¿Pueden sobrevivir los Estados del golfo Pérsico sin trabajadores extranjeros?

Sumada a la caída de los precios del petróleo en marzo de 2020, la crisis sanitaria, como en todos los rincones del mundo, golpeó duramente las economías de las seis monarquías del Golfo. Cuando se declararon los primeros casos de infección entre los residentes extranjeros, la atención mediática se centró de inmediato en los más vulnerables: los trabajadores poco calificados de la construcción. En situaciones más que precarias, a veces forzados a seguir trabajando, a veces sin actividad ni salario y desprovistos de cualquier mecanismo de protección social, esos trabajadores se vieron confinados en condiciones sórdidas y con frecuencia en campos de refugiados superpoblados, sin saber cuándo ni cómo volver a sus países de origen.

Algunos de los barrios donde están asentados han sido aislados, y su subsistencia ahora depende con frecuencia de organizaciones de caridad. El 17 de abril, algunas organizaciones de defensa de los derechos humanos lanzaron un llamamiento a los gobierno de los países del Golfo a respetar los derechos de esos trabajadores vulnerables, en particular en los sectores de la construcción, la hotelería-restauración y el empleo doméstico, donde las irregularidades, como los atrasos en los pagos o las reducciones salariales, son moneda corriente.

Por su parte, los países de origen de esos trabajadores –India y Paquistán en especial– han sido particularmente lentos a la hora de reaccionar frente a la angustia de sus ciudadanos: la misión india de repatriación, Vande Bharat, recién aportó ayuda para los residentes bloqueados en los países del Golfo a mediados de mayo.

Ochenta por ciento de extranjeros

Además, debido a la suspensión de los vuelos internacionales que entró en vigor dos meses antes y a la interrupción brutal de la actividad turística y empresarial –sobre los que reposa una parte del modelo económico de las “ciudades globales”¹–, la crisis se extendió a sectores enteros de la economía, desde el transporte aéreo hasta el comercio, pasando por la organización de eventos, como la emblemática “Expo 2020” de Dubái, que debió ser pospuesta a octubre de 2021. Así, la crisis afecta a todas las categorías socioprofesionales de los aproximadamente 27 millones de residentes extranjeros, que representan alrededor de la mitad de la población del Golfo². Fuertemente afectado y ampliamente desregulado, el sector privado –cuya mano de obra está conformada en un 80% por extranjeros en el conjunto de los seis países– congeló las contrataciones, obligó a los empleados a tomarse vacaciones no remuneradas y comenzó a despedir a parte de su personal. Ante la desaceleración y la contracción anunciadas de la economía, y a pesar de los programas de ayuda gubernamentales a través de la extensión de las facilidades de crédito, lo que sirve y servirá como variable de ajuste es el empleo de los trabajadores extranjeros, mano de obra cautiva y sin derecho de apelación. En Arabia Saudita, un decreto ministerial del 5 de mayo de 2020 permite, por ejemplo, que las empresas privadas afectadas por la pandemia reduzcan el salario de sus empleados en un 40%, de manera proporcional a la reducción de sus horas de trabajo, por un período de 6 meses, luego del cual es posible la rescisión del contrato.

Un mercado de trabajo compartimentado

De hecho, desde el comienzo de la crisis, las medidas gubernamentales se centraron en particular en la preservación del empleo de los ciudadanos nacionales, no solo en el sector público, donde no hay prevista ninguna supresión de personal, sino sobre todo en la protección del empleo de aquellos ciudadanos que están empleados en el sector privado (cerca del 1% en Catar o en los Emiratos Árabes Unidos, y 16 y 20% en Arabia Saudita y Baréin, respectivamente) a través de un mecanismo de subsidio de parte de sus salarios, como es el caso en Arabia Saudita.

En efecto, una de las características fundamentales de los mercados de trabajo del Golfo es la compartimentación entre extranjeros y nacionales, sector público y sector privado: los empleos del sector público, comparativamente mejor remunerados, están reservados para los ciudadanos nacionales y juegan un papel de redistribución de la renta. En cambio, el sector privado emplea en su mayoría a extranjeros de todos los niveles de calificación y en condiciones (remuneración, horarios, vacaciones) claramente menos ventajosas. Las políticas públicas de inversión en los sectores de baja productividad y bajos salarios –como la construcción, el comercio o el transporte, donde los empleos son ocupados por una mano de obra extranjera– no han hecho más que reforzar esa compartimentación.

De Arabia Saudita a Kuwait, en el debate público se impuso la idea –poco original, producto del reflejo ampliamente compartido en el resto del mundo de encontrar chivos expiatorios ajenos a la crisis– de denunciar que la economía depende de la presencia de los extranjeros y que debería aprovecharse la oportunidad para despedirlos y remplazarlos de una buena vez por todas por ciudadanos nacionales. Se trata de un discurso que ya lleva varias décadas de existencia y que promueve las llamadas políticas de “nacionalización de la mano de obra”, que vuelven con fuerza en estos días sin que hasta la fecha hayan podido demostrar su eficacia.

Empresarios denunciados de deslealtad

Tradicionalmente, la dicotomía del mercado del trabajo, que dirigía hacia el sector público a los ciudadanos nacionales con menor capacidad para acceder al empleo, permitió evitar en términos políticos un modelo de antagonismo social o de lucha de clases, y sofocó la mayoría de los conflictos de trabajo.

La diferencia entre los ciudadanos nacionales y los migrantes llamados temporarios en cuestiones relativas a derechos y costo del trabajo explica por sí sola la escasa participación de los ciudadanos de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en el sector privado. La precariedad del estatuto de los trabajadores extranjeros, cuya presencia en el territorio depende de sus empleadores a través del sistema kafala (“patrocinio”), y la escasa protección social que los protege, volvió casi imposible cualquier forma de reivindicación colectiva.

Económicamente, esta dicotomía del mercado del trabajo, por el bajo costo y la abundancia de mano de obra extranjera disponible en los mercados internacionales, benefició a los ciudadanos nacionales que controlan el sector privado. Esa percepción de que el sector privado se beneficia ampliamente con la presencia de los extranjeros explica los llamamientos para que ese sector contribuya al esfuerzo de lucha contra la pandemia o se denuncia su falta de lealtad hacia el país, como hizo un conductor de televisión saudí en el canal nacional SBC TV, que calificó de “vergonzoso” y “desleal” el comportamiento de los empresarios saudíes preocupados por mantener a sus empleados extranjeros.

La idea de contratar a ciudadanos nacionales en el sector privado no es nueva. Con la caída de los precios del petróleo en la década de 1980, los gobiernos del Golfo habían intentado implementar políticas de nacionalización de la mano de obra: a contramano de la lógica del mercado, se trataba de imponer cupos de ciudadanos nacionales en las empresas privadas y reservarles algunos empleos. Pero esa primera ola de nacionalización chocó con la resistencia del sector privado, al que le resultó más rentable llenar el cupo de ciudadanos nacionales en los papeles mientras los incitaba a quedarse en su casa. En efecto, las exigencias del sector privado no están a la altura de las aspiraciones de los ciudadanos nacionales, acostumbrados a condiciones de trabajo menos drásticas. Estas presiones sobre las empresas abrieron el camino a prácticas ilegales de contratación informal de extranjeros menos costosos.

Un impuesto a los extranjeros

Desde fines de la década de 2000, las agendas de todos los países del Golfo han incluido nuevos programas de nacionalización: algunos países, como Baréin, apuntaban a gravar el empleo de los trabajadores extranjeros para volverlo más costoso y reducir la diferencia de costo existente con la contratación de los ciudadanos nacionales. En junio de 2011, el ministerio de trabajo saudí lanzó un nuevo programa, llamado Nitaqat, que obligó a las empresas saudíes de más de diez empleados a emplear un porcentaje fijo de ciudadanos nacionales, so pena de sufrir una sanción económica.

Sin embargo, la «saudización» del empleo no es lo único que explica el drástico retroceso de la cantidad de trabajadores extranjeros que viene teniendo lugar desde hace unos años en el reino. Esa política, que coincidió con una desaceleración de la actividad debido al bajo precio del petróleo desde 2014, estuvo acompañada de una represión severa e intensificada contra los migrantes en situación ilegal o empleados informalmente, y sobre todo, de la imposición en 2017 de un impuesto mensual de un monto de 26,70 dólares (25,53 euros) sobre cada uno de los miembros de sus familias. Ese impuesto, que debería llegar a 106 dólares (93,41 euros) en julio de 2020, llevó a algunos extranjeros a repatriar a sus familias a sus países de origen, mientras que otras comunidades instaladas desde hace mucho tiempo, como los palestinos, ya no se sienten bienvenidos. Según fuentes oficiales, entre agosto de 2017 y julio de 2018 se registraron 667.000 partidas³. Para otros observadores, esa cifra ascendía a 1,5 millones para fines de 2019 –antes de la crisis del coronavirus– sobre un total de más de 10 millones, que representa aproximadamente el 37% de la población saudí⁴.

Una tasa de desempleo estable

Sin embargo, ese éxodo no condujo a la contratación de ciudadanos nacionales, ya que la tasa de desempleo permaneció estable durante el período, en torno al 12%. En cambio, demostró que la sustitución de la mano de obra extranjera por mano de obra nacional no se realiza de un día para otro. Las expectativas de los ciudadanos nacionales, acostumbrados a los privilegios del empleo público (seguridad, salarios, ventajas) siguen siendo demasiado altas, y algunas actividades donde los ciudadanos nacionales menos calificados compiten con los extranjeros (comercio, transporte) todavía siguen pareciendo poco atractivas, incluso humillantes. Algunos sectores, como el empleo doméstico o la construcción, permanecerán segmentados y reservados a los extranjeros, lo cual, lejos de ser una característica propia de los países del Golfo, resulta una práctica común en muchos otros países del mundo.

Para Steffen Hertog, de la London School of Economics, la imposición de cupos mostró sus limitaciones y condujo al subempleo, así que la nacionalización del empleo recién se efectuará cuando, por medio de medidas de impuestos sobre la renta y subvención de los salarios, los saudíes se orienten progresivamente por motu propio hacia el sector privado, es decir, en un contexto de “pauperización de la población nacional” que reducirá sus exigencias.

Por el momento, la pérdida de muchos empleos y el éxodo de los extranjeros no serán fáciles de revertir a corto plazo. Por supuesto, esa situación satisface a quienes mantienen discursos xenófobos, o les permite a los gobiernos mostrar su atención por las poblaciones más ansiosas, ya sea en el sultanato de Omán, presa de serias dificultades económicas, o en Kuwait, un país muy rico donde la noción de preferencia nacional es particularmente vigorosa, pero donde las cifras anunciadas de 70% de empleos reservados para los ciudadanos nacionales en el sector privado para fines de 2020 y de 85% para comienzos de 2021 parece inalcanzable.

Sin embargo, esta reducción de la cantidad de extranjeros no va a dejar de causar problemas: en primer lugar, como esos extranjeros transfieren solo una parte de sus salarios a sus familias instaladas en sus países de origen, participan también en gran medida en el consumo (comercio, servicios, mercado de viviendas en alquiler), lo cual hace funcionar a las economías del Golfo, ni que decir de la riqueza social y cultural que aporta su presencia, que jamás es tenida en cuenta en el cálculo económico, pero que contribuye en la capacidad de esos países para atraer residentes extranjeros. Esto es algo bien conocido en Catar y en los EAU, donde las necesidades de sus economías son mayores que los recursos ofrecidos por el conjunto de sus ciudadanos, y una parte del modelo económico de esos países se basa en el atractivo de sus ciudades en el exterior.

Además, esos países juegan un papel esencial en sectores clave de los programas de diversificación y de las famosas “visiones económicas”, como el turismo o el entretenimiento, donde los Estados hicieron grandes apuestas en materia financiera y de credibilidad. Como lo indica un estudio preliminar, el desafío pos-COVID-19 para Kuwait y su “Visión 2035” será “la contratación de una mano de obra altamente calificada y la lucha por atraer talentos […] relacionados con la creación de una atmósfera favorable para las inversiones directas extranjeras” en un momento en que esos inversores y mano de obra calificada también son cortejados por otros países, como Arabia Saudita y los EAU, que el año pasado introdujeron sistemas de premium residency (residencia permanente) o golden visa (de diez años) respectivamente. Pero primero es necesario que esos trabajadores extranjeros vuelvan para absorber –como en el pasado– el impacto económico y reactivar la economía.