Marruecos. Vigésimo aniversario de una reconciliación fallida

El 12 de abril de 2004, la misión de investigar las violencias cometidas durante los “años de plomo” (de 1960 a 1999) del rey Hassan II recayó en la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), creada bajo la tutela del rey Mohammed VI, deseoso de deshacerse del fantasma de su padre.

Presidida por el militante de derechos humanos Driss Benzekri (1950-2007), designado por el monarca, la Instancia estaba compuesta por dieciséis miembros, la mitad de ellos del Consejo Consultivo sobre los Derechos Humanos (CNDH) –una organización oficial–, y la otra mitad integrada por personalidades con competencias reconocidas a nivel nacional en los ámbitos del derecho, la medicina y los derechos humanos. La Instancia investigó durante veintitrés meses las violaciones a los derechos humanos en Marruecos, de 1956 –fecha de la independencia de Marruecos– a 1999, y presentó su informe al rey, así como sus recomendaciones finales, el 30 de noviembre de 2005. Ese acto selló su disolución. La voluntad de los poderes públicos de mostrarse dispuestos a trabajar por los derechos humanos y la transición democrática no logró encubrir, en la década de 1990, el contexto que presidió la creación de la Instancia: la violencia de Estado, donde la represión de los periodistas, la lucha contra el terrorismo –motivo que legitimó numerosos desbordes– y el empleo de la fuerza contra manifestaciones pacíficas eran la regla.

Una Instancia sin mandato jurisdiccional

La creación de la IER se dio en el marco de un proceso de pacificación política iniciado a comienzos de la década de 1990, hacia el final del reinado de Hassan II, y se consolidó a comienzos del de Mohammed VI. El proceso también apuntaba a recomponer la imagen de Marruecos en el exterior, tras los “años de plomo”, durante los cuales los opositores políticos del régimen del rey Hassan II (1961-1999) –militantes de izquierda, nacionalistas, activistas amazigs e islamistas– fueron víctimas de desapariciones forzadas, torturas o murieron en detención.

Si bien la IER no estaba dotada de mandato jurisdiccional, gozaba de prerrogativas arbitrales. Instruía los casos de indemnizaciones, investigaba y auditaba, establecía responsabilidades y determinaba la forma de las indemnizaciones (indemnizaciones económicas directas, reinserción social, atención, reparación comunitaria, etc.) antes de someter su veredicto al gabinete real para su aprobación y, de ser necesario, el pago de las compensaciones.

En este marco, realizó un trabajo de documentación y de investigación sobre las personas desaparecidas y las violaciones graves de los derechos humanos, así como sobre los lugares de tortura y de detención. De las 16.000 víctimas registradas, 11.706 recibieron una compensación económica.

En diciembre de 2004, en el marco del programa de audiencias públicas lanzado por la IER, la radio y la televisión difundieron doscientos testimonios de víctimas de los años de plomo, sin mencionar la identidad de los verdugos, una condición impuesta por la Instancia y aceptada por los testigos. La difusión contribuyó a la formación de una memoria colectiva y representó uno de los momentos clave del trabajo de la Instancia en materia de reconciliación simbólica. Sin embargo, no se llevó adelante ninguna acción ante la justicia penal, algo que denuncian los habitantes de la región del Rif en las audiencias realizadas en su territorio, afectado de manera particular por la represión del reinado de Hassan II. En su cobertura del tema, la revista Jeune Afrique¹ informó:

A las 17 horas, la sala Mirador [en Alhucemas] está totalmente repleta. Las audiencias pueden entonces comenzar cuando, bruscamente, unos treinta militantes empiezan a entonar consignas hostiles a la IER: “Váyanse, el Rif no les pertenece”, “No al marketing de los derechos humanos”, “Los torturadores ante la justicia”.

El Rif, gran ausente del informe

Uno de los fracasos de la IER está vinculado a su incapacidad para aclarar por completo los acontecimientos ocurridos en la región del Rif entre 1956 y 1959, pero también en 1984. Aunque la región figuró entre las más vulnerables a las violaciones de los derechos humanos, fue ampliamente ignorada en el informe, que no trató con profundidad la cuestión de la reivindicación de las víctimas y de la región en su integridad.

La región del Rif es marginada política y económicamente por el régimen marroquí desde la independencia de Marruecos, en 1956. Históricamente, el Rif es conocido por su espíritu de resistencia, tanto durante el período colonial español como durante la revolución del Rif encabezada por Abd el-Krim en la década de 1920. Esa reputación llevó a la autoridad central a observar la región con sospecha y hostilidad.

En 1958-1959, el Rif, dominado por el sentimiento de haber sido relegado, fue el teatro de un levantamiento popular contra la pobreza², al que el rey Hassan II (entonces príncipe heredero) respondió con una represión sangrienta que incrementó más aún la grieta entre la población del Rif y el Estado. Durante los decenios siguientes, la región sufrió una forma deliberada de marginación política y económica (ausencia de importantes proyectos de desarrollo, carencia de inversiones que propiciaron la degradación de la infraestructura), mientras su población seguía sometida a una vigilancia permanente. Los movimientos de protesta posteriores, como el levantamiento de 1984, fueron el resultado directo de esa política de exclusión.

Pero a pesar de que la Instancia tenía las prerrogativas para hacerlo, el informe mantiene el silencio respecto de las circunstancias de esos levantamientos y su represión masiva, así como sobre la cantidad de víctimas y las instituciones involucradas en la violencia contra las poblaciones del Rif.

La responsabilidad directa de Hassan II

La falta de claridad del informe de la IER tiene que ver con que el Rif es considerado un asunto sensible para las autoridades marroquíes. La mayoría de los miembros de la Instancia Equidad y Reconciliación –como M’barek Bouderka, Latifa Jbabdi, Salah El-Ouadie, Mohammed Nechnach, Driss el-Yazami y Chaouki Benyoub– fueron exdetenidos y exmilitanres que pedían la reparación de los perjuicios en la región del Rif. Pero cuando pasaron a estar del lado del poder, dudaron en abrir el expediente, sobre todo porque el rey Hassan II estuvo directamente implicado cuando era príncipe heredero, en colaboración con el general Mohamed Oufkir.

Por otra parte, Hassan II había asumido abiertamente su responsabilidad en la represión de 1958. Dirigiéndose a los manifestantes durante los disturbios de enero de 1984, dijo: “Si los awbach [residuos de la sociedad] del Norte [los rifeños] olvidaron al personaje Hassan II, que recuerden a Hassan, el príncipe heredero de 1959”. Según la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH):

La situación es el fruto del método de trabajo adoptado por la IER, que no tuvo en cuenta las asociaciones nacionales. También puede citarse su falta de independencia respecto del entorno real, así como su práctica de la censura, al omitir divulgar los nombres de los responsables de los actos de tortura.

La IER no clasificó explícitamente al Rif como “región víctima”, a diferencia de otras regiones como la del Atlas, donde se estimó que la represión afectó a los habitantes de manera colectiva, con un impacto económico, además de la existencia de un centro de detención. En virtud de ese estatus de “región víctima”, las regiones recibieron apoyo para una política de desarrollo regional. Sin embargo, los miembros de la Instancia, que buscaban preservar su imagen de exmilitantes, incluyeron al Rif en el programa de reparación comunitaria y lo designaron como una de las regiones que sufrió colectivamente graves violaciones a los derechos humanos.

Esa designación dio lugar a recomendaciones de la Instancia, que sin embargo no son vinculantes y muchas de las cuales cayeron en el olvido: realizar estudios académicos sobre los acontecimientos de 1958-1959, crear un museo del Rif, un centro de investigación Abd el-Krim y realizar trabajos de historiografía sobre la región. En 2024, el CNDH anunció el inicio en agosto de las obras para edificar el museo del Rif, rebautizado “museo de Alhucemas”, por el nombre de la ciudad que lo acogerá. Ese cambio de nombre suscitó fuertes críticas de parte de la sociedad civil, que lo consideró una negación de la memoria colectiva del Gran Rif.

Estas dilaciones parecen orientadas a narrar una historia de la región alineada con la visión del Estado, en particular tras la revuelta popular de 2016-2017.

Habitantes sigilosos

La ambigüedad en el tratamiento de la cuestión rifeña incitó a los habitantes de la región a mantener la prudencia. Según el informe final de la IER, de las víctimas de los hechos de 1984, solo dos individuos reclamaron una compensación.

Pocos expedientes se han abierto en el marco del programa de reparaciones individuales de las víctimas de los acontecimientos de 1958-1959 y el levantamiento de 1984. Según los trabajos de Badiha Nahhass y Ahmed Bendella³, la primera razón corresponde a la falta de confianza en la IER. Algunas víctimas se habrían negado a prestar testimonio o a abrir un expediente por temor a las represalias. Luego vienen la vergüenza y el tabú frente al relato de los abusos, sobre todo en el caso de las mujeres víctimas de violaciones. La tercera razón es de orden procesal: gran parte de las víctimas, que entretanto emigraron a Europa, no pudieron presentar sus expedientes en los plazos asignados.

Esta seudorreconciliación contiene todos los elementos propios de un espejismo que, disipado por completo veinte años después, ahora deja ver con una crueldad nítida los cometidos del poder: deshacerse de una pesada carga histórica, borrar sus responsabilidades y legitimar un nuevo contrato social. Pero todavía no se ha pasado la página del oscuro capítulo de la historia del Rif.