India. Por qué es rechazado el plan del primer ministro Narendra Modi

Los musulmanes solo representan el 14% de la población de India, pero son 180 millones de personas, casi igual a la población de Pakistán. En algunas décadas, la cantidad de musulmanes en India excederá la de Indonesia, y así India se convertirá en el país con mayor cantidad de habitantes musulmanes del mundo. Pero son musulmanes minoritarios a los que les hacen sentir cada vez más que no son tolerados en su propio país.

La hindutva («hinduidad») es la ideología constitutiva del Bharatiya Janata Party (BJP, Partido Popular Indio) y Narendra Modi, el actual primer ministro de India que llegó al poder en 2014 y que fue reelecto con una victoria arrolladora durante las elecciones legislativas de mayo de 2019, es su fiel discípulo. Sin embargo, en 2014 Modi había hecho campaña sobre todo en base a la buena gobernanza —en ese entonces el país estaba sumido en escándalos financieros que implicaban a dirigentes del Congreso— y la promesa de desarrollo¹.

Deshacerse de las “termitas” del país

En cambio, cinco años más tarde, con resultados económicos que no estaban a la altura de las expectativas, el BJP hizo campaña apoyándose en las reivindicaciones de base de los nacionalistas hindúes: el fin del estatuto especial de Cachemira —único estado mayoritariamente musulmán—; la construcción de un templo dedicado a Ram sobre los restos de la mezquita de Ayodhya, destruida en 1992 por militantes nacionalistas, lo que había provocado revueltas comunitarias que causaron miles de muertos; y la instauración de un código civil uniforme que terminaba con los estatutos particulares de los cristianos y los musulmanes. Durante la campaña, los dirigentes del BJP y Modi mismo equipararon fácilmente a la oposición —y particularmente al Congreso Nacional Indio— con Paquistán, su enemigo. Por su parte, Amit Shah, presidente del BJP, prometió que India iba a deshacerse de sus “infiltrados”, sus “termitas” (en otras palabras, de los inmigrantes indocumentados musulmanes provenientes de Bangladesh) y que los tiraría al golfo de Bengala.

La abrumadora victoria del BJP, que le dio mayoría absoluta en la cámara baja (con 37,4 % de los votos, habida cuenta del modo de escrutinio) y lo exime de hacer concesiones a los aliados, fue interpretada por Modi como un poder inequívoco para poner en marcha inmediatamente el programa del BJP.

Cachemira, aislada

Así, el 5 de agosto de 2019 Amit Shah hizo que el Parlamento aprobara la derogación del artículo 370 de la Constitución que había permitido la accesión de Cachemira a la Unión India, mucho tiempo después de los otros estados indios. Ese artículo le otorgaba una amplia autonomía a la región de Cachemira y era el resultado de un acuerdo con los dirigentes de esa región para integrarla a India, en un momento en que Pakistán también la codiciaba. Fuera de Cachemira, la iniciativa de Shah fue muy bien recibida por la población hindú y por los medios indios, cada vez menos independientes.

En la región se implementó un toque de queda implacable, los dirigentes políticos pasaron a arresto domiciliario —incluidos antiguos aliados del BJP—, y se interrumpió el suministro de internet. A los extranjeros², e incluso a los parlamentarios de la oposición, les prohibieron el acceso a Cachemira, mientras las autoridades afirmaban que en la región todo transcurría con normalidad.

La Corte Suprema, que en otras épocas supo ser más audaz, se negó a examinar con urgencia los casos de habeas corpus³que le presentaban. Seis meses más tarde, todavía sigue sin hacerlo.

Un discutido fallo sobre la mezquita Babri de Ayodhya

El 9 de noviembre de 2019, esa misma Corte Suprema se pronunció finalmente en el litigio relativo a la mezquita Babri de Ayodhya, destruida en 1992 por militantes extremistas que querían “reconstruir” el templo dedicado a Ram que, según ellos, había sido arrasado para erigir la mezquita en el siglo XVI bajo el mando del emperador mogol Babur. En su fallo de unas mil páginas, la Corte reconoció que la destrucción de la mezquita fue ilegal y que no existían pruebas irrefutables de que en su emplazamiento haya preexistido un templo. Pero los altos magistrados tomaron en cuenta las demandas de los querellantes hindúes y les otorgaron el derecho exclusivo de construir un templo en ese lugar, mientras que a los musulmanes les concedieron cinco acres (alrededor de dos hectáreas) un poco más lejos.

El fallo fue apreciado de diversas maneras por quienes criticaron su falta de fundamentos jurídicos. Algunos acusaron a los jueces de plegarse al “mayoritarismo” reinante, otros estimaron que era un fallo político aunque orientado al apaciguamiento, ya que evitaba las violencias que sin duda habría provocado un fallo contrario entre los extremistas hindúes de la Sangh Parivar⁴. De hecho, la mayor parte de las organizaciones representativas de los musulmanes renunciaron a apelar el fallo.

Hindúes privados de nacionalidad en el estado de Assam

Paralelamente, el estado de Assam, en el noreste, acababa de terminar la compilación de su Registro Nacional de Ciudadanos (NRC), un proyecto que remonta a la década de 1980, bajo el gobierno de Rajiv Gandhi. Desde hace varias décadas, Assam, fronterizo a Bangladesh, es el escenario de actos xenófobos debido a la presencia de numerosos inmigrantes indocumentados provenientes del país vecino, y muchos residentes de Assam quieren expulsar de sus tierras a quienes no son originarios de ellas. El gobierno del BJP, con el apoyo de la Corte Suprema, que en ese entonces estaba presidida por el juez Gogoi, originario de Assam, aceleró el proceso. En septiembre de 2019, las primeras cifras señalaban que 4 millones de personas no habían logrado demostrar que eran indias. Eso generó una enorme conmoción, ya que muchas personas rechazadas (casi dos tercios) eran hindúes, y entre ellas había militares de alto rango. Un cálculo nuevo redujo esa cifra, y finalmente fueron 1,9 millones los indios que de pronto se dieron cuenta de que habían dejado de serlo.

Para conservar la nacionalidad, tenían que demostrar que ellos mismos o sus padres eran residentes de Assam antes de la independencia de Bangladesh en 1971, lo que en un país donde el registro civil es errático, incluso inexistente, resulta una tarea imposible para muchos indios. El gobierno de Nueva Delhi determinó crear campos de retención para confinar a esos nuevos apátridas.

Entonces Amit Shaah, que durante la campaña de la primavera boreal de 2019 y más recientemente, en noviembre del mismo año, había prometido generalizar a toda India ese registro de ciudadanos realizado en Assam, se presentó el 10 de diciembre ante la cámara baja, donde sabía que contaría con mayoría automática, para proponer una enmienda a la ley de ciudadanía de 1955, The Citizenship Amendment Bill (CAB). Mediante esa enmienda, los indocumentados que residen ilegalmente en India podrán acceder a la naturalización si provienen de tres países vecinos: Pakistán, Bangladesh y Afganistán, siempre y cuando pertenezcan a las siguientes minorías religiosas: hindúes, budistas, sijs, parsis, jainistas y cristianos. Los musulmanes no son mencionados, al igual que otros países vecinos de India como Sri Lanka o Nepal. Amit Shah se esfuerza en proclamar, sin convencer, que los musulmanes indios no tienen nada que temer, ya que a ellos no les concierne, porque la cuestión es otorgar nuevos derechos a víctimas de persecuciones religiosas y no retirárselos a quien quiera.

Contradicción con una Constitución laica

Fácilmente votado en la cámara baja, el proyecto logró también una ligera mayoría en la cámara alta, a pesar de las protestas de la oposición, que denunció la discriminación contra los musulmanes que promueve la nueva ley, desde entonces conocida como CAA (Citizenship Amendment Act), y su carácter inconstitucional. Por primera vez, en efecto, la religión se volvió un criterio de nacionalidad, aunque la Constitución india es laica y la jurisprudencia constante de la Corte Suprema consagró la laicidad como uno de los fundamentos del orden jurídico del país.

Mientras los juristas se preparan para recurrir a la Corte Suprema, la conmoción sacude a los musulmanes indios, que desde hace dos décadas han dado muestras de mucha resiliencia ante el ascenso del mayoritarismo hindú que pretende relegarlos con un estatuto de ciudadanos de segunda clase. Junto a otras minorías, los musulmanes indios protestaron tímidamente ante el recrudecimiento de las discriminaciones y de los linchamientos que algunos de ellos sufrieron, especialmente desde la llegada al poder del BJP, pero en su conjunto han absorbido colectivamente los golpes con constancia y resignación. Pero esta vez lo que se discute abiertamente es su estatuto de ciudadanos indios.

Estudiantes golpeados en Nueva Delhi

Por casi todo el país estallaron manifestaciones. Una de ellas cambió la situación, la de los estudiantes de la Jamia Millia University de Nueva Delhi. Este prestigioso establecimiento universitario musulmán, cuyos estudiantes y profesores no son todos musulmanes, cuenta con personalidades eminentes entre sus exalumnos. El 15 de diciembre, la policía de Delhi (que depende directamente del Ministerio de Interior) penetró en el predio de la universidad y lanzó gases lacrimógenos en el interior mismo de la biblioteca universitaria. Además, muchos estudiantes fueron atacados a golpes de lathi (bastones de madera utilizados por la policía) y arrestados. Los videos de la represión se viralizaron en las redes sociales, y a las pocas horas surgieron movimientos de solidaridad en establecimientos universitarios de casi todos los estados indios, incluidos los que hasta entonces se habían distinguido por su despolitización. El apoyo más espectacular provino sin duda de los estudiantes de la Benares Hindu University (BHU), alto lugar del hinduismo y situado en el corazón de la circunscripción electoral del primer ministro Modi.

Feroz represión en el estado de Uttar Pradesh

Por más de que el gobierno denuncie la “desinformación” y repita que la CAA no amenaza de ningún modo a los musulmanes indios, y aunque Narendra Modi haya afirmado el 22 de diciembre delante de 200.000 militantes y simpatizantes del BJP que no existe ningún proyecto de registro nacional de ciudadanos (NRC) a escala de la India, la agitación persiste y se extiende. A veces es reprimida duramente, especialmente en el estado de Uttar Pradesh, donde la policía está bajo las órdenes directas de Yogi Adityanath, jefe del gobierno local, un monje soldado designado por Modi mismo que no da cuartel. Su policía se cargó varios muertos entre los manifestantes, y los casos de arrestos masivos, de tortura y de destrucción se multiplican.

La CAA y el NRC son una mordaza para los musulmanes indios. Como indicó Amit Shah en un tuit en abril, «en primer lugar haremos votar la enmienda a la ley sobre la ciudadanía y naturalizaremos a los refugiados hindúes, budistas, sijs y jainistas, las minorías religiosas de las naciones vecinas. Después pondremos en marcha el NRC para deshacernos de los infiltrados en nuestro país».

Apenas descartó el NRC, el mismo Narendra Modi lanzó por anticipación el censo común y corriente de la población, el National Population Register (NPR). La novedad de ese censo, que sin embargo no es el primero de su tipo, es que proyecta solicitar la fecha y el lugar de nacimiento no solo de la persona interrogada, sino también de sus padres. En otras palabras, casi toda la población india está implicada, porque aunque la pregunta se plantee directamente solo a aquellos nacidos después de 1985, el simple hecho de preguntar también los detalles del nacimiento de los padres, necesario para pasar el filtro del NPR, es lo mismo que determinar también la nacionalidad de estos últimos.

En un país donde recién desde 1969 es obligatorio declarar un nacimiento en el registro civil de la comuna y cuya mediana de edad es de 28 años, eso implica en los hechos colocar una espada de Damocles sobre la cabeza de prácticamente todos los musulmanes del país, ya que todos los censados marcados como «dudosos» podrían salir indemnes gracias a la famosa CAA solo si, naturalmente, no son musulmanes. Y así es como una ley que oficialmente no debería concernir a los musulmanes indios termina concerniéndolos muy directamente.

El regreso de la desobediencia civil

La movilización anti-CAA-NRC-NPR tomó por sorpresa al gobierno de Modi, que sin embargo no pretende renunciar a su proyecto. Varios estados indios, entre los cuales se encuentran principalmente Bengala Occidental y Kerala han comunicado que se negarán a prestar su colaboración para el censo y que incluso se opondrán. Los editorialistas, hasta entonces silenciosos ante los excesos de los nacionalistas hindúes, utilizaron su tinta para subrayar la magnitud de la desobediencia civil inspirándose en la Satyagraha de Mahatma Ghandi. Las amenazas que pesan sobre la idea misma de India como país hicieron reaccionar a muchos indios, hasta entonces pasivos o atemorizados.

El desafío es saber si, incluso dirigido por el BJP, India puede seguir siendo un país laico que respete todas las religiones por igual, como lo deseaban los padres de su independencia, o si en cambio está convirtiéndose en ese «Pakistán hindú» que Nehru rechazaba con todas sus fuerzas.