” destinado a duplicar el del Bósforo que podría comprometer el acatamiento de la Convención de Montreux. La carta que esos oficiales retirados le dirigieron a la presidencia derivó en una investigación por “reunión destinada a cometer un crimen contra la seguridad del Estado y del orden constitucional”. Fahrettin Altun, encargado de comunicación de la presidencia turca, tuiteó: “No solo deberán rendir cuentas ante la justicia quienes la firmaron, sino también quienes los alientan”. Los tribunales están abarrotados, y según el Boletín del Instituto Kurdo de París del 11 de junio de 2021 que retoma las estadísticas de un reciente informe del Consejo de Europa, casi uno de cada cien ciudadanos turcos está en prisión o en libertad condicional.
Control de los religiosos sobre la educación
Estos encarcelamientos y condenas suceden mientras los religiosos ganan el control de la educación. Bajo el poder del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) se han construido más de 20.000 mezquitas, y más de un millón de alumnos están escolarizados en secundarias religiosas Imam-Hatip, cuya principal misión es formar imanes y predicadores.
En este contexto de puesta en vereda de la comunidad educativa, el 1º de enero de 2021, el presidente Erdogan nombró como rector de la Universidad del Bósforo (clasificada entre los 500 mejores establecimientos de enseñanza superior del mundo) a Melih Bulu, cuya única referencia es haber sido candidato a las elecciones legislativas del AKP en 2015. El nombramiento suscitó protestas de los docentes: “En la medianoche del 1º de enero de 2021, por primera vez desde el régimen militar de 1980 se ha nombrado como rector de la Universidad del Bósforo a un administrador no elegido y no perteneciente al cuerpo docente de la universidad. Esta designación se inscribe en la continuidad de las prácticas antidemocráticas que desde 2016 se agravan sin cesar. No aceptamos esta violación flagrante de la autonomía, de la libertad científica y de los valores democráticos de nuestra universidad”1. El caso de la Universidad del Bósforo se suma al de una veintena de universidades dirigidas por un miembro activo del AKP y a otras 112 que han sido afectadas por las purgas.
Durante los dos años posteriores al intento de golpe de Estado de julio de 2016, fueron despedidos 6.081 docentes. Acusados de “vínculos” o “de pertenencia a un grupo terrorista”, una parte de ellos (407, para ser precisos) saben que fueron despedidos por haber firmado en enero de 2016 una petición que exigía el cese de la violencia en el sudeste de Turquía, de mayoría kurda. Aunque fueron absueltos por la Corte Constitucional, tienen vedada la enseñanza en el nivel superior.
Negación de la democracia
Las purgas también alcanzaron a los diputados de la oposición. El Parlamento turco, dominado por la coalición formada por el AKP y el Partido de Acción Nacionalista (MHP), revocó el mandato de cuatro diputados condenados en el marco de juicios diferentes. Enis Berberoglu, del Partido Republicano del Pueblo (CHP, de centroizquierda y laico), así como Leyla Güven, Musa Farisogullari y últimamente Omer Faruk Gergerlioglu, del HDP –cuyo arresto (y agresión) dentro del mismo Parlamento marcó el inicio del proceso contra su partido– perdieron su mandato. Detenidos y luego liberados, ya no podrán sesionar en el Parlamento y todos están condenados, en principio, a duras penas de prisión.
Esta negación de la democracia va acompañada de diversas medidas, todas orientadas en el mismo sentido: restricción de las libertades públicas, políticas de represión o de asimilación contra los kurdos, armenios, alevís y otras minorías, y defensa de las posiciones más retrógradas en materia de igualdad hombres-mujeres. En efecto, Turquía se retiró de la Convención europea adoptada en abril de 2011 en… Estambul, relativa a la prevención y la lucha contra las violencias cometidas contra las mujeres, incluidas las violencias conyugales y familiares, argumentando que ese tratado del Consejo de Europa que apunta a proteger a las mujeres contra las agresiones ligadas al género “atenta contra los valores familiares tradicionales” y “apoya la ideología LGBTI+”. Esta homofobia militante se manifestó nuevamente el 26 de junio, cuando durante la marcha del orgullo LGBTI+ (prohibida, como de costumbre), la policía procedió a numerosas detenciones violentas en Estambul. El retiro de la Convención se inscribe de lleno en la línea de las convicciones islamo-conservadoras de Erdogan, que afirmó públicamente y en varias ocasiones que la mujer no es igual al hombre, que su lugar es la casa y que debe engendrar por lo menos tres hijos.
Ocupación del cantón de Afrin
En marzo de 2018, Turquía invadió el cantón kurdo de Afrin, en Siria. Desde entonces realiza una limpieza étnica en ese territorio situado al norte de Alepo. Antes de la invasión, Afrin tenía una población de aproximadamente 300.000 habitantes, de los cuales 98% eran kurdos. Según estadísticas de la ONU, también alojaba a 125.000 desplazados internos, en gran parte kurdos que huían de los bombardeos del régimen sirio, principalmente en la provincia de Alepo. Fértil, rico en agua y en recursos naturales, atacado regularmente por milicias sirias islamistas y yihadistas, el cantón había quedado sin embargo relativamente apartado de la guerra. Lo gestionaba una administración local kurda elegida por la población, y su seguridad era garantizada por una milicia de autodefensa formada por jóvenes hombres y mujeres. Las mujeres ocupaban un lugar eminente en las instancias políticas y militares del cantón, cuya enseñanza le concedía un lugar importante a la lengua kurda, reprimida bajo la dictadura de los al-Assad.
El régimen turco calificó la autonomía de este pequeño territorio como “una amenaza existencial para el Estado turco” y se apoderó de él con la venia de Rusia. Los occidentales, que sin embargo son aliados de los kurdos sirios en la guerra contra la Organización del Estado Islámico (OEI), los dejaron actuar y se limitaron a formular algunas amonestaciones verbales sin consecuencias para Turquía. Ningún miembro de la ONU recurrió al Consejo de Seguridad por esta violación flagrante del derecho internacional.
Según cifras de la ONU, en el primer momento posterior a la invasión, 130.000 kurdos tuvieron que huir hacia la provincia de Alepo, donde sobreviven en campamentos improvisados. La política de terror, arrestos, secuestros, torturas, saqueos y confiscación de bienes practicada bajo los auspicios del ejército turco de ocupación por parte de las milicias árabes y turcomanas islamistas llevaron al exilio a otros 120.000 kurdos autóctonos y desplazados. Sus casas, tierras y comercios han sido puestos a disposición de milicianos –que el Pentágono no ha dudado en calificar de “escoria de la peor clase”–, de sus familias y de refugiados árabes provenientes de Guta y de Idlib.
El 30 de enero de 2021 se celebró en Qamishli, Rojava, una conferencia que contó con la participación de numerosas ONG y testigos. Según estadísticas sobre la situación en los territorios kurdos ocupados, Turquía instaló cerca de 400.000 árabes y turcomanos en el cantón de Afrin, donde los kurdos ahora representarían apenas el cuarto de la población. El cantón ha sido prácticamente anexado a la gobernación de Hatay (la antigua Antioquía, cedida en 1939 por Francia a Turquía). La bandera turca flamea en los edificios, las escuelas enseñan en árabe y en turco, y las redes eléctricas y telefónicas están conectadas a las de Turquía. La Dirección de Asuntos Religiosos de Turquía (Diyanet) nombra y remunera a los imanes y predicadores de las mezquitas. La libra turca pasó a ser la moneda de los intercambios comerciales. Las mujeres desaparecieron del espacio público, donde los milicianos sirios a sueldo de las fuerzas armadas turcas hacen aplicar las reglas de la sharia islámica. La principal milicia que asola la región es Ahrar al-Sharqiya, integrada en gran parte por excombatientes de la OEI reciclados por los servicios turcos. En Afrin se puede reconocer un proceso bien conocido de ocupación previo a la anexión pura y simple.
Veintidós presas devastadoras
A esas calamidades, Turquía agrega otra que intenta hacer pasar por natural. El norte de Siria está atravesado por las aguas del Éufrates. Dejando de lado la sequía excepcional que golpea a la región, el gobierno turco efectúa disminuciones del caudal gracias a una sucesión de presas. A pesar de un acuerdo firmado en 1987 con Siria que estipula que Turquía debe garantizarle un flujo mínimo de 500 m3/segundo, el volumen actual no supera los 200 m3/segundo.
Como indica el investigador y geógrafo Jean-François Pérouse: “Turquía realizó inversiones muy importantes destinadas a erigir una gran red de presas en el sudeste del país. Es algo característico de la política exterior turca, que no duda en desplegar todos los medios a disposición para hacer valer sus intereses”.2.
En este caso, la disminución del caudal tiene como objetivo impactar sobre esa parte de Siria administrada por las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), una alianza interétnica compuesta mayoritariamente por kurdos determinados a oponerse a la política expansionista de Ankara. La bajada del nivel de las aguas (hasta 5 metros) generó una situación catastrófica para las poblaciones, tanto en materia de agricultura como en producción energética.
En Turquía mismo, el Proyecto de Anatolia Suroriental (en turco, Güneydoğu Anadolu Projesi o GAP), que prevé irrigar 1,7 millones de hectáreas de tierras áridas gracias a 22 presas principales construidas en las vertientes del Tigris y del Éufrates, reduciría unos 22 km3 por año el caudal de ambos ríos. El reparto de las aguas de esos ríos sigue causando conflictos entre Turquía, Siria e Irak.
Varios analistas criticaron el GAP por sus efectos desastrosos sobre el medio ambiente, devastadores para el patrimonio histórico y traumatizantes para los habitantes. Cuando se terminen, las 22 presas habrán provocado el desplazamiento de cerca de 350.000 personas.
Las autoridades, que en un principio ensalzaban los beneficios que aportaría la concreción del proyecto, fueron modificando su posición con el paso del tiempo. Eso es lo que señala el investigador y especialista del mundo kurdo Émile Bouvier: “En efecto, los discursos en torno a la realización del GAP y sus utilizaciones futuras fueron adoptando progresivamente un sesgo eminentemente seguritario. Así, el GAP se convirtió, a pesar suyo, en un instrumento oficial de contrainsurrección contra el PKK y sus simpatizantes. La utilización del GAP como arma contrainsurreccional se articuló en torno a tres grandes ejes: el desplazamiento de poblaciones, la transformación geográfica y la destrucción cultural”.3. Se pasó de la promoción del bienestar general para todos a la exclusión pura y simple de las poblaciones locales. Durante la década de 1920, con un profundo desprecio, Mustafá Kemal Atatürk llamaba a los habitantes de esa región “los kurdos del desierto”. Dentro de poco, gracias al GAP, no quedarán ni desierto ni kurdos.
Rancho aparte en la OTAN
Como acabamos de ver, Turquía utiliza todos los recursos posibles para reprimir a sus opositores, supuestos o reales. Sin embargo, este país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no es objeto de ninguna sanción de parte de la Unión Europea. El 14 de junio, durante la cumbre de la organización en Bruselas, Recep Tayyip Erdogan le recordó a Joe Biden que no modificaría en nada su posición sobre la compra a Rusia del sistema de defensa antimisiles tierra-aire S-400. Sin embargo, esa declaración provocadora que pone en aprietos la coherencia técnica de la organización militar no impidió que el presidente norteamericano estimara durante su conferencia de prensa que Estados Unidos realizaría “verdaderos avances junto con Turquía”.4.
1Étienne Balibar, « Sur le Bosphore, enseignants et étudiants en lutte pour la liberté », Libération, 24 de enero de 2021.
2Raphaël Boukandoura, « Turquie. Ankara réduit le débit de l’Euphrate, la Syrie subit », Ouest-France, 15 de mayo 2021.
3Émile Bouvier, « Le Projet d’Anatolie du Sud-Est (GAP) : entre chantier économique colossal et outil contre-insurrectionnel inédit (2/2). Le GAP, un instrument sécuritaire majeur », Les Clés du Moyen-Orient, 14 de mayo de 2020.
4« Remarks by President Biden in Press Conference », Casa Blanca, 14 de junio de 2021.